“La Argentina estuvo fuertemente afectada por la sequía”: los argumentos de la defensa en el último día del juicio por la expropiación de YPF

“Ha sido un placer, gracias a todos”. Así dio por concluido la jueza Loretta Preska, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, el juicio de tres días que se llevó adelante en Estados Unidos para determinar cuál será la indemnización que la Argentina deberá pagar por la expropiación del 51% de las acciones de YPF, en 2012. En el escenario más optimista, el Estado pagará US$$4920 millones. En el peor de los casos, el monto llegará a los US$16.050 millones. La cifra final se conocerá a partir de septiembre, pero no hay una fecha confirmada.

En el último día del juicio, cada una de las partes hizo una conclusión de sus argumentos. LA NACION siguió los alegatos a través de una conference call que se puso a disposición.

La defensa argentina, comandada por el buffet Sullivan & Cromwell LLP, volvió a ratificar que el día oficial de la estatización de YPF ocurrió el 7 de mayo de 2012, cuando el Congreso aprobó la ley de expropiación del 51% de las acciones de la petrolera española Repsol.

Los representantes de los fondos Burford Capital y Eton Park, por su parte, insistieron en que Repsol quedó sin el control de YPF el 16 de abril de 2012, cuando el Estado decretó la intervención en la petrolera y nombró al entonces viceministro de Economía, Axel Kicillof, y el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, como interventores.

“La intervención no le daba poderes a los interventores de designar o echar a los directores, o de autorizar un reparto de dividendos. Durante la intervención temporaria, Repsol podría haber vendido sus acciones y no lo hizo. El verdadero control del Estado sobre YPF fue cuando el Congreso argentino votó la expropiación con una mayoría de dos tercios”, dijo Robert Giuffra, el abogado estadounidense que representó a la defensa y que aclaró sentirse “orgulloso de representar a las personas de la Argentina”.

Los demandantes hicieron foco en que Repsol se quedó sin poder tomar decisiones antes del 7 de mayo, el 16 de abril, y que así lo entendió también el mercado financiero. “Luego de que la Argentina anunciara la intervención, las acciones de YPF en la Bolsa de Nueva York (NYSE) dejaron de cotizar por un día y medio. Cuando volvieron, el precio de la acción estaba casi 40% por debajo de su valor anterior. Los inversores entendieron que el Estado argentino estaba al control”, dijo Paul Clement, exprocurador general de Estados Unidos y abogado designado para hablar en representación de Burford y Eton.

Los demandantes también hicieron hincapié en el diseño del estatuto que presentó YPF en 1993, cuando comenzó a cotizar en NYSE. “Había un presidente que estaba a favor de las privatizaciones y quería restablecer un nuevo compromiso con los inversores. Por eso escribieron un estatuto que les permitía a los inversores confiar de nuevo. Si hubieran sabido que la ley argentina estaba por encima del estatuto, no hubieran invertido US$1100 millones en YPF en ese entonces”, dijeron.

Para los abogados de Burford y Eton, “no fue casual que la Argentina avanzara con la expropiación un año después de que se descubriera uno de los reservorios más grandes del mundo”, haciendo referencia a Vaca Muerta.

“La Argentina tomó control directo e indirecto de YPF el 16 de abril con la declaración de la intervención. Y sabían muy bien lo que hacían”, agregaron, y citaron la declaración de Kicillof en el Congreso, cuando se trató la ley de expropiación: “Los tarados son los que piensan que el Estado tiene que ser estúpido y comprar todo según el estatuto de YPF”.

La tasa de interés que se deberá tomar en cuenta también fue debate de discusión. Mientras que los demandantes piden que se aplique una tasa punitoria de 8%, la defensa argentina insiste en que los fondos ya ganaron mucho dinero con el juicio y que la tasa debe ser 0%.

“La Argentina tiene problemas económicos. Este año fue afectada por una fuerte sequía y tiene pocas reservas disponibles. ¿Van a profundizar los problemas de los argentinos? Esta es la realidad. Cuando se compara lo que están pidiendo, es mucho comparado con el presupuesto que tiene el país en salud o en obras de agua potable”, dijo Giuffra, socio de Sullivan & Cromwell, quien contó que tiene un cuñado argentino.

La defensa insistió en que Burford compró el derecho a demandar a la Argentina por 15,1 millones de euros (US$16,6 millones) y ahora podrá ganar, como mínimo, US$5000 millones. “Ya ganaron demasiado. No nos olvidemos que son especuladores que compraron la quiebra de Petersen y ahora nos quieren sacar millones y millones”, dijo.

Las empresas Petersen, fundadas en España por la familia Eskenazi, dueña también del Banco de Santa Cruz, habían comprado el 25% de las acciones de YPF a través de créditos que habían obtenido por parte de un grupo de bancos europeos, que se iban a devolver con las utilidades de las acciones. Cuando la Argentina tomó el control de YPF, se suspendió el cobro de dividendos y las empresas quebraron en España.

“La Argentina, en mi opinión, estuvo más flojo en términos de la fecha en la cual tomó adquisición del control de las acciones de Repsol, y para mí esa parte la van a ganar los demandantes. La jueza Preska va a decir que el 16 de abril es la fecha correcta. No estoy tan seguro que los demandantes tengan tanta suerte de convencer a la jueza del 8% de la tasa de interés. Lo más probable es que la jueza vaya más abajo, como quiere la Argentina”, opinó Sebastián Maril, director de Research for Traders, quien estuvo en Nueva York siguiendo el caso de manera presencial.

En cuanto a la fecha en la cual Preska decidirá el monto de indemnización final, Maril cree que la jueza se tomará su tiempo para publicar el fallo. “Hay muchos detalles, muchas pruebas, muchos testimonios, mucho que comentar y evaluar con sus ayudantes. Preska es lenta para decidir, no porque sea vaga, sino porque es muy cuidadosa con lo que escribe y los argumentos que pone. No sabemos si habrá un fallo antes de la elección de octubre, tal vez en septiembre. Ella va a decidir una indemnización entre US$4999 millones y US$16.100 millones. Cualquier cosa en el medio es lo que vale”, concluyó Maril.

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