La CNV creó un registro para empezar a regular a las empresas de criptomonedas

Tras años de grises normativos en la industria de las criptomonedas, este lunes la Comisión Nacional de Valores (CNV) empezó el camino de las regulaciones. En esta primera instancia, tanto las personas como las empresas deberán registrarse ante la institución para poder seguir operando, aunque el camino de cara a los próximos meses es la creación de una licencia y un marco normativo que respalde a los inversores.

De acuerdo con la Resolución General 994/2024, publicada esta madrugada en el Boletín Oficial, tanto las personas humanas como jurídicas que proveen en el país servicios relativos a criptomonedas deberán inscribirse en el Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV). El plazo previsto será de 45 días; de no registrarse, no podrán operar más en la Argentina.

Fue una decisión que tuvo que tomarse e implementarse a contrarreloj. A comienzos de este mes se llevó adelante la cuarta ronda de evaluación en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (PLA/FT) del Grupo de Acción Financiera Internacional (GDFI), que finaliza este martes 26 de marzo.

En la Recomendación 15, la entidad había pedido de mínima que la Argentina tenga un registro de proveedores de servicios de activos virtuales (que incluye a las criptomonedas). Así se evitaría que el país entre en la “lista gris”, en la cual se identifica a las jurisdicciones con riesgo de lavado de dinero. Dos semanas atrás, el Congreso aprobó que la CNV sea la encargada de llevar adelante la inscripción y regulación de las cripto plataformas.

“A esta altura, el fin del registro es identificatorio, para poder cumplir con las recomendaciones de la GAFI. En la etapa dos vendrá la supervisión y probablemente el registro se convierte en una licencia, pero no hay fechas previstas. Nos tomaremos el tiempo para escuchar a la industria y entender este mundo que todavía está inexplotado. Queremos que la decisión sea lógica, que no mate al mercado y que proteja a los inversores, que es la razón fundamental de la CNV”, dijo el presidente del ente, Roberto Silva, en diálogo con LA NACION.

El registro de proveedores no afectará a los usuarios. Las billeteras pasarán a ser sujetos obligados, sometida a las obligaciones establecidas en las leyes de Prevención de Lavado y Contra el Financiamiento del Terrorismo, para lo cual deberán tener un registro de sus usuarios e informar a la Unidad de Información Financiera (UIF) si detecta la existencia de operaciones sospechosas.

El registro comprende a todos quienes utilicen páginas web, redes sociales u otros medios, y que direccionen su oferta o publicidad a sujetos residentes en la Argentina. En el caso de las empresas extranjeras, como la plataforma Binance, abarcará a aquellas que tengan un volumen de negocios en el país que exceda el 20% de su volumen total de negocios o que utilicen cualquier tipo de tecnología que les permita recibir localmente fondos para operar.

Únicamente quedarán exceptuados de la obligación del registro aquellas personas o empresas que no superen, de manera agregada, un monto equivalente a 35.000 UVA (unidad de valor que ajusta por inflación) mensuales. Hoy este monto es equivalente a $26 millones o US$32.000 por mes. El resto de los operadores deberá inscribirse y completar un formulario con la información y documentación requerida.

“Hoy se publicó en el Boletín Oficial la reglamentación de la ley que indica que todas las empresas que presten servicios de activos virtuales deben registrarse ante la CNV. Dos aclaraciones importantes: el registro habilita la inscripción de empresas que operan con sociedades argentinas o extranjeras; y dos, Lemon, como otras empresas del sector, opera hace años con licencia de otro país para proveer servicios Por eso, no habrá cambios por el momento. Los activos virtuales siguen custodiados como hasta ahora”, resaltaron desde la plataforma cripto Lemon.

En los próximos meses, desde la CNV afirmaron que continuarán con el proceso regulatorio y la determinación de los parámetros y regímenes informativos para la prestación de servicios por parte de los Proveedores de Servicios de Activos Digitales. Es un trabajo que se dará coordinadamente junto con los distintos actores del sector público y privado.

“El objetivo de la Cámara Fintech es encontrar una reglamentación que tenga en el centro la protección de los usuarios, un adecuado enfoque de riesgo y un período de adecuación de 18 meses, del mismo modo que se hizo en otros países. Este proceso debe incluir una correcta coordinación entre la UIF, la CNV y el Banco Central, para asegurar que el ingreso a las plataformas -las llamadas ‘rampas’- y otros movimientos de dinero fiat no sufran demoras ni haya inconvenientes que afecten a los usuarios”, expresaron desde la Cámara Argentina Fintech.

En paralelo, desde la entidad que reúne a los principales jugadores del mercado celebraron la regulación. No obstante, agregaron que un exceso de regulación o de carga fiscal podría implicar “la paradoja de una mayor informalidad” y una tendencia a operar en plataformas extranjeras o que se encuentren desreguladas.

“Eso iría en contra de los objetivos pregonados por la normativa y afectando gravemente a la industria y a los usuarios de las más de 10 millones de cuentas de activos virtuales que usan para pagar, ahorrar e invertir su dinero, como a los PSAV, y posicionar al país como líder global en regulación cripto”, cerraron.

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