La emergencia: una herramienta para desarmar porciones del Estado que ahora hay que aprender a usar

Es verdad que las bases son más pequeñas y que en el camino legislativo se achicó el tamaño del andamiaje jurídico de la ley que la Argentina debatió por seis meses. Pero más allá de esa situación, que no es más que la lógica de la negociación, la norma que se aprobó en la madrugada es una fenomenal herramienta que le entrega al Poder Ejecutivo la posibilidad de achicar el Estado, quitar estructuras que poco tienen que ver con un gobierno moderno y, sobre todo, remover regulaciones que presiden las relaciones entre la administración pública y sus administrados. Es decir, pegarle un pleno a la llamada burocracia.

Claro que las herramientas suelen lucir todopoderosas en las góndolas y muy atractivas en las publicidades. Pero finalmente, la utilidad sale del uso y de la mano sabia del experto. La metáfora sirve para entender de qué se trata la Ley Bases, un esquema normativo que entrega al Poder Ejecutivo una amplia potestad para desregular y cambiar funciones a los organismos públicos. Como se le escuchó decir alguna vez a Federico Sturzenegger: “Nos permite estar liberados como para remover ese peso muerto que el Estado le impone a la economía”.

Hasta junio de 2025, casi sobre el filo de la mitad de su mandato, el presidente Javier Milei podrá disponer de la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética”. La temporalidad en la que se da es toda una novedad. Sucede que los gobiernos se han servido de la emergencia en muchas oportunidades con leyes que se han aprobado al inicio de sus gestiones. Es decir, de diciembre a diciembre. Esa fecha generaba que las renovaciones se hicieran en el tobogán de salida legislativa, cuando los diputados y senadores ya estaban con la mira puesta en el receso. Junio a junio importará que el tiempo para el debate, sobre si continúa o no, sea cuando las cámaras están en plena actividad; habrá más debate en un año.

Ahora bien, ¿qué significa la declaración de la emergencia pública? En una acotada síntesis es una delegación del Poder Legislativo que se hace en el Ejecutivo. Entonces, el Presidente tiene facultades para tener una intervención más profunda en temas que deberían ser debatidos en el Congreso. En una palabra, se centraliza más la toma de decisiones en las materias sujetas. Como dice la doctrina, debe ser acotada en el tiempo y en la materia, además de razonable respecto de las medidas que se adopten y la motivación de la emergencia.

Pero la Argentina ha demostrado que la excepcionalidad de un régimen de delegaciones puede ser la norma. “En el último cuarto de siglo solo [el presidente Mauricio] Macri las quitó, las dejó vencer después del primer año. Pero [Fernando} De la Rúa; [Eduardo] Duhalde, Néstor y Cristina Kirchner, y Alberto Fernández gobernaron con emergencias”, dijo a LA NACION el consultor político Rosendo Fraga. Dicho de otra forma: 22 de los últimos 25 años fueron con este sistema vigente.

Vale la pena detenerse en semejante dato. En lo que va del siglo XXI, la Argentina ha usado las emergencias para regular. De hecho, no ha habido reformas administrativas desde los inicios del menemismo. Pero si se habla con los funcionarios estatales de carrera, esos que mueven la administración pública, son pocos los que no reconocen que la única modernización de las “formas” de la burocracia se hicieron cuando Andrés Ibarra fue ministro de Macri. Y de hecho, que el Estado haya funcionado remoto durante la pandemia fue gracias a aquella puesta en marcha de un proceso de digitalización en los años anteriores. Justamente, los únicos en los que no había emergencia. Paradojas argentinas.

Como se dijo, los cuatro gobiernos kirchneristas gobernaron con variadas emergencias y las usaron para agrandar el Estado. Colocaron un mostrador regulatorio donde pudieron y de esa manera crearon burocracia, gasto público y discrecionalidad. Y, como se sabe, los mostradores obligan a los administrados a dejar carpetas. La discrecionalidad se encargaba de atender unas y archivar otras. Los sellos de “aprobado” fueron a tracción de billetera.

Fernández, por caso, a 10 días de asumir, logró que se le deleguen facultades en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social. Nueve áreas claves para disponer a su manera. De más está decir que no se trata acá de calificar a este último mandato, apenas recordar que los ministerios estaban prácticamente cerrados, con movimiento regulatorio acotado al nombramiento a mansalva de cuantos empleados público pudiesen colocar, y con ministros a la pesca de alguna liana legislativa que los mantenga a salvo en los años que vendrían, y que imaginaban en la oposición. De hecho, el periodismo que cubría el poder se preguntaba qué era más oficioso, si ver alguna novela de la tarde con bizcochos y mate o tomar un café con un ministro que no fuera Sergio Massa, el único que tomaba decisiones en una administración arrasada.

Semejante quietud se dio con las emergencias vigentes. Dicho de otra forma, por más que la herramienta sea majestuosa, pues hay que aprender a usarla, tener la decisión de hacerlo y contar con la gente idónea que lleve a la práctica las posibilidades de la máquina.

El Presidente, entonces, deberá encontrar a los idóneos para darle operatividad a una norma que cuenta con un fenomenal potencial regulatorio, pero que requiere de intérpretes. Sturzenegger, el hombre que redactó gran parte de la Ley Bases, parece ser uno de ellos.

Milei podrá disponer de amplias facultades para armar una administración pública a su medida. Es verdad que los legisladores pusieron énfasis en dejar claro que algunos organismos públicos no pueden eliminarse, como el Conicet, el Instituto de salud “Dr. Carlos G. Malbrán”, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), el Instituto de la Propiedad Industrial (INPI), el Incucai, el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) o el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), entre otros. Pero con ellos puede hacer muchas más cosas para cambiarlos según disponga. Entre mantenerlos abiertos y cerrarlos hay una enorme gama de posibilidades a tiro del Poder Ejecutivo.

Lo mismo sucederá con las empresas públicas que salieron del listado de las privatizables. Por caso, al menos por un año más, Aerolíneas Argentinas será estatal y no podrá venderse a los privados. Vale la intención de los legisladores que quisieron proteger la línea aérea de bandera y sostener la iconografía de soberanía de los cielos que declama falsamente el kirchnerismo.

Pero en el mercado se conoce perfectamente que la compañía, con los números que arrastra y que ahora intenta remediar, está fuera del alcance de los eventuales inversores. Al menos, hasta purgar algunas variables. Ese proceso, sanearla y hacerla atractiva para el capital privado, lleva tiempo. Un año, como muy poco. Es decir, los legisladores sacaron de la góndola de venta un producto que no tenía compradores.

Con las empresas públicas, si bien no puede privatizar a muchas, está habilitado para modificar sus regímenes actuales sin llegar al extremo de venderlas. Con la excepción del Poder Judicial, el Legislativo, las universidades y un puñado de rincones del Estado, puede intervenir todos los organismos descentralizados.

Más allá de los encendidos discursos y de la negativa del kirchnerismo de no aprobar la ley, fueron estas cuatro presidencias las que hicieron un culto de la emergencia y la delegación como forma de gobernar. Como se dijo, la herramienta se usó para regular y vaya si este grupo encontró a las personas indicadas como para agrandar el Estado. Desde Guillermo Moreno hasta Axel Kicillof, fue una sinfonía de funcionarios que construyeron una verdadera máquina burocrática, un Estado gigante, imposible de financiar e ineficiente.

Milei tiene la misma herramienta, pero la quiere usar para hacer lo contrario. Como aquellos, necesitará los técnicos suficientes para desmontar los andamios que llevan años y que ya casi tiene las tuercas oxidadas. Un enorme desafío que recién empieza. Algunos lo llaman simplemente gestionar el Estado.

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