Jubilaciones: por qué Raverta confía en que se aprobará la propuesta oficial

La directora ejecutiva de la Anses, Fernanda Raverta, se mostró confiada en que se aprobará en el Congreso el proyecto oficial de ley de movilidad jubilatoria,para que la fórmula propuesta por el Poder Ejecutivo esté vigente en marzo de 2021. En la cámara de Diputados se anticipa un escenario complicado para que el oficialismo logre los votos necesarios, porque con la oposición a la iniciativa por parte de los legisladores de Juntos por el Cambio, se necesitará del aval de terceras fuerzas políticas que, por ahora, no manifestaron su adhesión, tal como informó LA NACION.

"Se va a poder aprobar, porque los diputados de la oposición saben que los jubilados y jubiladas necesitan una fórmula de movilidad y que el momento para salir de los aumentos por decreto es ahora", afirmó la funcionaria, en referencia a la modalidad que se está utilizando este año para determinar las subas de haberes, a causa de que está suspendida la fórmula incluida en la ley 27.426. En caso de haber estado vigente del cálculo previsto en esa normativa, aprobada en 2017, los haberes hubieran tenido en lo que va de este año aumentos superiores a los otorgados por decisiones discrecionales del Gobierno de Alberto Fernández.

La titular de la Anses también apuntó que los legisladores de la oposición no presentaron una propuesta alternativa a la oficial. El dictamen de minoría firmado la semana pasada por los legisladores de Juntos por el Cambio solo aconseja el rechazo a la fórmula propuesta, que es fruto –se dice en el documento- del avance "unilateral" que tuvo el Poder Ejecutivo sobre el tema, luego de seis meses de reuniones de la comisión mixta a la cual una ley le había asignado la tarea de elaborar la fórmula para ser discutida en el Congreso.

En una charla con periodistas que mantuvo en la sede central de la Anses, Raverta insistió, tal como había dicho en su visita al Congreso la semana pasada, en que la variación de las jubilaciones quedará atada a cómo le vaya a la economía en la Argentina. Afirmó que, si en 2021 se dan los supuestos sobre la economía incluidos en la ley de presupuesto, de una inflación de 29% y de un crecimiento del PBI de 5,5%, los haberes le ganarían a la inflación por unos 4 puntos porcentuales.

Consultada sobre qué pasaría si tanto los salarios como la recaudación avanzaran por debajo de la variación de los precios, dijo que si eso pasara sería el reflejo de que al país le estaría yendo mal. "Nuestra responsabilidad es que eso no ocurra", dijo, aludiendo a que tal situación se vincularía con un fracaso de la política económica. Y agregó que "la fórmula está atada a un modelo económico cuyo objetivo es el crecimiento y la generación de trabajo y de consumo".

Una de las críticas recibidas por la iniciativa oficial es la sensibilidad que tendrá la fórmula a los ciclos económicos, en un país con recurrentes etapas de recesión. Frente a esa realidad la economía argentina, algunos expertos que expusieron en los últimos meses ante la comisión especial para analizar el tema habían propuesto la creación de un fondo anticíclico. Si bien en la mayoría de los años de vigencia de una fórmula similar (la que rigió entre 2009 y 2017) hubo un incremento de los haberes por arriba de la inflación (lo cual terminó cuestionando su sostenibilidad, ante períodos de caída de la recaudación que siguieron a los de alzas), en los recesivos 2014 y 2016 hubo pérdidas de poder adquisitivo.

Y si se hubiera aplicado el cálculo propuesto en 2019, los jubilados hubieran tenido una pérdida, en términos reales, de alrededor de 11%, bastante mayor a la caída real, cercana a 2%, que efectivamente hubo.

Cuando se le preguntó por qué no se había incluido a la inflación como una de las variables de la fórmula ni como una garantía de suba mínima, Raverta afirmó que el desafío "es que los jubilados vivan mejor, no igual"; por eso, insistió en que se les dará un aumento mayor y no equivalente al que tengan los precios. Dos técnicos de la Anses que la acompañaron en la conferencia, Alejandro Calabria e Ignacio Amigorena, dijeron que la inflación se ve reflejada en el aumento de la recaudación impositiva. Por eso, estimaron que si hubiera una inflación mayor a la proyectada oficialmente (los economistas estiman una variación de precios de 48,9% para 2021, según el índice del Relevamiento de Expectativas de Mercado difundido por el Banco Central), la fórmula tendería también a dar un resultado mayor.

La modalidad de cálculo que propone el Gobierno contempla tomar la variación de los salarios formales según el índice Ripte y de la recaudación de los recursos tributarios que se destinan a la Anses, medida por beneficio pagado. Se aplicaría un tope, que determinaría que la suma de los aumentos de marzo y septiembre no podría superar en un 3% a la variación que haya tenido en un año la recaudación total de los recursos de la Anses.

El proyecto oficial sostiene que la comparación de las variables deberá hacerse "en forma homogénea" entre períodos, y le deja la tarea de disponer cómo se lograría eso a las reglamentaciones posteriores, sin dar ninguna pauta y abriendo lugar a la discrecionalidad. Eso dejaría espacio para que los funcionarios del actual y de futuros gobiernos (dado que llas reglamentaciones son más inestables que una ley) puedan decidir qué hacer si, por ejemplo, entre dos períodos hubo una reforma tributaria que afectó la recaudación de los impuestos destinados a los pagos de la seguridad social, o si ocurrió algún hecho puntual que también tenga sus efectos (por ejemplo, una devaluación o medidas referidas a la compra de dólares, ya que el impuesto PAIS es uno de los que destina parte de su recaudación a la Anses y por tanto, influye en la fórmula).

Mientras se está a la espera de que el Poder Ejecutivo envíe el texto formal para ser tratado en el Congreso, también está pendiente la definición del incremento que deben recibir los haberes en diciembre. Cuando se suspendió la fórmula de la ley 27.426, se dejó vigente la obligatoriedad de los reajustes con frecuencia trimestral. Hasta ahora, las subas por decreto determinaron que los haberes sean entre 18,4% y 28,8% superiores, en términos nominales, a los de febrero pasado (en marzo fue el primer aumento). Por la fórmula suspendida el incremento hubiera sido, igual para todos, de 35,9%.

Antes, los haberes habían perdido en términos reales un 13% en 2018 (hubo subas de 28,5% contra una inflación de 47,6%) y casi un 2% en 2019 (aumentaron un 51,1% y la inflación fue de 53,8%). Las pérdidas ocurrieron por los períodos en que la inflación tuvo una tendencia creciente y la fórmula miraba las variables con un rezago de seis meses; para todo este año, incluyendo diciembre, la recomposición hubiera sido de 42%.

La propuesta oficial fue anunciada el lunes de la semana pasada por la noche, horas antes de que comenzara el diálogo de los funcionarios del Gobierno con la misión del Fondo Monetario Internacional que visita el país. En el comunicado oficial se señala que la fórmula "permitirá reducir el actual déficit previsional", que explica en gran medida el desequilibrio de las cuentas fiscales, un dato de especial interés para los técnicos del organismo internacional.

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