La Argentina tiene que pagar una suma millonaria en juicios por estatizaciones del kirchnerismo
Los procesos incluyen las expropiaciones de YPF y Aerolíneas Argentinas, el default de la deuda en 2001 y la emisión de los bonos atados al producto bruto interno (cupón PBI)
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La Argentina acumula varios fallos en contra en las cortes internacionales, que implican un costo de al menos US$18.100 millones que en algún momento el Estado deberá pagar. Los procesos incluyen las expropiaciones de YPF y Aerolíneas Argentinas, el default de la deuda en 2001 y la emisión de los bonos atados al producto bruto interno (cupón PBI).
Aerolíneas Argentinas
Esta semana, la Corte del Distrito de Columbia de Estados Unidos obligó a la Argentina a que cumpla con la el fallo en contra que tuvo en el Ciadi -el tribunal arbitral del Banco Mundial- a raíz de la expropiación de Aerolíneas Argentinas y Austral, ocurrida en 2008.
En 2019, el Ciadi (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones) rechazó el pedido de nulidad que había presentado la Argentina, luego de que en 2017 condenara al Estado argentino a desembolsar más de US$320 millones más intereses al fondo Titan Consortium.
Este fondo logró demandar a la Argentina luego de que le comprara el derecho a hacerlo por US$107 millones al fondo inglés Burford (el mismo que litiga contra la Argentina por la expropiación de YPF), que, a su vez, se lo había comprado a la empresa española Teinver, dueña del grupo Marsans, después de que entrara en quiebra.
Titan llevó el caso al distrito de Columbia, que es la corte que tiene jurisdicción exclusiva sobre cualquier acción relacionada con fallos del Ciadi, cuando en el tribunal del Banco Mundial ya no quedan más instancias para seguir apelando.
Bonos en default desde 2001
La deuda soberana que entró en default luego de la crisis de 2001 sigue siendo un dolor de cabeza para la Argentina. La jueza Loretta Preska, del Distrito Sur de Nueva York, ordenó al Estado a pagar US$142 millones a 12 fondos institucionales que litigaron contra el país.
Pese a los canjes de deuda ofrecidos en 2005, 2010 y 2016, hubo una serie de fondos –más conocidos como holdouts– que compraron aquella deuda en default para demandar al país. Representan menos del 3% del total de tenedores de deuda argentina que quedó remanente luego de los sucesivos canjes.
El año pasado, la jueza Preska había ordenado el embargo de activos argentinos por US$95,8 millones para afrontar el pago al fondo Bainbridge Fund, que había ganado el mismo litigio. El dinero embargado pertenecía a una cuenta que tiene el Banco Central (BCRA) en la Reserva Federal (Fed), con fondos que se utilizaron en su momento como colateral para garantizar el pago de los bonos Brady. Estos títulos, emitidos en la década del 90, fueron parte del programa de reestructuración que lanzó el entonces secretario del Tesoro estadounidense, Nicholas Brady, para descomprimir la deuda de los países de la región.
Expropiación de YPF
En la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York se lleva adelante la revisión de la sentencia en primera instancia que declaró inocente a YPF, pero falló en contra de la Argentina por el juicio por la expropiación de la petrolera. Esa decisión la obliga a pagar una indemnización por US$16.100 millones más intereses.
Mientras que el Estado Nacional busca revertir la sentencia en contra de primera instancia, YPF espera que se confirme que no tuvo responsabilidades durante el proceso de estatización del 51% de las acciones que estaban en manos de la española Repsol, en 2012.
El argumento principal de la Argentina se centra en que el juicio nunca se tendría que haber realizado en las cortes de Estados Unidos, pese a que YPF es una empresa internacional que cotiza en la Bolsa de Nueva York.
Los fondos demandantes Burford Capital y Eton Park ganaron en primera instancia contra el Estado argentino al argumentar que el gobierno de Cristina Kirchner no lanzó una oferta pública de adquisición sobre el total de las acciones, como dice el estatuto de la petrolera, cuando expropió el 51% y tomó el control de la compañía. A YPF, en tanto, la acusaban de no haber obligado al Estado, como nuevo accionista, de hacer cumplir su estatuto.
Los distintos abogados de la Argentina dijeron que el derecho de expropiación está por encima de cualquier estatuto empresarial y que, en todo caso, el juicio debería llevarse a cabo en tribunales locales.
La defensa de YPF, por su parte, se centró en que la empresa no tiene responsabilidad en obligar a sus accionistas a hacer cumplir su estatuto. En primera instancia fue eximida, pero los fondos apelaron esta decisión.
Bonos cupón PBI
El Tribunal de Apelaciones de Londres le rechazó este año al país la posibilidad de apelar el fallo en contra de primera instancia por el juicio llamado “cupón PBI”. El Estado argentino debe pagar por daños e indemnizaciones una suma de 1330 millones de euros (US$1443 millones) más intereses.
El Tribunal Superior de Londres le había dado la razón en abril pasado a los cuatro fondos demandantes: Palladian Partners, HBK Master Fund, Hirsh Group LLC y Virtual Emerald International Limited. El Estado fue acusado de perjudicar a los inversores cuando modificó la manera de calcular el producto bruto interno (PBI), que derivó en que se paguen menos intereses de deuda, en 2013, por los bonos “cupón PBI” emitidos en 2005 para canjear la deuda que había quedado en default en 2001.
A fines de marzo, el Estado presentó una garantía de US$337 millones para apelar, que era la condición que había impuesto el tribunal de segunda instancia. Menos de dos meses después, el Tribunal de Apelaciones confirmó el fallo de primera instancia al rechazar tratar el caso.
Los fondos HBK Master Fund, Hirsh Group, Virtual Emerald International y Palladian Partners habían presentado una demanda en 2019 por presuntas pérdidas vinculadas con un cambio en el método de calcular el PBI, con el cual sus bonos estaban atados.
El cupón atado al PBI se usó como anzuelo para obtener una mayor quita de deuda en el canje de 2005, que estuvo liderado por el entonces ministro de Economía, Roberto Lavagna, y su secretario de Finanzas, Guillermo Nielsen, hoy embajador en Paraguay. Este instrumento financiero estipuló que la Argentina debía pagarles intereses a los bonistas cuando la Argentina creciera anualmente más de 3%, hasta 2035. El país no paga el bono desde 2011, cuando dejó de crecer.
LA NACION
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