La AFIP cambió la forma de calcular un impuesto a los cigarrillos y puso a una tabacalera en pie de guerra

Se trata de un cambio sutil, pero sustancial, para la feroz pelea que hay detrás del precio de los cigarrillos. Una nueva manera de cargar los impuestos al tabaco que determinó la AFIP, por pedido de la Corte Suprema, podría generar un enorme impacto en varias tabacaleras locales. Sucede que, desde 2016, varias fabricantes locales no pagan el tributo más importante que se cobra en la industria y que le impidió al Fisco hacerse de, al menos, 40.000 millones de pesos.

La consecuencia del cambio es simple: se termina la exención, el Estado empezará a recaudar y el precio de los atados, subirá. Pero, además, se empezará a cumplir con los objetivos de la norma que se sancionó en 2004 impulsada por Néstor Kirchner: desalentar el consumo de la mano de una enorme carga impositiva que aumente el valor de venta.

Desde 2016, varias tabacaleras argentinas lograron medidas cautelares para que se las exima del pago del impuesto mínimo, un tributo que se lleva cerca de la mitad del precio de venta. Semejante diferencia generó que el mercado tuviese fuertes cambios, al punto de que varias de ellas se convirtieron en fuertes jugadoras del sector, ya que en los quioscos el valor de sus productos llego a ser menos de la mitad de lo que cuestan las marcas que pagan toda la carga tributaria.

El tema llegó a la Corte Suprema con un reclamo muy fuerte de la AFIP, entonces, bajo la administración del macrismo. Finalmente, hubo un fallo que ordenó que se empiece a cobrar el impuesto a partir de la sentencia, además de reclamar el retroactivo que podría llegar a los 40.000 millones de pesos.

Pero la AFIP se quedó quieta un tiempo. Lejos de los apuros que exhibe ante los contribuyentes, quizá por la complejidad de los personajes, nadie corrió a cobrar aquellos tributos que básicamente, impactan en Tabacalera Sarandí. Esta fue la compañía que inició aquel camino de recursos judiciales cuando era una pyme y tenía un par de puntos de participación del mercado. Hoy, con su marca Red Point y con la ventaja de no pagar el tributo mínimo, se ha convertido en uno de los principales jugadores del mercado, al punto que esa marquilla es la más vendida del país.

Sin embargo, el organismo que maneja Mercedes Marcó del Pont, dio un pequeño paso. En rigor, mediante una resolución que se publicó en el Boletín Oficial, se cambió el aplicativo con el que las empresas tienen que liquidar sus impuestos. Más allá de la complejidad del tema, la modificación implica que no se podrá seguir adelante en el sistema que la AFIP les habilita a las tabacaleras si no se carga, primero, el impuesto mínimo. Nada dijo e hizo sobre el retroactivo, pero sí avanzó en esta manera de poner un mojón de ahora en más.

Pero más allá del tributo, la forma de pagar y los aplicativos, detrás se esconde una feroz pelea que enfrenta a las compañías locales como Tabacalera Sarandí, que se ha convertido a una de las más grandes en el mundo de los cigarrillos y las multinacionacionales Massalin Particulares y Nobleza Piccardo, la filial local de British American Tobacco (BAT).

Aquel impuesto mínimo se instauró en 2004, cuando el presidente Néstor Kirchner firmó el “Convenio para mejorar la recaudación y evitar la evasión en el mercado de los cigarrillos”. En 2008, ya con Cristina Kirchner en la Casa Rosada, el Congreso lo convirtió en ley; llevó el número 26.467. En 2017, en la reforma tributaria de Mauricio Macri, se modificó el cálculo y se determinó que el gravamen ya no sería un porcentaje del precio, sino que era fijo y se ajustaba por inflación. En el último trimestre, el gravamen fijo del impuesto interno mínimo que se pagaba llegó a $97,79.

Un reclamo internacional

La medida, que impone igualdad de impuesto y termina con la diferencia que había entre las que estaban protegidas por las medidas judiciales y las que no, empezó a escalar. En Tabacalera Sarandí contrataron al abogado penalista Maximiliano Rusconi, letrado del exministro Julio De Vido, de Lázaro Báez y de Diego Lagomarsino, entre otros.

Presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con sede en Washington, un pedido de no innovar. Consideran que esos impuestos “perjudicara a miles de trabajadores argentinos y que favorecen a la vez a dos multinacionales que tienen ya el 90% del mercado de cigarrillos local”.

Sin embargo, pese a lo cerrado que están los datos de venta legal de cigarrillos, los datos de participación de mercado son muy distintos. De hecho, la marca más vendida en el país es Red Point.

Según la presentación ante la CIDH, cuya petición sobre no innovar lleva el número P-1984-21 y el análisis de la cautelar el número MC-1031-21, según publicó la agencia Télam, la Ley de Impuesto a las Ganancias 27.430, publicada en el Boletín Oficial el 29 de diciembre de 2017, “establece de manera arbitraria un piso de tributación, muy por encima del precio de comercialización de los productos elaborados por Tabacalera Sarandí SA, tornando en confiscatoria su aplicación”.

En la denuncia, a la que tuvo acceso Télam, también se expone que “paradójicamente, el nuevo sistema perjudica también al Estado, no sólo al generar un contribuyente menos de quien puede hacerse de ingresos para acrecentar las arcas del Estado por la recaudación impositiva, sino que también y, en definitiva, reduciendo a la pobreza a todos los trabajadores involucrados”.

La denuncia expone “la existencia de un nuevo sistema normativo que establece una ecuación tributaria, que resulta inequitativa y desproporcionada para las empresas que previo a la promulgación de la ley de impuesto mínimo practicaban precios inferiores al monopolio del tabaco”.

Siempre según la agencia estatal de noticias, el letrado acompañó la presentación con la firma de trabajadores de la pyme nacional Tabacalera Sarandí, quienes temen por el cierre de la empresa por razones ajenas a su funcionamiento.

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