La increíble historia de una deuda con España que se metió en la conversación bilateral
Uno de los pabellones del penal de Marcos Paz se financió con un esquema en el que participaron fondos públicos españoles y aún resta abonar alrededor de US$30 millones; el gobierno de Sánchez exige la cancelación
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LA NACIONDiego Cabot
El 8 de mayo de 1998, en pleno tobogán de salida del gobierno de Carlos Menem, la Argentina utilizó algunas de las recetas que el presidente Javier Milei enarbola por estos días. Entonces, un consorcio privado firmó un acuerdo para la construcción y posterior entrega en leasing del Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz. Los millones para el presidio eran fondos públicos españoles que serían aportados mediante una estructura fiduciaria integrada por un banco y un par de constructoras de ese país. La obra se entregó, miles de presos pasaron y pasan por ahí y todavía hay una deuda que se ha metido en la conversación bilateral desde que asumió la nueva administración.
La increíble historia de la construcción de la cárcel de Marcos Paz, que sirvió de hogar provisorio de presos ilustres como el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, se ha convertido en un tema recurrente en los encuentros con funcionarios españoles.
De hecho, la embajadora ibérica en el país, María Jesús Alonso Jiménez, en estas horas en Madrid y con incierta fecha de regreso a Buenos Aires, realizó en el verano un peregrinaje por varios ministerios para lograr destrabar un pago que podría condicionar nuevos créditos bilaterales.
¿Cuál es el monto para terminar con esta piedra en el zapato que se ha metido entre la Argentina y España? “Poco más de unos 30 millones de dólares. No mucho más”, contestó ayer un alto funcionario del Ministerio de Economía, lugar donde ahora se estacionó el expediente a la espera de una resolución.
Como se dijo, el primer capítulo se escribió en 1998. En ese momento, un consorcio integrado por la española Dragados y Construcciones, Fomento de Construcciones y Contratas y Dycasa acordaron con el gobierno argentino la realización de un pabellón de la cárcel.
El dinero, en última instancia, lo aportaba el Banco Santander. La Argentina pagaría la obra en cuotas, en dólares, con un índice de actualización pautado de acuerdo con la legislación que entonces apuntalaba la convertibilidad del peso y con el dólar.
Dentro del esquema de financiamiento, había un seguro de garantía que otorgó la Cesce, una empresa estatal española de crédito comercial que gestiona estas líneas en parte de Europa y América latina. El punto es que la Cesce es, además, la Agencia de Crédito a la Exportación (ECA) española que tiene a su cargo el seguro de crédito a la exportación por cuenta del estado en España. Aquí está el punto que ahora se metió en la agenda de temas que comparten Buenos Aires y Madrid.
Con la caída de la convertibilidad, entre diciembre de 2001 y principios de 2002, se impuso una pesificación de los contratos y entonces, el gobierno de Eduardo Duhalde, pagó en pesos y en cuotas aquella deuda, sin dolarizarla pero tampoco sin aplicar la actualización por CER, que se inició con la sanción del decreto 214/02.
El banco recurrió a un arbitraje en la Cámara de Comercio Internacional (CCI), con sede en París, y luego honró su parte con la constructora. Inmediatamente, ejecutó la póliza de la compañía estatal. Desde ese momento, la deuda quedó en manos de una agencia oficial ibérica y empezó el peregrinaje de los funcionarios por los despachos oficiales para lograr la compensación del Estado argentino.
“El expediente está ahora en [el ministerio de] Economía. En su momento, dependía del de Justicia y ahora, todo el tema cárceles, está en la cartera de Seguridad. Pero finalmente, la decisión será de Hacienda y por eso quedó radicado acá. Es un tema de muchos años, que nunca se arregló. Pero nada tiene que ver con el asunto de los desencuentros actuales entre España y Argentina”, dijo un funcionario cercano al ministro Luis Caputo.
La obra, como consta en el enorme expediente que para 2015 ya tenía 293 cuerpos, fue entregada en tiempo y forma y la Argentina no realizó ninguna objeción respecto de la calidad. “Del Informe de Cumplimiento elaborado por el ministerio [de Justicia] surge que se ha producido la recepción definitiva de la obra contratada, que no existen reclamos del Estado - Fiduciante a ese respecto y tampoco multas aplicadas que se hallaren pendientes de resolución en ese ámbito, lo cual deja a dichas cuestiones como una materia concluida y fuera del objeto de la negociación”, dice un informe elaborado por la Procuración del Tesoro hace ocho años firmado por Angelina Abbona. Tampoco hay cuestionamientos de la Auditoría General de la Nación (AGN) o de la Sindicatura General de la Nación (Sigen).
En los despachos oficiales del gobierno de España dicen que la deuda por la construcción de la cárcel ha generado que la Cesce, que financia exportaciones y proyectos de inversiones en América latina, haya cortado todo tipo de financiamiento en el país. “Está sin usarse la línea de crédito desde hace un año aproximadamente. Hasta que no se salde el tema, no habrá más autorizaciones. Nada de dinero fresco hasta que no se pague aquello”, contó a LA NACION desde Madrid un hombre que conoce los pormenores de la disputa.
En Economía no tienen la misma mirada. “Los créditos no se otorgan porque las condiciones de la economía argentina tornan caras esas líneas de financiamiento. No es que se trata de una represalia, sino que no se justifica tomar ese instrumento por las tasas. De cualquier manera, el asunto hay que arreglarlo porque la Argentina tiene que honrar sus compromisos”, dicen en el Palacio de Hacienda.
En plena campaña electoral, en 2023, el entonces ministro Sergio Massa estuvo a punto de cerrar el tema. El excandidato protagonizaba en ese momento un intenso frenesí en busca de dólares frescos. Alguien le dijo que esa línea de crédito, que estaba cortada, podría ponerse en marcha inmediatamente si se cancelaba aquella vieja deuda. “Se llegó muy cerca de la concreción de un acuerdo para el pago, pero no sucedió y todo quedó para la nueva administración”, admiten en España y en la Argentina.
El asunto quedó entre los primeros lugares de en la agenda de la ahora retirada embajadora española en el país y así se lo hizo saber a los funcionarios de los ministerios de Justicia, Seguridad y Economía. Los fondos públicos de España, para financiar cualquier proyecto en la Argentina, estaban remisos, más allá de la conveniencia o no de acceder a esas líneas de crédito que fundamentalmente se usa para el comercio exterior.
La construcción del Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz, hogar temporario de varios presos enjuiciados por corrupción, aún está sin pagar. Se trata de un tema más simbólico que dinerario. A nadie se le escapa que alrededor de 30 millones de dólares no es demasiado para ninguno de los dos tesoros. Pero el tiempo pasó, por décadas. Y ahora, en medio de la escalada entre los dos países, se convirtió en un tema central entre las dos administraciones. Casi una exigencia española.
Por Diego Cabot
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