La caída del poder de compra de los salarios, cercana al 9% en dos años

Entre junio de 2019 y ese mes de este año, el poder de compra de los salarios cayó, en promedio, un 8,9%. La pérdida llegó a 12,6% en el mercado informal, en tanto que para los asalariados del sector privado registrado la baja de los ingresos en términos reales fue de 6,3% y para los estatales, 11,2%. Esos números surgen de cruzar los índices salariales difundidos por el Indec con los de la evolución de precios al consumidor. Si se considera solo el último año, siempre al mes de junio, la reducción del salario real fue de 4,8% en el indicador general, de 6,9% en el segmento de trabajadores no registrados, de 6,5% en la administración pública, y de 3% en el sector privado formal.

La pérdida de salario real estimada para los empleados registrados del sector privado utilizando las cifras del Indec no es muy lejana a la que resulta de observar la variación que tuvo la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte). El dato de junio le asigna a esa variable un valor de $84.513,57, un 44,8% superior a los $58.361,93 de igual mes de 2020.

Frente a una inflación de 50,2%, los números citados en el párrafo anterior indican que este año se pudo comprar un 3,6% menos que en 2020. Dicho de otra forma: si en el primer momento de la comparación una persona tenía ingresos por $100 y con eso compraba bienes y servicios que valían también $100, y si ahora esos productos tienen un precio total de $150,2 y el ingreso pasó a ser de $144,8, entonces se podrá comprar un 96,4% de lo que podía adquirirse en el punto de partida.

Ese mismo indicador, el Ripte –difundido por la Secretaría de Seguridad Social–, se duplicó e incluso algo más (creció un 103,2%), medido en pesos corrientes, entre junio de 2019 y el sexto mes de este año. Sin embargo, como la inflación en ese lapso fue de 114,4%, resulta que el ingreso de este año, que nominalmente es el doble del de 2019, sirve ahora para comprar un 5,2% menos.

Las comparaciones consideran el índice de precios al consumidor nacional, que incluye los bienes y servicios que el Indec determina en su metodología y que es un parámetro en el que no todos podrían verse reflejados. Cada hogar tiene, lógicamente, sus propios estándares de consumo, más allá de las diferencias que podrían suponerse que existen a grandes rasgos en función del nivel socioeconómico.

Los trabajadores del sector informal de la economía, o al menos un grupo de ellos, bien podrían definirse como la contracara, dentro del universo de ocupados, de los que están considerados para la construcción del Ripte (quienes, además de estar registrados, son declarados por sus empleadores por al menos 13 meses en forma continua, es decir que tienen cierta estabilidad). En el sector privado no registrado, en este caso nuevamente según el índice difundido por el Indec, hubo en dos años una caída del salario real de 12,6%, en tanto que la disminución llega a 22,7% si se tiene en cuenta lo acumulado en los tres últimos años.

Un dato más: si se observa solo lo ocurrido en el primer semestre de este año, los ingresos de los no registrados –que quedan al margen de las negociaciones paritarias que tomaron mayor ritmo en un año electoral– aceleraron su caída y perdieron un 9,3% en términos reales.

Y, si se considera la evolución del costo de la canasta básica de consumo que se usa para definir el umbral de la pobreza, entonces la caída del poder de compra para los informales, desde marzo de 2018 y hasta junio de 2021, fue de alrededor de 33%, según un informe de la consultora Idesa. Ese estudio advierte que la inflación, principalmente la asociada a los productos más básicos, es una “poderosa fábrica de pobres”.

Y señala que en reducir los niveles de alzas de precios es donde más debería poner el foco la política, si pretende aliviar los índices de la realidad social, en lugar de concentrarse en planes sociales o en programas de conversión de esos planes en empleos genuinos, en el contexto de una economía que, por sus problemas –como la inflación, justamente–, no genera ocupaciones formales de calidad, menos aún para personas que tienen baja calificación laboral.

Sin estabilidad

Más allá de que son los más afectados por la caída del poder de compra, los informales están generalmente más expuestos a la falta de continuidad en sus ingresos. Eso se evidenció con fuerza el año pasado, durante la cuarentena dispuesta por el Poder Ejecutivo. En el segundo trimestre de 2020, la fuerte caída del índice de empleo fue acompañada por una también pronunciada baja del porcentaje de asalariados sin aportes.

Lo que hubo detrás de eso fue un pase de miles de trabajadores a la situación de inactividad laboral, al menos en forma temporaria (no pasaron a ser parte de los desocupados porque no declararon estar buscando un puesto, algo lógico por el contexto de restricciones). La tasa de actividad –porcentaje de la población que declara tener ocupación o estar buscando una– se recuperó parcialmente desde el 38,4% del segundo trimestre de 2020, y en los tres primeros meses de 2021 fue de 46,3%, más de un punto por debajo respecto del promedio que tuvo en 2019 y en la primera parte del año 2020.

Algo similar pasó con la tasa de empleo: tuvo una recuperación, pero sin llegar a los niveles previos a la pandemia y con una variación del número de puestos que solo fue positiva, en la comparación interanual entre los primeros trimestres de 2020 y 2021, en el caso de los asalariados del sector público y de los monotributistas, según un análisis publicado por la Cátedra Unesco del Instituto Torcuato Di Tella.

Claro que ese problema no se limita al corto plazo: según los registros del Sistema Integrado Previsional Argentino, hoy hay menos asalariados aportantes que 10 años atrás.

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