Elecciones 2021. La crisis económica: el plan de la oposición para convivir con Alberto Fernández hasta 2023
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LA NACIONPablo Fernández Blanco
Horacio Rodríguez Larreta, Elisa Carrió, María Eugenia Vidal, Patricia Bullrich, Alfredo Cornejo, Ricardo López Murphy, sus equipos técnicos y otras espadas de Juntos por el Cambio debaten desde hace meses sobre la etapa que se abre a partir de lo que ocurrió anoche. De esas discusiones surgió una convicción que moldea todo lo demás: el paso de hoy es el principio de un salto que debe retornarlos al poder en 2023, para lo cual habrá que transitar una peligrosa convivencia de dos años con el presidente Alberto Fernández y la destreza política de Cristina Kirchner, sobre todo en las decisiones económicas que juzgan necesarias para estas horas.
La oposición tiene acordado un plan de acción para atravesar la ventana que se acaba de abrir. La primera regla fue promovida por Elisa Carrió. Implica que ninguna figura del PRO, la UCR o la Coalición Cívica se sacará una foto en la Casa de Gobierno como sinónimo de apoyo a la gobernabilidad del Frente de Todos. Todo pasará por el Congreso.
Esa idea quedó por escrito en un reciente documento de Juntos por el Cambio. Incluso algunos halcones, como Patricia Bullrich, consideraron al principio que no era el momento de aplicarla, pero ahora todos la asumen como un mandamiento.
La misma lógica regirá en otros temas. Las discusiones por la economía se aceleraron en los últimos meses ante la evidencia del estado general del país. El gran articulador de esas ideas es el exministro Hernán Lacunza, que las trabaja en el ámbito de la Fundación Pensar (PRO). Recibió las ideas de la Fundación Alem (UCR), el Instituto Hannah Arendt (Coalición Cívica) y la Fundación Encuentro (del denominado peronismo republicano que lidera Miguel Pichetto).
Lacunza tiene diálogo con todo el arco económico de Juntos por el Cambio. Los nombres que sobresalen son los de Martín Tetaz, Martín Lousteau, Luciano Laspina, Guido Sandleris y el ala liberal representada por Ricardo López Murphy.
La inquietud por la economía va más lejos. Macri suele hablar con Alfonso Prat-Gay y mandarle mensajes a Sandleris, mientras que Patricia Bullrich tiene entre sus preferidos a Carlos Melconian y se reúne con otros liberales.
La primera regla de la oposición será no ayudar al Gobierno a salir de los problemas en los que Alberto Fernández y Cristina Kirchner se metieron solos. Hay muchos ejemplos, pero el mejor es quizás el dólar.
Este año la Casa Rosada atrasó el tipo de cambio para moderar el alza de la inflación. Pese a que los precios aumentaron, todavía falta ajustar el tipo de cambio, que para alcanzar la marcha reforzada del IPC debe subir unos 20 puntos. Ningún dirigente de Juntos por el Cambio se hará cargo de una devaluación, como sugieren el ministro Martín Guzmán, el gobernador Axel Kicillof o la propia vicepresidenta.
Hay más casos que ya están discutidos en los equipos técnicos que rodean a Macri, Larreta, Bullrich, Carrió y Cornejo. Es lo que sucede con las tarifas de servicios públicos, que reproducen la misma lógica que encapsuló al dólar. La oposición le delegará al Gobierno toda la responsabilidad por el atraso en los precios de la luz y el gas, los futuros aumentos en las facturas, el incremento en los subsidios a esos consumos o la destrucción de ambos servicios si nada de lo anterior ocurre.
Un vocero de diálogo privilegiado con los nombres mencionados más arriba lo puso en estos términos: Juntos por el Cambio no acompañará a Alberto Fernández para asumir parte del costo político del ajuste que no quiso hacer este año el Frente de Todos.
Los ganadores, en cambio, colaborarán con entusiasmo en otro terreno posible de la tarea legislativa. No sin cierta ambivalencia, dado que los orienta la generosidad (son decisiones que consideran buenas para el país) y el egoísmo (el resultado de esas medidas allanará el camino del que siga en la Casa de Gobierno después de 2023, pero casi no quitarán las piedras del que está hoy al mando).
El acuerdo en Juntos por el Cambio es avanzar ahora en todo lo que se pueda adelantar para que quede menos por hacer en la futura gestión presidencial. El tiempo es una variable clave en la oposición fortalecida. Quizá para no repetir los errores de 2015, cuando algunas de las decisiones más importantes se tomaron varios meses después de entrado el mandato, la Fundación Pensar aceleró en los últimos días los contactos para delinear el esqueleto de un programa de gobierno.
Las medidas que apoyará la oposición tienen un denominador común: deben mejorar la competitividad de la economía argentina. Por ejemplo, bajar impuestos. De la misma manera, las acciones que no cumplan con esa regla quedarán frenadas en el nuevo filtro que surgió de las elecciones. Dicho de otra manera: con la nueva composición del Congreso sería muy difícil aprobar la extensión del impuesto a las grandes fortunas que creó Carlos Heller, promovió Máximo Kirchner y abrazaron Alberto Fernández y el ministro de Economía, Martín Guzmán.
La advertencia de la vicepresidenta
Cristina Kirchner advirtió a la dirigencia opositora. Durante un acto en Lomas de Zamora, hace cuatro meses, le pidió a Juntos por el Cambio que le dijeran qué hacer con la deuda que el país tiene con el FMI. Para las cabezas de la oposición, se trataba de una emboscada política.
Del mismo modo, cada vez que de ahora en más un emisario del Frente de Todos toque a las puertas del otro lado recibirá una respuesta casi unívoca compuesta de pasos secuenciales: primero, la Casa Rosada debe ponerse de acuerdo entre todos sus integrantes, escribirlo en un papel que trascienda las declaraciones, validarlo ante el FMI y, finalmente, llevarlo al Congreso para discutirlo públicamente. Cumplir con esos requisitos implicaría explicar, por ejemplo, cómo se reducirá el déficit fiscal o transparentar cuál será el programa monetario y cambiario. Toda una provocación para un gobierno que hizo de no tener plan una de sus principales banderas.
Los economistas de Juntos por el Cambio coinciden en que la situación es objetivamente delicada. A esa base se le suma la incertidumbre con respecto a cómo va a digerir el Frente de Todos el estrés electoral.
Las reservas del Banco Central pierden US$1000 millones por mes, de manera que el colchón actual alcanzaría hasta diciembre. Hay una aclaración importante: con este tipo de cambio. Se sabe, el precio del dólar es eje de las peores profecías en una noche de derrota.
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