Juicio por YPF: Brasil, Uruguay, Chile y Ecuador respaldaron a la Argentina ante la justicia de EE.UU.

WASHINGTON.- Brasil, Uruguay, Ecuador y Chile presentaron escritos ante la Justicia de Estados Unidos para respaldar a la Argentina en su apelación por la estatización de YPF y pedirle a un tribunal de apelaciones que se revierta el fallo de la jueza Loretta Preska que ordenó al país a pagarle US$16.000 millones al fondo Burford.

Los cuatro países latinoamericanos presentaron dos documentos “amicus” ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, el tribunal de segundo instancia que tiene en sus manos la apelación argentina a la sentencia de Preska por el juicio por la estatización de la petrolera, originalmente presentado por Eton Park y el Grupo Petersen, y luego adquirido por Burford. Los dos documentos, uno en nombre de Brasil y Uruguay, y otro de Ecuador y Chile, representan el primer respaldo internacional en la causa por parte de otras naciones soberanas en respaldo del planteo del gobierno argentino.

Las naciones criticaron el fallo de Preska y mostraron “profundamente preocupados” y “alarmadas” por la decisión de la jueza.

“Brasil y Uruguay están profundamente preocupados porque el Tribunal de Distrito aplicó mal doctrinas cruciales diseñadas para garantizar el respeto de las prerrogativas de los soberanos extranjeros y sus tribunales, proteger a los litigantes extranjeros de las cargas de litigar en los Estados Unidos y salvaguardar contra la aplicación incorrecta del derecho extranjero”, indica uno de los documentos presentados. “Cada una de estas protecciones, importantes bajo cualquier circunstancia, es esencial cuando se presentan reclamaciones contra soberanos extranjeros”, agrega el escrito.

Ambos gobiernos consideraron que los tribunales de la Argentina, y no los de Estados Unidos, son “el foro adecuado para resolver tales asuntos”, en referencia al juicio, y en respaldo de la postura del gobierno argentino. Y señalaron que, pese a ello, Preska “siguió adelante, privando al poder judicial argentino de la oportunidad de determinar por sí mismo la interpretación y el efecto adecuados de sus propias leyes”. Y el documento afirma también que “los pueblos de la región no deberían verse obligados a soportar las consecuencias económicas de una sentencia que flagrantemente aplica mal la ley vigente, dictada por un tribunal que nunca debería haber ejercido jurisdicción en primer lugar”.

Brasil y Uruguay dijeron que tienen “serias preocupaciones” sobre el enfoque Preska, y que, como Estados soberanos que pueden verse involucrados en litigios ante los tribunales de los Estados Unidos, “tienen un interés directo en garantizar que las doctrinas diseñadas para proteger los intereses de los litigantes extranjeros en general –y de los soberanos extranjeros en particular– sean interpretadas y aplicadas adecuadamente”.

“Si se confirma y se aplica, esta sentencia profundamente errónea tendría graves repercusiones no sólo para Argentina, sino para toda la región”, advirtieron.

El escrito presentado por Chile y Ecuador ofrece una mirada similar en respaldo de los argumentos esgrimidos por los abogados de la Argentina para revertir el fallo de Preska, y, al igual que Brasil y Uruguay, dijeron que tienen un interés concreto en el caso, y que están “alarmadas” por la decisión adoptada por la jueza.

Ambos países dijeron en su escrito que tienen un interés en este caso porque el fallo de Preska, si se mantiene, “interferirá con las expectativas de larga data de las Naciones Soberanas de que sus propios juzgados o tribunales serán el árbitro de las disputas corporativas que surjan bajo sus propias leyes”, en línea con los argumentos de la Argentina. Además, si no se modifica, “el fallo del Tribunal de Distrito amenaza con perturbar las relaciones comerciales de larga data entre las Naciones Soberanas y sus residentes corporativos y los Estados Unidos”, agregaron.

Y luego agregan que “las Naciones Soberanas están alarmadas” por la falta de deferencia debida de Preska “a las interpretaciones que la Argentina hace de sus propias leyes, lo cual, si se aplica a las Naciones Soberanas, puede resultar en una falta de respeto similar a las presentaciones y al ejercicio de jurisdicción de las Naciones Soberanas sobre disputas que, según las leyes de las Naciones Soberanas, deberían resolverse en las cortes o tribunales de las Naciones Soberanas”.

El escrito de Ecuador y Chile remarca que la Corte Suprema ha sostenido que “un tribunal federal debe considerar cuidadosamente las opiniones de un estado extranjero sobre el significado de sus propias leyes”, y que la opinión expresada por un gobierno sobre su propia ley normalmente suele tener derecho a una consideración sustancial.

El documento también considera que, en el ámbito del derecho civil, el derecho público es distinto y superior al derecho privado. Y, en consecuencia, ningún acuerdo de derecho privado (por ejemplo, un contrato o acuerdo de accionistas) “puede imponer condiciones o interferir con la promulgación y aplicación de una ley pública. Esto se debe a que el derecho público está destinado a efectuar el interés público”.

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