La economía en negro sigue firme pese a los blanqueos

Después de décadas de presión tributaria en alza, cepos cambiarios en 10 de los últimos 14 años y 8 blanqueos impositivos desde el regreso de la democracia, la economía informal en la Argentina siguió creciendo y más aún con la escalada inflacionaria hasta el 211% anual de 2023.

Este fenómeno fue generando además nichos de negocios ilegales a cielo abierto, naturalizados por buena parte de la sociedad mientras la pobreza trepaba a 50%, aunque algunos hayan adquirido tintes mafiosos y supuestamente cuenten con algún tipo de tolerancia política a nivel nacional, provincial o municipal.

En una economía bimonetaria, además, la recurrencia de blanqueos y moratorias impositivas no solo convalida la informalidad y la salida de dólares no declarados del circuito económico, sino que fomenta una evasión posterior ante la evidencia de que más temprano que tarde esas medidas habrán de repetirse.

Un extitular de la ahora disuelta AFIP –con pedido de reserva de identidad– diagnostica la magnitud de la economía informal en que casi la mitad de los trabajadores no están registrados y más empleadores pagan salarios en negro –o en gris– para evadir impuestos y cargas; incluso en personal doméstico, pese al estímulo de deducir el aporte en el impuesto a las ganancias.

A esto agrega que, en los últimos años, la administración tributaria puso el foco en grandes contribuyentes nacionales, pero no en otros bolsones de informalidad, como “saladitas” o ferias abiertas, que proliferan en el conurbano bonaerense y muchas provincias con bajísimo nivel de fiscalización y cumplimiento de las normas. Lo mismo ocurre con la evasión aduanera y el contrabando por pasos fronterizos del NOA y el NEA.

Entre los factores que últimamente alentaron la informalidad señala las cuentas en criptomonedas, que suelen utilizarse para “negrear” compras, ventas y transferencias desde el exterior por exportaciones de servicios de alto valor agregado.

Otro es la evasión de “cuello blanco”, por profesionales de diferentes actividades (médicos, psicólogos, arquitectos, abogados, etc.) que suelen cobrar parte de sus trabajos importantes en efectivo y retacean la entrega de facturas o bien se inscriben como monotributistas en las categorías más bajas.

Esta última práctica para eludir impuestos, definida como “enanismo fiscal”, encubre una mayor capacidad contributiva de sus responsables. Y queda a la vista con quienes pagan compras importantes con grandes cantidades de billetes de baja denominación ($1000 y $500) depreciados por la inflación, como se detalló en esta columna antes del lanzamiento del billete de $20.000.

Algo similar ocurre con los comerciantes que ofrecen descuentos por pago en efectivo, pero no facturan esas ventas, y en distintas cadenas productivas donde suele operarse en “gris” (facturas inferiores al precio final). Entre ellas, textiles, calzado e incluso carnes, donde productores venden hacienda para faenar en frigoríficos y recuperan una parte en cash, mientras muchas carnicerías –especialmente del conurbano– compran y venden en negro para ofrecer precios más bajos en un mercado que representa entre 20% y 25% del consumo interno.

Un blanqueo cada cinco años

El tributarista César Litvin sostiene que la expansión de la economía en negro es producto de un círculo vicioso que se origina en una creciente presión fiscal, agobiante para el sector productivo, y retroalimenta una informalidad que cuanto mayor resulta, más aumenta el “premio” por evadir y, consecuentemente, la competencia desleal.

“Si un comerciante tiene todo en blanco y otro, todo en negro, es muy difícil competir con precios y algunos se cruzan de vereda. Pero el problema es que para algunas pymes la informalidad es su medio de subsistencia y el círculo vicioso termina en blanqueos recurrentes porque no hay otra forma de regularizar”, completa.

El especialista contabiliza un total de ocho blanqueos de capitales desde el retorno de la democracia en 1983, con casi todos los gobiernos, sin obligación de declarar el origen de los fondos, pero sí de depositarlos o invertirlos. El promedio arroja uno cada poco más de 5 años. De ahí que, irónicamente, haya quienes los consideran una política de Estado.

Hubo regímenes de este tipo con Raúl Alfonsín en 1986/1987, Carlos Menem en 1992/1994, dos con Cristina Kirchner en 2008/2009 (con un ingreso de US$4300 millones) y luego en 2013 (a través de Cedin, con apenas US$900 millones), uno con Mauricio Macri en 2017 (con un récord de casi US$117.000 millones, al incluir por primera vez cuentas bancarias y bienes en el exterior) y otros dos con Alberto Fernández (en 2022 y 2023 para construcción de viviendas y pago de importaciones, ambos con magro resultado). Y con Javier Milei en 2024 (que no tenía costo hasta US$100.000 en efectivo y generó un aumento de depósitos por más de US$20.600 millones).

En la reciente conferencia anual de FIEL, el economista Miguel Kiguel (director de la consultora EconViews) dijo que este blanqueo, destinado a reforzar las reservas del Banco Central, fue creativo porque “no entraron dólares de Wall Street, pero sí de Mataderos”.

Litvin, igual que el Gobierno, precisa que en esta primera etapa se depositaron US$20.680 millones en casi 331.000 cuentas CERA y en ALYC. Además, 138.432 contribuyentes declararon otros bienes por US$2690 millones, 14.810 inmuebles (550 en el exterior), US$30 millones en monedas digitales, casi 6500 cuentas bancarias en otros países y 1247 proyectos inmobiliarios (REPI). Hasta el 12 de noviembre, la recaudación del impuesto especial ascendía a US$266,7 millones y 33.000 millones de pesos.

Aun así, el tributarista advierte que combatir la informalidad llevará tiempo, ya que las tres políticas más necesarias para lograrlo tendrán efectos a mediano y largo plazo.

A su juicio, una es educar a los chicos desde la escuela primaria, porque en la Argentina el evasor no tiene condena social (ni de hecho tampoco penal), como ocurre en otros países. Otra es aplicar más y mejor tecnología en la administración tributaria, ya que el gobierno de Néstor Kirchner desmanteló los avances logrados por Alberto Abad en su primera gestión en la AFIP (2002/2008) y pasó a invertir en más personal. Y luego bajar la presión tributaria sin alterar el equilibrio fiscal.

Ilegalidad a la luz del día

Mientras tanto, proliferan en la CABA puestos de venta ilegal de indumentaria, calzado, relojería y óptica con marcas falsificadas, atendidos por manteros de origen africano (principalmente senegaleses), que en algunos casos serían manejados por punteros políticos y rara vez son fiscalizados. Otro tanto ocurre con ferias abiertas y cerradas del Gran Buenos Aires, como La Salada, símbolo de la informalidad desde hace más de 30 años.

El relevamiento mensual de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) sobre el número de puestos en avenidas, calles, peatonales y terminales ferroviarias porteñas registró en octubre un abrupto descenso mensual de 58%, ya que el total bajó de más de 1000 –principalmente en la zona de Once– a 503. Pero la propia entidad, que preside Mario Grinman, se encargó de aclarar que esa caída coincidió con estrictos procedimientos del gobierno de la CABA para desarticular organizaciones clandestinas. Aun así, solo en la avenida Avellaneda, de Flores, se contabilizaron 374 puestos; y en Once se detectó que los ubicados en avenidas y la estación del ferrocarril fueron desplazados a calles no alcanzadas por la medición.

En los últimos años hubo operativos esporádicos para desalojarlos, pero al día siguiente todo volvía a la situación anterior. Cuesta creer que las autoridades desconozcan la presumible cercanía de los depósitos de mercaderías y la logística de entrega de viandas a los manteros, el eslabón más débil de esta cadena ilegal.

También en Once prolifera la venta de celulares –presumiblemente robados– en locales a la calle y en el interior de galerías. Si bien el Enacom puede desactivarlos (no con el chip, sino con la numeración del equipo), el problema es que casi nadie denuncia los robos y hurtos.

Otro delito que resurgió en los últimos tres años es el hurto de ruedas completas de autos nuevos, que alimentaron un creciente mercado negro por falta de repuestos y dólares para importarlas. El fraude también se extendió a los neumáticos usados. A tal punto que Gustavo Trías, presidente de la Asociación Argentina de Compañías de Seguros, estima que entre 25% y 30% de las denuncias por robo parcial suelen ser inventadas y atribuibles a la “avivada” del asegurado para cobrar la indemnización y renovarlas, generalmente antes de las vacaciones.

Las aseguradoras investigan un 15% de esos siniestros y en un tercio de los casos (390.000 este año, con 42.000 en la CABA) el fraude es detectado y desistido. Solo en ruedas, el fraude se estima en $57.000 millones. Por eso la AACS gestiona ante el gobierno porteño el acceso a videos de cámaras de seguridad para descubrir más autorrobos.

Dentro de este panorama, una buena noticia es que el auge de los pagos digitales desde la pandemia contribuyó a blanquear compras o ventas de productos y servicios. Los informes del BCRA sobre pagos minoristas muestran que las transferencias inmediatas a CBU y CVU no han dejado de crecer, al igual que los pagos por código QR interoperable. Sin embargo, en los bancos advierten que todo lo que se paga digitalmente es en blanco y por billeteras electrónicas puede no serlo, además de que no necesariamente tiene la contrapartida de un ticket o factura.

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