La fecha de la devaluación: el secreto peor guardado del Gobierno para pasar la tormenta
El sector privado pide una nueva convertibilidad, mientras Massa aplica un ajuste en cuotas del valor del peso porque la desesperación por el dólar es total; el juego de Cristina Kirchner en busca de la estabilidad y el empresario que se reveló a su dirigente de confianza por el quebranto de su compañía
LA NACION
Martín Guzmán lo reconocería en secreto y mucho más tarde. En el primer trimestre de 2021 les comentó a Alberto Fernández y a Cristina Kirchner la opción de aplicar un desdoblamiento del tipo de cambio para cuidar las reservas del Banco Central, como le sugerían algunos empresarios cercanos. Ambos vetaron la idea. Creían que implementar un dólar financiero haría impagables las deudas de YPF y de Aerolíneas Argentinas.
Guzmán también le comentó la propuesta a Sergio Massa. Eran tiempos en que la relación entre ambos estaba entera. Pero la idea tampoco le pareció apropiada al entonces presidente de la Cámara de Diputados.
Diecisiete meses más tarde, aquel mal remedio parece bueno ante el recrudecimiento de la enfermedad. Un documento reservado que vieron los últimos tres ministros de Economía acredita la continuidad de la discusión con respecto a qué hacer con el dólar en la Argentina.
Los creadores de las derrotas triunfales y de la emisión que no genera inflación consolidaron, en los últimos dos meses, su modelo narrativo más exitoso. Se trata de la devaluación en cuotas para evitar, justamente, la devaluación. En otros términos, eso que se quiere postergar ya camina entre todos bajo la forma de múltiples tipos de cambio.
La devaluación tiene fecha, según la mirada de algunos integrantes del equipo económico. Ocurrió el martes 11 de octubre, cuando se anunció que quienes gasten más de US$300 con tarjeta de crédito pagarán un dólar de $314. Hasta el último viernes, ese número se había estirado hasta $323. En cualquier caso, es un salto del tipo de cambio de 100% en comparación con el dólar oficial del Banco Nación por la combinación de impuestos.
Solo falta saber cuál es la potencia del llamado dólar Qatar para contaminar el resto de los precios mediante los mecanismos de transmisión de la economía. Es el secreto peor guardado del Gobierno: se devalúa de a poco en un camino que en algún momento conducirá a un reacomodamiento mayor.
En términos similares se planteó la discusión entre los colaboradores de mayor confianza de Sergio Massa. El hecho de que el Gobierno reconozca un dólar tan alto hace imposible que su precio vuelva hacia atrás, asumen. Quizá por eso, el ministro de Economía escucha cada vez más el mismo pedido del sector privado, en especial de empresas extranjeras que tienen actividad en la Argentina. Quieren una nueva “convertibilidad”: un país, un tipo de cambio. Le llegan los reclamos en reuniones privadas, por WhatsApp y a través de foros de discusión pública.
Deberán seguir insistiendo, porque la devaluación en cuotas tiene respaldo político. Hacerles caso a los empresarios, cree Massa, llevaría a una inflación aún más alta que la actual. Es el fantasma de la híper, el gran temor de la vicepresidenta, motor a su vez del cambio de rumbo parcial que autorizó en la economía.
El miedo de la vicepresidenta está justificado. Según el exministro Alfonso Prat-Gay, si se cumplen los pronósticos del Gobierno para el año próximo, la gestión del Frente de Todos habrá terminado el mandato con una inflación acumulada del 540%. Es casi el doble que la que acumuló Mauricio Macri.
La desesperación por el dólar es total y el equipo económico tiene una conciencia exasperada de eso, a tal punto que el cuidado anula buenas noticias. Massa debía inaugurar mañana una tercera línea de producción en la automotriz Toyota, pero no lo hará. Nadie descarta que la empresa no deba dar marcha atrás en dos meses por falta de divisas para las autopartistas.
La pelea por el dólar se despliega hasta en los rincones. El secretario de Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren, les achacó esta semana en Washington a directivos del Banco Mundial sobre las restricciones de Estados Unidos para el ingreso de limones y tubos de acero sin costura como los que fabrica Techint. Y Massa estuvo dedicado a avanzar y promocionar el intercambio de información con el Norte para detectar cuentas no declaradas de argentinos en ese país. Busca generar sensación de riesgo y mostrar que cada dólar vale.
Cristina Kirchner le pidió a Massa ordenar la economía, pero con una mano atada. El ministro, entonces, toma decisiones que a él mismo le resultan parciales y abren nuevos problemas que sufren incluso los empresarios que siempre confiaron en él.
José Luis Manzano se presentó hace un año en las oficinas de Edesur, luego de haber comprado Edenor junto a Daniel Vila y Mauricio Filiberti. Manzano estaba interesado en averiguar acerca del negocio de los vehículos eléctricos porque tiene yacimientos de litio en el norte del país. La relación fue creciendo y el exfuncionario menemista, soltándose. A tal punto que les prometió a varios empresarios eléctricos contarles a Alberto Fernández y a Sergio Massa sobre la crítica situación del sector por el atraso de las tarifas.
Manzano cumplió, pero nada trascendental ocurrió y las compañías continúan con quebrantos. A tal punto que su empresa, Edenor, le envió el 23 de septiembre pasado un reclamo por escrito y en duros términos a Walter Martello, interventor del ente regulador (ENRE), puesto allí por el propio Massa.
La nota tiene cinco páginas y un pedido urgente. Le requiere al Gobierno que respete la ley para calcular sus tarifas para mantener la “sustentabilidad” del servicio público. Traducido: si no aumenta la luz, habrá más cortes. Lleva la firma de la apoderada de Edenor, Gabriela Leoncini.
Es probable que los denominados empresarios “massistas” se lleven otro disgusto. Martello tiene a la firma un conjunto de multas millonarias contra la empresa de Vila, Filiberti y Manzano. Saldrán a más tardar esta semana.
La situación del sector eléctrico es algo que posiblemente haya que atender de cara al próximo verano. Sucede que el último 13 de octubre Edesur, gestionada por italianos, le envió a Martello una nota en términos muy similares a Edenor. Cristina Kirchner lo ha logrado: la obturación de las tarifas terminó uniendo a empresarios argentinos cercanos al poder con accionistas extranjeros híper especializados. Un buen indicio para determinar la facilidad de aplicar nuevos aumentos en la electricidad se puede encontrar en el affaire de las prepagas.
La vicepresidenta tiene fastidios selectivos. Sus intervenciones sobre decisiones económicas se exacerban por el desagrado que le provoca Alberto Fernández, como ocurrió el miércoles pasado por la mañana. A las 10.21, cuestionó por Twitter a su propio gobierno por autorizar un nuevo aumento en la medicina privada. Si bien es un ítem que aporta al índice de inflación, no depende de la cartera de Economía, sino de Salud, que maneja Carla Vizzotti.
La ministra no decide directamente los aumentos de las prepagas. Es un trabajo que le toca al superintendente Daniel López, un hombre de Ginés González García al que en el sector definen como conocedor de los costos de la salud. A principios de año, creó un método para intentar cumplir con la ley a través de una fórmula polinómica. Es la matemática que ahora cuestiona Cristina Kirchner.
El tuit de la vicepresidenta desató la nostalgia entre los empresarios de la salud, que recordaban anteayer una reunión que habían tenido con Sergio Massa cuando daba sus primeros pasos como presidente de la Cámara baja. Se habían juntado en sus oficinas Hugo Magonza (UAS) y Claudio Belocopitt (Swiss Medical), entre otros, para explicarle la situación de su sector. Massa lanzó un diagnóstico diferencial: esto se resuelve con una reforma estructural, pero no es el momento, les dijo.
Un día después de la crítica de Cristina Kirchner, Belocopitt debió ponerse serio en el Ministerio de Trabajo. No hubo acuerdo en la paritaria de la salud, justamente, porque las prepagas no saben cuál va a ser su ingreso el año próximo. Es posible que la vicepresidenta deba seguir tuiteando sobre el tema en el futuro.
Aunque episodios como el de la salud ponen a prueba el conjuro, Cristina Kirchner está por ahora encapsulada. Es algo que le valoran funcionarios cercanos a Massa. La socia mayoritaria del Frente de Todos dejó de provocar al dólar y a los mercados no porque haya perdido el poder, sino debido a que es una política profesional que eligió la estabilidad, piensan. Algunas jugadas parecen sorpresivas, pero están contempladas.
Eduardo De Pedro admitió que trabaja junto a Sergio Massa, por pedido de la vicepresidenta, en un bono de fin de año para los sectores que perdieron contra la inflación. La novedad para diciembre, que a primera vista está en contra de los objetivos de Economía, ya estaba prevista desde principios del mes pasado por el secretario de Hacienda, Raúl Rigo.
A medida que se agota el crédito inicial, recrudece la búsqueda de buenas noticias. Al anuncio esta semana de créditos y un acuerdo con el Club de París, le seguirá pasado mañana una reunión de ministros provinciales en el CCK para contar “lo bien” que está el empleo en sus distritos. Hay colaboradores de Massa que creen que son víctimas de un unitarismo al revés: les pegan más en Buenos Aires que en el resto del país.
Massa sostiene la relación con la vicepresidenta con tés, llamados telefónicos y decisiones orientadas a la orilla dura del Frente de Todos. De esa inspiración nació el bono para indigentes y el programa Precios Justos. Pero también un movimiento menos visible que se aceleró en las últimas dos semanas.
Matías Tombolini maneja la Secretaría de Comercio. Es una práctica común enviarles a los supermercados una planilla de cálculo con la lista de aumentos de precios que les llaman la atención a los funcionarios. Se trata de un pedido numérico de explicaciones en base al SEPA, un sistema de monitoreo heredado de la gestión de Mauricio Macri.
El proceso, que empieza de manera digital, termina en forma analógica. Las grandes cadenas dan explicaciones a los funcionarios y la rueda vuelve a comenzar con el siguiente correo electrónico de la Secretaría pidiendo explicaciones. Con la llegada de Massa al Ministerio, esa rueda giraba con intervalos. Ahora, lo hace casi todos los días.
Los límites que la política le pone a la economía se ven en un rectángulo alegórico: los billetes. La Argentina tiene problemas para sostener su moneda, pero convive con la amenaza de quedarse sin papeles por una decisión de Cristina Kirchner convalidada por Alberto Fernández.
Algunas cifras pueden ser reveladoras. Por la negativa a crear un billete de $5000, que aprobó el Banco Central, pero luego dio marcha atrás, el Gobierno le pidió a su imprenta, Casa de Moneda, más billetes de los que puede imprimir. Como no podía cumplir, se dio vuelta y subcontrató con sus pares de Brasil y de España.
En 2020, el Banco Central recibió de Casa de Moneda (Argentina) 11,42 millones de billetes menos de lo contratado, 208 millones menos en 2021 y 432 millones por debajo en lo que va de 2022.
Es una mala noticia también para Massa. Si el país hubiese tenido un billete de $5000 en 2021, a Casa de Moneda le habría sobrado la mitad de su capacidad de producción y se hubiese gastado 3,5 veces menos, según cuentas del exdirector de la imprenta estatal Augusto Ardiles. Por ejemplo, entre 2020 y 2021, se podría haber evitado la salida de US$186 millones.
Emitir un nuevo billete es una alternativa fácil para reducir el gasto del Estado que pide Massa. Sin embargo, el Banco Central no tiene esa opción en estudio. El kirchnerismo considera que implicaría convalidar la inflación.
Quizás el peor trabajo del país lo tiene el presidente del Banco Central, Miguel Pesce. No solo le faltan dólares, sino que también está justo con los pesos. Al menos, tendrá más tiempo para dedicarse a esos temas porque perdió relevancia en el manejo de las importaciones, algo que está cada vez más en manos del ascendente Germán Cervantes, segunda línea de Tombolini en Comercio.
La evidencia de la crisis económica desató coincidencias insospechadas. Días atrás, el presidente del bloque de diputados de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, interpeló a Massa con respecto a la marcha de las empresas públicas, por donde se van US$7500 millones por año. Si ese número fuese cero, la Argentina casi no tendría problemas fiscales.
Massa le respondió que había leído el crítico informe del partido de Elisa Carrió sobre el tema y que está de acuerdo en hacer algo. Hasta le propuso usar al fondo de garantía de sustentabilidad de la Anses como paraguas de las firmas del Estado.
Es menos conocido otro dato. Algunos creen escuchar en la propuesta del ministro el eco de una vieja conversación que tuvo con Carlos Melconian, el economista cercano a Mauricio Macri que dialoga con todo el arco político. Y la oposición no deja de hablar acerca de la necesidad de implementar un plan de estabilización, algo sobre lo que también discute el equipo de Massa.
Es el efecto purificador que provocan algunas crisis. El temor a la explosión de la economía quita de la mesa las manuales más creativos. En su lugar, solo queda un delgado conjunto de ideas que usa la Argentina cada vez que tropieza con la misma piedra.
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