Jubilaciones y salarios vapuleados por el ajuste

No es ninguna novedad que las jubilaciones y salarios –formales e informales– iban a ser afectados por el ajuste macroeconómico de shock que inevitablemente aplicó el presidente Javier Milei luego del irresponsable desbarajuste que dejó como herencia Sergio Massa, principalmente durante su doble rol como ministro y candidato presidencial. Pero lo que impresiona es la magnitud de ese previsible deterioro. Ambas variables quedaron vapuleadas después de correr muy detrás de la inflación en 2023, récord en 32 años, la más alta del mundo y que en 50 de las 52 semanas del año fue responsabilidad de Alberto Fernández y Massa, con el silencio cómplice de Cristina Kirchner y los aliados del kirchnerismo.

Las jubilaciones llevaron la peor parte, porque su pago depende del Estado excedido en gastos y escaso de recursos. Con un sistema previsional crónicamente deficitario, contaminado por moratorias y en el que la fórmula de movilidad vigente desde 2021 acentuó la licuación del poder adquisitivo de los haberes, el aumento de 27,2% a partir de marzo que acaba de disponer el Gobierno por decreto, junto con el bono de $70.000 que cobrarán los jubilados con el haber mínimo, que pasará a $204.400 mensuales brutos (y el resto sólo en forma proporcional hasta alcanzar esa cifra), aún está lejos de recuperar terreno. Según un cálculo del economista Nadin Argañaraz, director del Iaraf, el monto del bono para las jubilaciones mínimas tendría que haber sido de $170.000 mensuales en el próximo trimestre para igualar el haber de marzo de 2023 en términos reales, y de $236.000 para equiparar los primeros cinco meses de 2024 con igual período del año último. Se trata de un ejercicio teórico, si se considera que jubilaciones y pensiones contributivas fue el rubro que sufrió el mayor recorte de partidas de gasto (-33% real) para alcanzar en enero el primer superávit fiscal después de 21 años, que probablemente se repita en febrero.

Si los precios subieron por el ascensor en los últimos doce meses, los sueldos bajaron por la escalera hacia los subsuelos. Frente a una inflación interanual de 211,4%, en diciembre de 2023 (último dato del Indec) el índice del salario registrado del sector privado mostró un alza nominal de 165,2%, que en el sector público fue de 148,6% debido al retroceso de ese último mes. Pero en el amplio segmento del trabajo informal (que abarca a 9 millones de personas, prácticamente la mitad de la fuerza laboral), los salarios no registrados sufrieron una fuerte caída real (-30,9%), ya que apenas aumentaron 115,3%, poco más de la mitad que el IPC.

Este deterioro explica por qué a nivel nacional el consumo de enero retrocedió 8,3% en cadenas de supermercados y subió apenas 0,5% en autoservicios independientes, según datos de la consultora Scentia. En conjunto, los rubros con mayores bajas fueron bebidas alcohólicas (11,3%); higiene y cosmética (7,2%); limpieza (6,6%) y productos para desayuno - merienda (4,5%).

Aunque en diciembre y enero hubo paritarias, sobre 14 convenios colectivos del sector privado y público relevados por la Fundación Capital (FC), sólo un gremio –Aceiteros, con 80%– superó con creces la inflación acumulada en esos dos meses, que fue de 51,3%. Por debajo de este porcentaje, pero más cerca, estuvieron Alimentación (49,3%); Petroleros (47,3%) y Comercio (46,6%), que acaba de acordar para febrero un ajuste de 17,6% en los básicos como asignación no remunerativa hasta abril, excepto para la obra social del gremio, el instituto de capacitación y el cálculo de indemnizaciones. Luego se ubicaron Bancarios (43%); Metalúrgicos (41,6%); Construcción (33,2%); Textiles (27,7%); Estatales nacionales (26,4%) y la UTA (20%), en tanto que Camioneros y estatales bonaerenses acordaron en enero un primer ajuste de 25%. Para 2024 y con una contracción estimada de 4,3% en la actividad económica –que moderaría reclamos–, la FC prevé una baja de 10,5% en el salario real del sector formal –que sumaría así su séptima caída anual consecutiva– y de 25% en el informal.

La licuación inflacionaria también alcanzó al salario mínimo vital y móvil (SMVM). Si bien Milei había anticipado días atrás que su gobierno no iba a intervenir, finalmente por resolución lo ubicó en $180.000 mensuales en febrero y $202.800 para marzo, con un ajuste de 30% respecto del monto previo de $156.000. O sea, bien por debajo de la canasta básica alimentaria del Indec que determina la línea de indigencia y que para una familia tipo ascendía a $285.600 en enero.

En la segunda mitad del año, esta actualización (insuficiente desde el punto de vista social) agravará otra distorsión, que impulsará una menor progresividad tributaria y, por ende, mayor desigualdad. Como el piso del impuesto cedular sobre los Ingresos (que a fin de 2023 reemplazó a Ganancias) fue fijado por ley en el equivalente a 15 SMVM, quedarán exentos quienes perciban remuneraciones inferiores a $3.042.000 brutos mensuales. Una reversión de la eliminación de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias estaba incluida en un proyecto de ley que corría en paralelo con la ley ómnibus y que fue retirado por el oficialismo cuando se dio de baja el paquete fiscal.

Esta realidad desvela a muchos gobernadores que pierden ingresos por coparticipación y por el virtual desguace de las transferencias discrecionales del Tesoro con las que varias provincias cubrían los déficits de sus cajas previsionales, abultados por regímenes jubilatorios de privilegio.

Pero el marco de la estanflación para forzar una baja de la inflación en los próximos meses, también obliga a Milei a profundizar el ajuste del gasto, ya que la fuerte caída del consumo y la actividad económica, más el desplome de la oferta monetaria y el crédito al sector privado deterioran la recaudación tributaria. En febrero, los ingresos impositivos vienen retrocediendo 31% (nominal) con respecto a enero, al igual que los aportes a la seguridad social (en total, casi $1 billón menos). Según datos al 19 de este mes publicados en el sitio oficial Presupuesto Abierto, entre los primeros sobresalen las bajas intermensuales del IVA (-41%); Ganancias (-48%); Derechos de exportación (-64%) e importación (-34%) y el impuesto PAIS (-14%).

No obstante, el Presidente se mostró más ortodoxo que el propio FMI en materia fiscal y monetaria cuando recibió esta semana a Gita Gopinath, número dos del organismo, que viajó a Buenos Aires para verificar in situ el alcance de la política macroeconómica en marcha y su sustentabilidad social antes de un nuevo acuerdo. Para reforzar esa imagen, Milei anunció que enviará al Congreso una ley destinada a penalizar el señoreaje (emisión de moneda sin respaldo) para financiar al Tesoro, similar a la que se aplica en Perú hace más de 30 años, aunque será posterior al fin del cepo cambiario. También el futuro cierre del Inadi; la auditoría del fondo fiduciario manejado por Juan Grabois y la denuncia penal a los miles de beneficiarios de planes Potenciar Trabajo que en los últimos cuatro años viajaron al exterior, incluso en cruceros turísticos.

La visita de Gopinath se produjo en un momento clave. Aunque tuvo un encuentro con Gerardo Martínez (Uocra), el dirigente más dialoguista de la CGT, coincidió con la semana en la que tanto el kirchnerismo como parte del sindicalismo y la izquierda piquetera se pintaron la cara para resistir las medidas del Gobierno sin plantear a cambio una alternativa viable al plan “no hay plata”. Paradójicamente, los dirigentes sindicales vitalicios y acaudalados que declararon los paros de trenes y hospitales, más la amenaza de Ctera de no iniciar las clases mientras sobrevuela la idea de declarar a la educación como servicio esencial, juegan a favor de Milei y fidelizan a gran parte de sus votantes. Aunque no todos le perdonen exabruptos como calificar al Congreso como “nido de ratas” o acusar de traidor a Ricardo López Murphy, uno de los pocos diputados –si no el único– que puede darse el lujo de viajar en colectivo.

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