La Argentina deberá pagar 1330 millones de euros por el juicio del cupón PBI en Londres

La Argentina tuvo un nuevo traspié en las cortes internacionales, luego de que el Tribunal de Apelaciones de Londres le rechazara al país la posibilidad de apelar el fallo en contra de primera instancia por el juicio llamado “cupón PBI”. De esta forma, deberá pagar por daños e indemnizaciones una suma de 1330 millones de euros (US$1443 millones) más intereses.

En abril del año pasado, el Tribunal Superior de Londres le dio la razón a los cuatro fondos demandantes, Palladian Partners, HBK Master Fund, Hirsh Group LLC y Virtual Emerald International Limited. El Estado fue acusado de perjudicar a los inversores cuando modificó la manera de calcular el producto bruto interno (PBI), que derivó en que se paguen menos intereses de deuda, en 2013, por los bonos “cupón PBI”, emitidos en 2005, para canjear la deuda que había quedado en default en 2001.

A fines de marzo, el Estado presentó una garantía de US$337 millones para apelar, que era la condición que había impuesto el tribunal de segunda instancia. Menos de dos meses después, el Tribunal de Apelaciones confirmó el fallo de primera instancia al rechazar tratar el caso.

“Estamos en condiciones de decir que hay que pagar 1340 millones de euros más intereses, de los cuales ya hemos pagado US$337, por el depósito de una garantía como condición para apelar. Esa garantía venció hoy y vuelve ahora a los beneficiarios que empiezan a cobrar como consecuencia de este fallo adverso. Apelar a la Corte Suprema de Inglaterra y Gales es una decisión incorrecta porque no va a tomar este caso porque no aplica a los intereses nacionales. Motivo por el cual se vienen momentos complicados para el Gobierno, no por culpa de ellos, sino por culpa de administraciones anteriores que ahora van a tener que solucionar”, dijo Sebastián Maril, director de Research for Traders, y quien sigue de cerca los juicios del país en el exterior.

En marzo, el Gobierno creó por decreto el “Fideicomiso Especial de la República Argentina – 2024″, en Nueva York, para constituir a través de este instrumento una garantía por US$337 millones. “Si bien entiendo y comprendo el impacto que cualquier carga financiera adicional tendrá en una economía en dificultades, no me convencen las pruebas ni los argumentos sobre un daño irremediable a la población”, argumentó el juez Stephen Phillips, cuando pidió la garantía para apelar.

Los fondos HBK Master Fund, Hirsh Group, Virtual Emerald International y Palladian Partners habían presentando una demanda en 2019 por presuntas pérdidas vinculadas con un cambio en el método de calcular el PBI, con el cual sus bonos estaban atados.

El cupón atado al PBI se usó como anzuelo para obtener una mayor quita de deuda en el canje de 2005, que estuvo liderado por el entonces ministro de Economía Roberto Lavagna y su secretario de Finanzas, Guillermo Nielsen, hoy embajador en Paraguay. Este instrumento financiero estipuló que la Argentina debía pagarles intereses a los bonistas cuando la Argentina creciera anualmente más de 3%, hasta 2035. El país no paga el bono desde 2011, cuando dejó de crecer.

La demanda contra la Argentina se centró en el cambio de la base del cálculo del nivel de la economía (PBI), realizado en 2014. El ministro era Axel Kicillof. La anterior base de cálculo era de 1993 y contenía una canasta de productos que cada un plazo de tiempo es necesario actualizar. Al hacerlo, la estimación del PBI de 2013 fue menor a la que se proyectaba con la anterior canasta de productos, lo que derivó en los conflictos judiciales con los inversores.

Tras esa modificación, el Indec informó que la Argentina creció menos de 3,22% del PBI ese año, cuando previamente, con la anterior base de cálculo de 1993, había crecido 4,9%. En ese entonces, el gobierno de Cristina Kirchner se ahorró de pagar más de US$3600 millones de intereses.

El fallo de primera instancia argumentó que el cambio en la metodología aplicado en su momento en el cálculo del PBI por el Indec provocó pérdidas para los tenedores de bonos y determinó que los bonos deberán recibir intereses calculados desde diciembre de 2014 en adelante.

Según la postura de los abogados de la Argentina, la modificación en el cálculo del PBI –que comenzó a tomar como base de cálculo al año 2004 en lugar de 1993– fue necesaria para crear un plan de pago de deuda que sea sustentable para el país. “Sin los cambios, los retornos de los cupones se ajustarían según un parámetro desactualizado del crecimiento de la economía, sin vínculo con la expansión real del país”, indicaron.

En cambio, los cuatro fondos argumentaron que Argentina que se debía usar el cálculo antiguo para medir el PBI para los pagos que se realicen hasta 2035, según afirmó Aidan O´Rourke, de la firma de abogados Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, que los representa.

En paralelo, la Argentina enfrentaba otro proceso similar en Nueva York, aunque el 30 de marzo pasado, la jueza Loretta Preska, del Distrito Sur de Nueva York, dictó sentencia sumaria a favor de la Argentina, rechazó la demanda y cerró el caso porque consideró que los demandantes no habían satisfecho los requisitos contractuales indispensables para presentar la demanda. Los demandantes notificaron que van a apelar. Son los fondos Aurelius, Novoriver, ACP Master, 683 Capital Partners, Adona y APE Group SPA.

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