La decisión del BCRA hará recalcular las expectativas la próxima semana
Hemos atravesado las dos semanas de mayor incertidumbre económica y política del gobierno de Mauricio Macri . Las discusiones sobre (y las marchas contra) el ajuste tarifario primero; y las intervenciones récord del BCRA para apaciguar el mercado cambiario después sembraron, más que nunca antes, dudas sobre la viabilidad de un programa de convergencia fiscal e inflacionaria exasperantemente gradual.
Hasta aquí el Gobierno ha sorprendido a muchos por su capacidad de dejar fuera de cualquier discusión la crucial cuestión de la gobernabilidad. No solo ha gobernado en minoría, aprobando algunas leyes claves (sobre todo en el arranque del mandato), sino que ganó las elecciones de medio término y mantuvo durante estos 29 meses de gobierno altos niveles de popularidad.
La estabilidad macroeconómica, sin embargo, no pudo ser asegurada y ha sido bastante evidente la voluntad del Gobierno de mantener el debate económico en un segundo plano. Ese objetivo se puso claramente de manifiesto en el mensaje del presidente Macri a la Asamblea Legislativa en la apertura de las sesiones ordinarias de este año: la agenda sería eminentemente política y no económica.
Pero, sin estabilidad macro, no hay arquitectura política ni engranaje comunicacional que aguante de manera indefinida. La gobernabilidad no puede ser un fin en sí mismo; debe ser un instrumento, un punto de partida para resolver problemas concretos. Y el problema más importante que hay que enfrentar es la inflación.
El ajuste tarifario no hubiese devenido en tarifazo si no fuera porque la inflación no afloja. Es cierto que es más difícil desinflar cuando hay muchos precios regulados que deben corregirse (y mucho después de tantos años de desidia), pero está claro también que la inflación núcleo, que no incluye dichos precios regulados, también sigue arrojando lecturas superiores al 20% anual. Lamentablemente, la decisión de fines de diciembre pasado de relajar las metas de inflación y la consecuente baja de tasas de interés que vino después resultaron extremadamente costosas.
El mensaje de que la política monetaria se administraba desde la Jefatura de Gabinete y de que la desinflación podía supeditarse a otros objetivos políticos caló hondo. Se perdió mucha credibilidad, se puso en dudas los grados de libertad del BCRA para actuar y, sobre todo, se desdibujó por completo la capacidad de este para manejar y moldear las expectativas.
En este contexto, el atesoramiento de dólares se intensificó en los primeros meses del año y el BCRA fue muy contundente en mostrar que la política monetaria/cambiaria ya no sería la misma. De un tipo de cambio flotante, pasamos a un régimen con intervenciones (que evitarían movimientos disruptivos en la cotización del dólar). Y si bien las intervenciones pueden servir para apaciguar el precio, no siempre sirven para apaciguar las dudas.
Y así sucedió en esta última semana, cuando la intervención alcanzó niveles impensados. Y aunque la liquidación de posiciones de Lebac de inversores internacionales explicó una buena parte del aumento de la demanda de dólares, el incremento de 300 puntos básicos de la tasa de interés de referencia dispuesta ayer, en una reunión no programada del Comité de Política Monetaria del BCRA, refleja una preocupación que claramente va mucho más allá de un hecho puntual del mercado.
De todas maneras, no hay motivos para pensar que la situación está fuera de control y que estamos en el principio de una corrida contra las reservas. Y la decisión del Banco Central de aumentar (finalmente) las tasas de interés, podría ser un primer paso para recomponer la confianza y volver a manejar las expectativas.
Durante la semana que viene veremos cómo los agentes vuelven a recalcular sus expectativas frente a esta decisión. Y el fin de semana largo da tiempo para hacerlo sin la presión de los mercados abiertos. Es muy probable que la incertidumbre cambiaria se reduzca progresivamente, aunque para ello el BCRA debería seguir actuando con más rapidez y más firmeza que nunca. El Gobierno no debería darse el lujo de enviar señales equívocas sobre la voluntad de desinflar y sobre la libertad de la autoridad monetaria para actuar en consecuencia.
El autor es economista
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