Juicios en el exterior: el Gobierno destina una suma millonaria para defenderse

Con tres frentes abiertos en los tribunales del exterior que pueden derivar en condenas para el país, el Gobierno autorizó un aumento millonario de presupuesto para reforzar su defensa judicial. El horizonte de los litigios de la Argentina se presenta todavía impredecible, lo que obligó a Martín Guzmán a un cambio de planes apenas cerrado el primer trimestre del año. El ministro aumentó más de un 2000% el gasto de honorarios de abogados que el proyectado originalmente en el presupuesto de su cartera en 2021.

El aumento fue publicado el martes pasado en el Boletín Oficial y alcanza un valor aproximado de US$9,3 millones medido al valor del dólar oficial. Sullivan & Cromwell LLP sigue como el estudio encargado de manejar la estrategia jurídica del país en los conflictos que mantiene en la justicia internacional por la expropiación de YPF, el cupón de PBI negociado tras el canje de la deuda externa por el default de 2001 y los pagos remanentes del acuerdo con los holdouts.

La inyección de $855.370.752 fue confirmada desde el Ministerio y será imputada al pago de servicios jurídicos que impactará con fuerza en la caja asignada a Economía.

A ese costo se le suma, además, la partida original para ese rubro que consistía en $3.971.642 presupuestados. Los fondos a la fecha ya se habían ejecutado casi en su totalidad ($3.206.571), por lo que una extensión o una reasignación de partidas era algo inminente.

De acuerdo con lo publicado, se determinó que “corresponde incrementar el Presupuesto del Ministerio de Economía, con el objeto de afrontar los servicios a prestarse para la defensa de la República Argentina en el marco de las causas en trámite ante tribunales extranjeros”.

La resolución llevó la firma conjunta de Guzmán y del jefe de gabinete, Santiago Cafiero quien por su cargo es el designado por la Constitución Nacional para ejecutar el presupuesto de gastos que autoriza cada año el poder legislativo.

“Se trata de las causas de Petersen por YPF y las de cupones PBI en Reino Unido y Nueva York, que se viene tramitando desde hace varios años. Su pago estaba a cargo de la Procuración del Tesoro y a partir de este año su contrato se afrontará por el Ministerio de Economía. Es una estimación atendiendo al estado procesal de dichos procesos para el año en curso”, dijeron a LA NACION fuentes oficiales de la cartera que conduce Guzmán y destacaron que el estudio Sullivan & Cromwell LLP es el que lleva desde hace tiempo el caso en los tribunales extranjeros.

El aumento entró dentro de una modificación general aprobada de gastos que tuvo el foco puesto en las carteras de Salud y Trabajo, con motivo de la pandemia. Además se autorizaron otros desembolsos no previstos para el poder judicial, el legislativo y varios organismos de la administración nacional.

En las últimas semanas el ministro viajó a los Estados Unidos con el objetivo de acordar una reestructuración de la deuda externa por lo que el cierre de los expedientes se presenta como una cuestión clave a la hora de resolver los compromisos externos. Las causas se encuentran en el despacho de la jueza Loretta Preska, quien reemplazó al fallecido Thomas Griesa. Conforme informó este medio, un fallo adverso por el avance de las demandas podría significarle al país el pago de US$4697 millones.

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