La empresa Coca Cola-Femsa pidió un procedimiento preventivo de crisis
LA NACION
Durante 2018 crecieron los pedidos de las empresas para activar un procedimiento preventivo de crisis (PPC). Hubo el año pasado 108 pedidos, 25 más que en 2017 y 53 más que en 2016, según las estadísticas oficiales de la Secretaría de Trabajo. La tendencia continúa en alza y quien hoy presentó su solicitud fue Coca Cola-Femsa.
"La empresa realizó un pedido de PPC. Se desarrolló hoy una primera audiencia en la que los representantes de Femsa expusieron la situación de la empresa. El viernes se realizará un nuevo encuentro para analizar el camino a seguir", informaron a LA NACION desde el Ministerio de la Producción y Trabajo, que está a cargo de Dante Sica.
El pedido del PPC es solo para la planta Alcorta, en el barrio de Pompeya, que produce y distribuye gaseosas y emplea a 600 personas. "Coca Cola Femsa Argentina está atravesando una etapa compleja debido a la desaceleración del consumo, lo que la ha colocado en la necesidad de readecuar su estructura de trabajo", señaló la empresa en un comunicado. Y si bien fuentes de la compañía dijeron que no está definido el número de desvinculaciones sería más del 5% del total por lo que están obligados por ley a presentar el PPC.
La compañía contaría con unos 2500 empleados. Talla ahí un gremio: Aguas y Gaseosas, de Raúl Álvarez, un ex hombre de Luis Barrionuevo y que se acercó a Cambiemos. Los camioneros de Hugo Moyano influyen únicamente en la distribución.
El PPC, establecido en la década del 90 en la denominada ley de empleo, permite a las empresas concretar suspensiones y pagar menos por las indemnizaciones.
El caso de Femsa se suma otros dos que cobraron relevancia en las últimas semanas. Por un lado el de Fate, la emblemática compañía de neumáticos que cuenta con 1600 empleados, también pidió el procedimiento preventivo de crisis. En diálogo con LA NACION, su presidente, Javier Madanes Quintanilla, admitió que la compañía atraviesa una "situación delicada".
El otro caso es el de Avianca que, a poco más de un año de empezar a operar, también pidió un PPC. Según explicaron fuentes cercanas a la firma, producto de la devaluación, la compañía no puede afrontar el financiamiento de los aviones ni los costos laborales en un contexto donde la competencia no los beneficia y las ventas no generan rentabilidad.
El caso más emblemático de 2018 fue el de la cadena francesa de supermecados Carrefour, que cuenta con 19.000 empleados y 500 sucursales en todo el país. Con el aval de la Secretaría de Trabajo y del Sindicato de Empleados de Comercio, Carrefour fue habilitada para concretar suspensiones y negociar indemnizaciones. El pacto, además, permitió bajar costos, abrir retiros voluntarios y flexibilizar ítems del convenio colectivo. Entre marzo y abril del año pasado, el jefe mercantil Armando Cavalieri negoció este acuerdo cara a cara con el presidente Mauricio Macri y los franceses de Carrefour en una reunión en la Quinta de Olivos.
En los registros de 2018 se distingue un salto de pedidos de PPC en agosto, con 30 solicitudes. No fue casual. Fue una reacción inmediata de las empresas ante un decreto del presidente Macri en el que se prohíbe desde entonces cualquier pago no remunerativo. Con esta medida, la intención del Gobierno es recaudar la totalidad de los aportes a la seguridad social. El decreto de Macri, publicado el 10 de julio pasado, contempla la excepción del pago no remunerativo para las empresas que estén encuadradas en el PPC. La salvedad es para preservar el empleo.
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