La corte del Distrito de Columbia dejó firme la sentencia que ordena al país pagar US$390 millones por la expropiación de Aerolíneas Argentinas

La corte del Distrito de Columbia dejó firme la sentencia que reconoce el fallo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) y el país deberá pagar US$390,9 millones a Titan Consortium por la expropiación de Aerolíneas Argentinas.

Según el escrito que dio a conocer en la red social X el director de Latam Advisors, Sebastián Maril, el tribunal dejó firme la sentencia que reconoce el fallo del Ciadi en otra jurisdicción (Estados Unidos) para poder iniciar el proceso de ejecución. “Se trata de una sentencia final, no apelable, al menos en los argumentos centrales, que es el tema de la expropiación”, agregó el especialista.

Titan acudió a los tribunales del Distrito de Columbia en 2021, después de que la Argentina no pagara el fallo del Ciadi de 2017, pero el país intentó desestimar la presentación bajo el argumento de que el reclamo era “extemporáneo” porque había superado el período de prescripción de tres años.

De acuerdo con Maril, el primero en acudir al Ciadi por la expropiación de la línea aérea fue el grupo Marsans, en 2008, pero quien ganó el juicio ocho años después fue Burford Capital (el mismo que en el caso YPF), que le había comprado los derechos a los españoles. Entonces, el Estado argentino pidió la anulación del fallo y, en ese momento, Burford le vendió el juicio a Titan por US$107 millones.

“Titan esperó a que el Ciadi dijera que no aceptaba el pedido de la Argentina y que tenía que pagar, pero el problema es que el Ciadi no tiene un mecanismo de ejecución de las sentencias. Generalmente, cuando hay un fallo en contra, se paga, pero la Argentina no pagó y Titan fue a la corte más cercana, en Columbia, ya que el Ciadi tiene sede en Washington, y le pidió que reconozca el fallo para obtener la ejecución y que empiece el embargo”, explicó.

LA NACION se comunicó con fuentes de la Procuración del Tesoro para saber si iban a apelar la sentencia, pero dijeron que no tienen comentarios para hacer al respecto por el momento. “Estamos respetando algunos tiempos legales y aguardando definiciones”, agregaron.

En tanto, el secretario de Transporte de la Nación, Franco Mogetta, criticó al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien esta semana dijo que el distrito se podría hacer cargo de la aerolínea de bandera si Nación no la quiere. “Miren lo que cuestan las genialidades de los estatistas y todavía hoy el gobernador de Buenos Aires sigue insistiendo en ese camino, la verdad que deberíamos concretar la idea de Javier Milei: crear el impuesto Kicillof, así lo pagan los adoradores de ideas ridículas que le cuestan fortunas al país”.

Por su parte, desde Aerolíneas Argentinas no hicieron comentarios.

La expropiación

El pase de manos de Aerolíneas Argentinas se realizó en medio de fuertes polémicas. El gobierno kirchnerista tomó la empresa y mandó un proyecto para declararla de interés público. Esa ley le entregó facultades al Ministerio de Planificación para que sea el ejecutor del Congreso. Con amplia mayoría, tanto Diputados como el Senado aprobaron el proyecto.

Luego se pidió al Tribunal de Tasaciones de la Nación que valuara los activos. Ese trabajo entregó un valor negativo de US$832 millones, muy lejos de los US$600 millones que decía Marsans que valía el grupo de compañías. Como las partes no se pusieron de acuerdo, poco después de la estatización se inició un juicio. Entonces, el Estado depositó un peso como valor simbólico y se hizo de la empresa.

Pocos días antes de la primera audiencia en el Ciadi, el juez en lo Contencioso Administrativo Federal Enrique Lavié Pico reconoció el derecho del Estado a la expropiación de acciones de las empresas Aerolíneas Argentinas y Austral Líneas Aéreas, que en 2008 estaban en poder de la firma Interinvest Sociedad Anónima.

El Estado tomó el control de la empresa y colocó primero como presidente a Julio Alak y, después, a Mariano Recalde. Finalmente, el Ciadi ubicó la vara más cerca de lo que pedía Marsans que de lo que estableció aquel Tribunal de Tasaciones.

El juicio empezó formalmente el 3 de marzo de 2014, cuando arrancaron las audiencias en el Banco Mundial. Fueron 15 días que terminaron con los alegatos de cada una de las partes.

Poco después de aquella batería de audiencias en Washington, la defensa de la Argentina, comandada por la procuradora general del Tesoro, Angelina Abbona, y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), denunciaron a Marsans por vender el reclamo en el Ciadi a un fondo llamado Burford Capital, el mismo que litiga en el caso contra YPF.

La Argentina transitó el proceso de defensa con varios argumentos complicados de probar. El principal es que en varias oportunidades confundió la naturaleza jurídica de la empresa. Por caso, Aerolíneas Argentinas, más allá de la relación directa que tiene con el mundo aeronáutico del país, era una empresa privada, una sociedad anónima, no una concesión de servicio público.

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