Moratoria hasta marzo: el Gobierno resignó el cambio jubilatorio y la compra de aportes no se reemplazará por prestaciones proporcionales
El oficialismo aceptó quitar el capítulo previsional del proyecto de Ley Bases que se debate en el Senado; cómo y hasta cuándo funciona el esquema vigente, que se buscaba sustituir por ingresos especiales para quienes no cumplen los requisitos para jubilarse
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LA NACIONSilvia Stang
El oficialismo aceptó retirar del proyecto de Ley Bases que hoy considera el Senado de la Nación el artículo que buscaba derogar la ley 27.705, por la cual rige un sistema de compra de aportes (conocido como moratoria previsional) para acceder a una prestación de la Anses. Esa parte de la iniciativa impulsada por el gobierno de Javier Milei fue aprobada en Diputados por una menor cantidad de votos positivos que los obtenidos por otros artículos y, por tanto, se consideraba que contaba con pocas posibilidades de ser aprobada durante la votación en particular en la Cámara Alta.
La ley 27.705 fue aprobada en febrero de 2023, para darle continuidad a los esquemas de moratorias que rigen desde hace casi dos décadas y que permiten obtener beneficios cuando se llega a la edad requerida en el régimen general, de 60 años las mujeres y 65 años los varones, sin haber reunido en la etapa activa la cantidad de aportes exigidos por ley.
El sistema para jubilarse de inmediato sin contar con los aportes tiene, en rigor, fecha de vencimiento: el 23 de marzo de 2025. Solo quienes cumplen la edad requerida hasta ese día pueden acceder a la prestación con un descuento en sus haberes, durante un tiempo, para saldar la deuda que declaran tener con el Estado.
La propuesta del Gobierno iba a generar la caída inmediata de la posibilidad de adherir a planes de adquisición de aportes por períodos pasados, tanto para las personas ya en edad de jubilarse como para quienes están a menos de 10 años del momento de cumplir la edad (la ley 27.705 contempla un programa especial para la compra de contribuciones para personas todavía en actividad). Los trámites ya iniciados ante la Anses para pedir el alta de la jubilación iban a seguir de todas formas su curso.
La iniciativa oficial preveía mantener la hoy existente Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que no tiene requisitos en cuanto a contribuciones, y crear a la vez una “Prestación de Retiro Proporcional” para quienes lleguen con algunos aportes a los 65 años (sin importar si es mujer o varón), pero sin reunir los 30 años exigidos.
Ese beneficio iba a tener, según el artículo ahora retirado del proyecto, un piso equivalente a la PUAM, que equivale al 80% del haber mínimo contributivo (en junio es de $165.545 y se agrega el bono de $70.000, para completar $235.545). Como la prestación proporcional iba a regir para personas con aportes, iba a ser posible obtener beneficios mayores al haber mínimo, dependiendo de los años de contribución y de los salarios.
Las diferencias con el sistema actual
La primera diferencia de la propuesta caída con el sistema actual está en el monto básico, ya que con las moratorias se garantiza el haber mínimo del régimen contributivo, que este mes es de $206.931 más el bono de $70.000 ($276.931); sin embargo, en los primeros años se descuenta la cuota por los aportes comprados, por lo cual se cobra menos que eso.
Otra gran diferencia está en la edad de acceso para las mujeres que, si no cumplen con los 30 años de contribuciones, con la modificación ya no hubieran podido cobrar una prestación a los 60 años (como con las moratorias), sino a los 65.
Problemas laborales
En 2023, según datos de la Subsecretaría de Seguridad Social, el 80% de las jubilaciones dadas de alta -396.330 de 488.490- requirió de una moratoria (con el plan de la ley que se busca eliminar, o con otro que seguiría vigente y que tiene un alcance más limitado). Y en el primer trimestre de 2024 el 76% de las altas fue con estos planes.
A la vez, dos tercios de las prestaciones jubilatorias vigentes incluyeron o incluyen ese sistema de excepción a la regla general. Son 3,47 millones de jubilaciones, que se suman a poco más de 477.000 pensiones por fallecimiento.
Esos datos son reflejo de la crisis social y laboral persistente en el país. Las moratorias son una respuesta temporal a un problema estructural: la debilidad del mercado de trabajo y su falta de consistencia con lo exigido por las normas jubilatorias.
A casi 20 años del inicio de esa política, hoy más de un tercio de los asalariados no tiene aportes. Y en el conjunto de empleados y cuentapropistas ese índice llega al 50%, según datos elaborados por el Instituto Di Tella sobre la base de la Encuesta Permanente de Hogares del Indec.
Entre quienes recibieron su prestación con moratoria, conviven diferentes realidades. Hay quienes sumaron más de 20 años de aportes, pero se encontraron con que el régimen no ofrece prestaciones proporcionales al tiempo contribuido cuando no se alcanzan los 30 años.
Con la posible eliminación de la ley 27.705, para las personas sin aportes o con aportes insuficientes las alternativas serían esperar más años para completar el requisito de contribuciones, o recurrir a la PUAM o a la posible prestación proporcional. En estos dos últimos casos el requisito será tener 65 años de edad.
El sistema que se buscaba derogar
La ley 27.705 creó un mecanismo de compra de aportes y los períodos a adquirir abarcan desde los 18 años hasta diciembre de 2008. Para las mujeres rige el beneficio de contar entre uno y tres años de aportes por cada hijo. En los meses declarados como adeudados se debe haber residido en el país y no se debe haber trabajado en blanco.
Cada período mensual de aportes que puede comprarse tiene un precio que en junio es de $20.211. La adquisición determina que se contabilice una deuda con el Estado. Si se cumplen ciertos requisitos, esa deuda no se paga efectivamente, sino que el solicitante comienza a percibir los haberes y de ellos se descuenta un monto para saldar la obligación durante un lapso de hasta 120 meses.
Quienes están en edad de jubilarse o la cumplen dentro de la vigencia del plan (hasta el 23 de marzo de 2025) adquieren las denominadas unidades de pago previsional. Y para acceder al plan de pago mediante descuentos de los haberes (obteniendo de inmediato la prestación) se debe pasar un examen socioeconómico.
Quienes no pasan ese requisito, porque tienen altos ingresos y/o patrimonio elevados, no quedan al margen de la ley, sino que pueden comprar los aportes con un altísimo subsidio estatal, y pagar todo en una única vez para jubilarse.
La ley también creó un plan de adquisición de períodos para personas a las que les faltan hasta 10 años para la edad jubilatoria. En estos casos se adquieren “unidades de cancelación de aportes previsionales para trabajadores y trabajadoras en actividad”. Cada unidad vale un mes de contribución y pueden comprarse solo períodos previos a abril de 2012. Lo declarado como deuda se debe pagar antes de jubilarse.
La otra moratoria
Hay otra moratoria vigente: la de la ley 24.476, aprobada en los 90 y reglamentada 10 años después. Las posibilidades de ingreso se van reduciendo con el tiempo, porque solo pueden cancelarse deudas por aportes de meses previos a octubre de 1993.
Teniendo en cuenta que pueden declararse aportes impagos solo por períodos en que se haya tenido al menos 18 años, las condiciones del plan hacen que las mujeres que cumplen 60 este mes podrían entrar al plan por hasta 11 años y 4 meses de aportes, en tanto que los varones que lleguen ahora a sus 65 años podrían acceder por 16 años y 4 meses de aportes. Es decir, es una moratoria válida para quienes tienen buena parte de las contribuciones hechas, siempre que los períodos que puedan declarar coincidan con los habilitados por la ley (los comprendidos entre los 18 años de edad y septiembre de 1993).
Por Silvia Stang
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