La basura porteña, un negocio que salta la grieta

La recolección de basura se lleva en casi todos los distritos del mundo el mayor presupuesto. Lo suficiente para captar la atención de quienes tienen o quieren tener algo que ver con el asunto, desde contratistas privados hasta funcionarios o jefes de campaña, con una excepción general: a menos que el camión no pase y entonces empezarán las quejas, los vecinos son los menos enterados de lo que pasa. Este universo de paradojas políticas donde lo más preciado terminan siendo los desechos agrega en la ciudad de Buenos Aires una particularidad: es desde hace años un ámbito de convivencia entre el jefe de Gobierno y dirigentes de la oposición que van desde Pablo Moyano o Claudio “el Chiqui” Tapia hasta Juan Grabois. Decidido a seguir saltando la grieta, Horacio Rodríguez Larreta acaba de extender por cuatro años más, hasta 2028, las concesiones de las seis empresas que trabajan en el territorio.

Fue una decisión política y, al mismo tiempo, presupuestaria, que la ciudad de Buenos Aires tomó por las restricciones que le insumió la quita del 1,18% de coparticipación con la Casa Rosada, pleito que debe resolver la Corte, y a cambio de una rebaja en los montos varios contratos. Entre ellos, luminarias, asfalto, y mantenimiento de espacios verdes, drenajes y hospitales. El instrumento para hacerlo fue el artículo IV de la ley de emergencia económica porteña, sancionada en mayo de 2020, que faculta a modificar contrataciones. Hace pocos días, en una reunión de gabinete de la que participó Mauricio Macri como invitado, los funcionarios de la ciudad le dijeron que habían atenuado en un 20% la quita en coparticipación gracias a esas prórrogas. Serán además varias discusiones menos para 2023, año electoral, y más específicamente en un sector sensible por los fondos que representa: la Capital Federal destinará este año a la recolección de residuos $54.000 millones (unos US$450 millones al cambio oficial), es decir, 5,5% de su presupuesto.

Rodríguez Larreta administra el distrito con la misma premisa que parece estar insinuando para su proyecto presidencial: no dejar a casi nadie afuera. Hace pocos días, en un acto de La Generación Argentina, la agrupación juvenil de Juntos por el Cambio, el jefe de gobierno hizo un pronóstico: dijo que la oposición ganaría las elecciones de 2023, pero que se requeriría para entonces un consenso político “mucho más amplio, pero no con todos: con el kirchnerismo y la izquierda no nos vamos a poner de acuerdo nunca, no hay manera”. Habrá que ver quiénes son y de qué se visten los kirchneristas de 2023.

Hasta ahora, los contratos y el reciclaje de basura han obligado a Rodríguez Larreta a interactuar permanentemente con dirigentes de sectores igual o más díscolos que varios del Instituto Patria. Por ejemplo, con Marcelo Aparicio, secretario gremial del Sindicato de Camioneros, o Grabois, del Movimiento de Trabajadores Excluidos, muy presente en la etapa del reciclaje. “Ideológicamente, estoy en las antípodas de Larreta, pero para mí estaría bárbaro que pudiera ser el jefe de Gabinete de Cristina”, llegó a decir en 2018 a la revista Noticias el líder del Frente Patria Grande.

La Capital Federal es al respecto un vasto territorio de oportunidades para todos. Está dividida en siete zonas de recolección donde trabajan el Ente Higiene Urbana, una especie de firma estatal testigo, y seis contratistas privadas: Aseos y Ecología SA, del grupo francés Veolia; Cliba, de Roggio; Nittida, del grupo Emepa (Gabriel Romero); Solbaires, de Pescarmona; la unión transitoria de empresas conformada por Ashira (Eduardo García) y Martin y Martin (Jorge Martín), y Urbasur (de la española Urbaser). Son ellas las encargadas de recoger lo que el sector conoce como húmedos y orgánicos y se deposita en 29.000 contenedores negros hasta el Ceamse, que preside Mónica Cappellini, una dirigente de confianza de Jorge Ferraresi, actual ministro de Desarrollo Territorial de Hábitat de la Nación y exintendente de Avellaneda. Dicen que quien recomendó a Tapia para la vicepresidencia del organismo fue en su momento otro hombre de peso en la Capital Federal, Diego Santilli. El resto de la basura, los reciclables, quedará en 5000 contenedores verdes ubicados a no más de 150 metros el uno del otro, y tendrá otro proceso.

El gobierno porteño le da tanta importancia a la cuestión que no circunscribe su manejo solo a Clara Muzzio, ministra de Espacio Público, sino que la causa en general se maneja desde lo más alto del poder porteño. El último gran jefe fue Santilli, pero también lo condujo Eduardo Macchiavelli, hoy abocado al proyecto Rodríguez Larreta 2023.

Los contratos con las empresas están basados en la ley Basura Cero, sancionada en 2005 durante el gobierno de Aníbal Ibarra, e incluyen un artículo, el 39, que obliga a las contratistas a destinar 3% de la facturación a campañas de concientización de reciclaje, todas ellas elaboradas desde hace 18 años por la misma agencia de publicidad, Delta Marketing Líquido, una empresa que tiene a la recolección de basura como el contrato más importante y tres dueños: Carlos Gorosito, un exmontonero que estuvo preso durante seis años y medio en los 70 y que trabajó en los 90 en la Secretaría de Comunicaciones que conducía Germán Kammerath; Benjamín Vijnovsky, exgerente del grupo Meller, y el publicista Gastón Sokolowicz.

Ese contrato con Delta insumirá este año unos $1620 millones después de impuestos y es probablemente el punto más curioso del tema: quienes eligen y le pagan a la agencia son las empresas privadas, pero todo bajo las directivas de la administración estatal porteña, que diseña la estrategia. ¿No debería entonces mediar un concurso público? ¿Las seis empresas eligen todos los años el mismo proveedor? ¿Quién audita el gasto publicitario? En el gobierno de Rodríguez Larreta afirman que la elección de Delta fue una decisión de las compañías, que viene de la época de Aníbal Ibarra y que el Estado no tiene nada que ver. Entre los privados no son muy específicos respecto de quién inició el acercamiento, pero aclaran que es el modo más cómodo de cumplir con las campañas que les exige el pliego porque, de lo contrario, sería caótico ponerse de acuerdo.

Consultado, Sokolowicz, presidente de Delta, dice que el vínculo surgió en 2003, durante el gobierno de Ibarra, con las empresas Cliba y Emepa, y que se formalizó en 2005 a cinco contratistas en una compulsa que tuvieron con la agencia de la publicista Doris Capurro. “El presupuesto de las empresas es privado, más allá de que tenemos que coordinar la campaña con el gobierno”, dice Sokolowicz, que aclara que tienen varios clientes y que se les paga mitad al contado y mitad a 120 días. “La agencia gasta todo en campañas. Si hay un lugar donde se trabaja de manera transparente es acá -advierte Gorosito-. Nosotros no le prestamos servicio a la ciudad, no nos paga la ciudad, sino estas seis empresas. Y a veces estamos en la cola de los proveedores porque la prioridad es, por ejemplo, cambiar cubiertas”.

El otro costado de la recolección es el reciclado. En ese universo, donde intervienen 12 cooperativas y 6613 recuperadores urbanos (cartoneros), el gran protagonista es Grabois. A través de dos cooperativas, el dirigente del Movimiento de Trabajadores Excluidos le da trabajo al 40% de los recuperadores, que reciben del gobierno porteño una doble remuneración: $30.500 por mes de incentivo y $2400 en concepto de productividad.

Las ganancias de las cooperativas se reparten según el criterio de quienes las conducen: hay quienes prefieren reinvertirlas en máquinas recicladoras para aportar valor agregado y cobrar más, y los que prefieren darlo como remuneración a más trabajadores. En el entorno de Rodríguez Larreta dicen que el modelo de Grabois es el segundo, y que la ventaja de tratar con él es que gestiona seriamente y de manera transparente. “Piensa viejo, pero es un tipo interesante”, dijo alguien que lo trata con frecuencia.

Otra de las referentes del sector, Cristina Lescano, de la cooperativa El Ceibo, que murió hace pocos días, era partidaria de invertir en máquinas. En la ciudad admiten que, de todos modos, el gobierno porteño mismo podría hacer ese reciclaje más barato y a mayor velocidad, pero que, aun así, optan por este sector. “Elegimos la función social por sobre la eficiencia”, dicen. Para Rodríguez Larreta, no hay administración sin política.

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