Kicillof vs. Flybondi: el gobierno de la provincia imputó a la low cost por vuelos cancelados y podría ir a la Justicia

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires analiza recurrir a la Justicia por las denuncias que recibe de consumidores bonaerenses en contra de Flybondi, por suspensiones y reprogramaciones de vuelos. En principio, el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica que encabeza Augusto Costa, actuó de oficio, imputó a la compañía y la amenazó con multarla por $1000 millones, mientras que la low cost dice que esa cartera no es la autoridad competente para ese procedimiento.

Según dijo a LA NACION Ariel Aguilar, subsecretario de Comercio de la provincia de Buenos Aires, la Dirección de Defensa de los Derechos de las y los Consumidores y Usuarios se dedica en general a revisar cláusulas abusivas de contratos, pero, en esta oportunidad, intervinieron porque recibieron 1300 denuncias por reprogramaciones sobre la hora y cancelaciones anticipadas.

Además, aseguró que registraron demoras en el pago de los reembolsos, por lo que realizaron un pedido de informes a la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), ya que esa práctica incumpliría las normativas de defensa de los consumidores, que exigen que la devolución debe ser realizada en forma inmediata.

En tanto, Flybondi emitió un comunicado en el que rechaza la imputación recibida: “La compañía aclara que siempre da respuesta a los reclamos canalizados por los canales de comunicación habilitados y brinda toda la información al pasajero para ejercer sus derechos conforme la normativa aplicable”.

Por otro lado, afirma que la Dirección de Defensa de los Derechos de las y los Consumidores y Usuarios no tiene competencias para entender en cuestiones vinculadas a la actividad aeronáutica. “La industria se rige por el Código Aeronáutico y su reglamentación, la cual establece que la autoridad de aplicación y por ende de fiscalización sobre el accionar es la ANAC. La ANAC interviene en la instancia administrativa y en la instancia judicial lo hacen los tribunales federales”, aseguraron.

Sin embargo, Aguilar afirmó que las denuncias llegaron al Ministerio de Producción de la Provincia, del que depende su subsecretaría, con lo que “discutirán en la Justicia si son competentes o no”. “Si un ciudadano ve vulnerados sus derechos, tenemos que actuar. El gobierno nacional elige retirarse frente a los privados, pero a nosotros los reclamos nos llegan. No queremos multar a Flybondi, pero sí que modifique su actitud a futuro”, sostuvo.

De acuerdo con una fuente del sector, la ANAC es el órgano competente para tratar las quejas de los pasajeros. Es decir, la Provincia le debería haber enviado las denuncias en un informe y ese organismo debería haber iniciado una fiscalización. Pero el organismo fue intervenido por 180 días el viernes pasado para “elevar sus estándares de seguridad operacional, optimizar y digitalizar procesos administrativos y auditar sus últimos años de gestión”.

Por lo pronto, la interventora María Julia Cordero dijo a este diario que la aviación comercial está “excluida” de la legislación de defensa del consumidor.

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