La disolución de los derechos económicos

A los argentinos nos cuesta relacionar el respeto del derecho de propiedad o de la libertad económica con nuestra calidad de vida diaria, a pesar de que, por ejemplo, están profundamente relacionados con la tragedia de Once. En cualquier país serio hay tres protagonistas que garantizan la calidad y seguridad de los servicios de las concesionarias de transporte en general:

a) El principal controlador es el usuario, que es la fuente más importante de ingresos de las compañías, por lo que deben garantizarle un viaje seguro y razonablemente cómodo como para que no opte por otro medio de locomoción.

En la Argentina, gracias a la política demagógica del Gobierno, el verdadero "cliente" de las empresas de transporte es el Estado (contribuyentes), que les aporta más de dos tercios de sus entradas. Por lo tanto, si la gente viaja o no, es irrelevante, ya que lo importante es asegurarse que los funcionarios sean lo suficientemente generosos para pagar los costos y dejarles el mayor margen de ganancias posible.

Las empresas tampoco tienen incentivos a ser eficientes, ya que eso implica una mayor conflictividad con gremios y proveedores, lo que ahorra plata al Estado, pero no se traduce en mayores ganancias.

b) El Estado es quien fija las condiciones para la prestación de los servicios de transporte y, por ello, debe controlar que se cumplan dichas pautas de calidad y seguridad. Sin embargo, debido a la distorsiones de la política "K", esto implicaría mayores costos para enfrentar con recursos públicos que son escasos, por lo que el Gobierno no supervisa los servicios en un acuerdo "tácito" con la empresa.

c) La compañía de seguros controla el nivel de seguridad y otras condiciones de prestación que se fijan en la póliza, ya que tendrá que hacerse cargo de los pagos por accidentes. Según una nota de LA NACION, TBA estaba asegurada por dos millones de pesos y pagaba una prima de 800.000 pesos. Es decir, un monto de cobertura extremadamente bajo y a un costo altísimo, lo que refleja que la aseguradora consideraba alta la probabilidad de ocurrencia a la contingencia asegurada y, como no tenía posibilidades de exigirle mejoras en la seguridad del servicio, le cobraba mucho.

Este gobierno desmanteló todas las alternativas de control del servicio de transporte urbano de pasajeros, por lo que pretender resolver el problema cambiando algunos funcionarios es condenar a los usuarios a futuros accidentes. La alternativa de estatización ha demostrado que agrava los problemas de descontrol y déficits a sufragar por los contribuyentes. Basta mirar a Aerolíneas Argentinas.

La verdadera solución es restablecer un sistema de contratos de concesión con empresas prestadoras idóneas y responsables, cuyos ingresos vengan en su mayoría de quienes usan sus servicios, con condiciones de seguridad y calidad adecuadas que el Estado monitoree eficientemente y con pólizas de seguro que verdaderamente cubran las contingencias y que obliguen a la aseguradora a controlar a la empresa asegurada.

Una crisis anunciada

Otro ejemplo del impacto que tiene el avasallamiento de los derechos de propiedad en la vida de los ciudadanos es el de la política energética. Durante los últimos siete años, muchos advertimos que era insostenible y que, en el futuro, nos iba a llevar a una situación de actual escasez. No hacía falta ser vidente, ya que, si alguien tuviera un negocio y el Estado le sacara más de la mitad de sus ingresos, trataría de invertir lo menos posible en él. Pues bien, eso pasó con las petroleras que, durante años, cobraron menos de la mitad de lo que salía el crudo en el exterior y hasta un sexto de lo que le costaba al Estado importar el gas.

Consecuentemente, las empresas invirtieron lo mínimo necesario y la Argentina perdió el autoabastecimiento. Un absurdo que le sale al Estado cada vez más caro, porque tiene que pagar la diferencia con lo que se trae de afuera.

La solución no puede pasar por una mayor intervención del Estado ni por la actual embestida contra las petroleras, ya que eso implicará menor atractivo para un negocio que necesita decenas de miles de millones de dólares de inversión, que el sector público no podría realizar. Con solamente recomponer el valor de sus productos, los incentivos a explorar y producir volverán y, en los próximos años, iremos superando el problema de escasez de energía.

Recientemente, la Fundación Libertad y Progreso presentó un Indice Internacional de Respeto de Derecho de Propiedad, que se realiza para 130 países del mundo. La Argentina figura en el 33% de naciones peor calificadas.

En enero, el indicador de Libertad Económica de la Fundación Heritage mostró que descendimos a la categoría de los represivos de este derecho ( http://www.libertadyprogresonline.org/2012/01/17/preocupante-deterioro-de-la-libertad-economica/ ).

Conclusión, no parece que los argentinos estemos construyendo un futuro con mejor calidad de vida y mayores oportunidades de progreso.

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