Juicio por la expropiación de YPF: buscan determinar si se pueden embargar activos de la petrolera y del Banco Central

En una audiencia presencial transcurrida en Nueva York, la jueza Loretta Preska de la Corte del Distrito Sur declaró a YPF y al Banco Central (BCRA) como posibles alter ego de la República Argentina y ordenó al país proveer información de los últimos dos años para probar la relación de la petrolera y la entidad monetaria con el Estado.

El pedido llegó en medio de las negociaciones entre la Argentina y los demandantes del juicio por la expropiación de YPF, en el que la jueza Preska falló en contra del país y la obligó a pagar una sentencia de US$16.100 millones por indemnización a los fondos Burford Capital y Eton Park. Si bien la defensa argentina apeló el fallo, nunca depositó la garantía mínima que se pedía para evitar embargos.

Por lo tanto, mientras transcurre de manera paralela el proceso para que los jueces de segunda instancia revisen la sentencia de Preska en la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, los demandantes presionan por cobrar su indemnización y piden a la jueza embargar activos del país.

“Los beneficiarios del fallo del YPF vienen pidiendo información desde marzo a la Argentina sobre su relación con ciertas entidades manejadas por el Estado; entre ellas, YPF, Aerolíneas Argentinas, Banco Nación, Arsat, Enarsa y el Banco Central. La Argentina se oponía a entregar cierta información, porque decía que no era relevante y los beneficiarios decían que eso lo tenía que decidir el juez. Como el país no estaba entregando la información hace 20 días, solicitaron esta audiencia, y ahí Preska dijo que tenía suficiente información para sospechar que YPF y el Banco Central son el alter ego de la República Argentina. Por este motivo eliminó el resto de las empresas del proceso y pidió información adicional”, explicó Sebastián Maril, director regional de Latam Advisors, quien sigue hace tiempo los juicios contra la Argentina en el exterior.

El país deberá contestar una cantidad de preguntas acerca de la relación entre el Estado con YPF y con el Banco Central, durante los últimos dos años. Esto involucra el último año y medio de gestión de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, y los primeros seis meses de gobierno de Javier Milei.

“Por ejemplo, los demandantes quieren saber si realmente la secretaria de la expresidenta Cristina Kirchner llamó a YPF para que le provean el combustible al avión que usaba para viajar al Calafate. O van a pedir información acerca de si hubo presión del ministro de Economía, Luis Caputo, sobre YPF para que acepte el bono AE38 que les entregó por la deuda que acumuló Cammesa [la compañía encargada de los despachos de energía eléctrica] con las generadoras eléctricas [YPF Luz] y productoras de gas. En concreto, piden saber si hubo reuniones privadas, mails o llamadas por teléfono entre el ministro e YPF”, dijo Maril.

La Argentina había pedido extender el plazo de suspensión de la ejecución de la sentencia de primera instancia, pero la jueza Preska lo rechazó en enero pasado. Desde entonces, los fondos Burford Capital e Eton Park podían hacer pedidos de embargos de activos argentinos si identifican un bien que cumpla con ciertos requisitos.

En paralelo, en febrero, la defensa argentina, representada por el buffet Sullivan & Cromwell, presentó ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York el escrito con los argumentos para que los jueces de segunda instancia revisen la sentencia de Preska.

Los dos ejes principales de la estrategia apuntaron a cuestionar el hecho de que el caso se lleve adelante en la corte de Nueva York, y a revisar el millonario monto de la indemnización establecido en el fallo de primera instancia.

En marzo pasado, fue el turno de los demandantes, quienes hicieron su presentación escrita para apelar el fallo que liberó a YPF de cualquier responsabilidad de la expropiación y dijeron que “siempre es apropiado exigir a las partes que cumplan promesas contractuales”.

Todavía quedan pendientes nuevas respuestas y contra respuestas, antes que los jueces de la Corte de Apelaciones tomen una decisión. En principio, el próximo 24 de junio, se deberán presentar los escritos de contestación de la República Argentina y el de YPF. Un mes después, el 24 de julio, los demandantes tendrán nuevamente la oportunidad de responder.

Historia del juicio

Burford Capital y Eton Park, los fondos que compraron el derecho a litigar contra la Argentina e YPF, ganaron la demanda en primera instancia al argumentar que el gobierno de Cristina Kirchner no lanzó una oferta pública de adquisición sobre el total de las acciones, cuando expropió el 51% de las acciones de YPF, en 2012.

Los demandantes sostuvieron que el Estado argentino debería haber hecho una oferta pública de adquisición (OPA) al resto de los accionistas, según los estatutos de YPF y el prospecto de oferta pública que la compañía presentó ante la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés), en 1993. A YPF, en tanto, la acusaban de no haber obligado al Estado, como nuevo accionista, de hacer cumplir su estatuto.

Preska eximió de responsabilidades a YPF, pero culpó al Estado argentino y lo obligó a pagar una indemnización de US$16.100 millones.

El fondo inglés Burford Capital adquirió al fisco de España el derecho a demandar a la Argentina y a YPF a cambio de 15 millones de euros y un 30% de la indemnización que resulte del juicio, cuando las empresas Petersen Energía y Petersen Inversora quebraron en ese país. En ese entonces, las compañías alegaron que no pudieron hacer frente a los créditos que habían obtenido por parte de un grupo de bancos europeos. Esos préstamos habían sido utilizados en su momento para comprar el 25% de participación de YPF y se iban a devolver con las utilidades de las acciones

Las empresas habían sido constituidas en España por la familia Eskenazi, dueña también del Banco de Santa Cruz. Pese a que el expediente de juicio en Nueva York figura que los demandantes son las empresas Petersen, la familia Eskenazi dice que el grupo, con operaciones en el país, “es totalmente ajeno a la demanda”.

YPF tiene hoy una valuación de mercado de US$8685 millones, según su cotización en la Bolsa de Nueva York. Cada acción cuesta US$22, de las cuales el 51% está en manos del Estado argentino, tras ser expropiadas en 2012, cuando el ministro de Economía era el actual gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

En 2014, la Argentina le pagó a la petrolera española Repsol una indemnización de US$5000 millones por la estatización del 51% de las acciones.

La demanda contra YPF y la República Argentina comenzó en abril de 2015 en la Corte del Distrito Sur de Nueva York y está a cargo de la jueza Preska, heredera de los casos del fallecido Thomas Griesa. Además de Burford, también demandó al país por la misma razón el fondo Eton Park y Preska unificó ambos reclamos.

Al producirse la expropiación, las empresas Petersen entraron en quiebra en España, y acusaron que no podían pagar sus compromisos, ya que se había derrumbado el precio de las acciones y el nuevo accionista mayoritaria, la Argentina, había prohibido el reparto de utilidades.

Durante los años del juicio, YPF y el Estado argentino intentaron convencer a la jueza de que el derecho de expropiación está por encima de cualquier estatuto empresarial y que el proceso, además, se debería llevar adelante en los tribunales argentinos. La jueza ya había rechazado el último pedido, luego de que tres cortes estadounidenses –incluida la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema– opinaran en contra de dirimir el juicio en jurisdicción argentina.

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