Jubilaciones: las raíces de una medida que implica volver a alzas discrecionales
La pretendida suspensión de la ley de movilidad previsional genera incertidumbre respecto de qué aumentos recibirán en los próximos meses los haberes de los jubilados y pensionados del sistema previsional nacional, incluso para compensar el daño por inflación ya sufrido. Si se aplicara la fórmula de la ley 27.426 -la norma aprobada a fines de 2017, que no sería aplicada al menos en los próximos 180 días-, el incremento de la totalidad de los haberes sería en marzo de 11,6%, con lo cual la jubilación mínima pasaría de $14.068 a $15.700.
Si el nivel de inflación tendiera a la baja en el primer trimestre de 2020, eso significaría una mejora del poder adquisitivo. La razón de querer dejar ahora todo en suspenso y otorgar en el mientras tanto subas discrecionales es la necesidad que hay, a juicio del Gobierno, de desactivar la fórmula que sigue de atrás a la inflación. Con una inflación estimada en un valor más bajo que la de 2019, en 2020 se iba a producir un incremento de los ingresos de las personas y también de las erogaciones del Estado por encima del alza de precios. Eso eleva el gasto y provoca, según describió el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, tensiones inflacionarias.
No son solo los jubilados y pensionados de la Anses quienes tienen la evolución de sus ingresos atada a la movilidad. También están en este grupo los que cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH), los asalariados y monotributistas por la prestación que reciben por hijo y los beneficiarios de prestaciones no contributivas, como la Pensión para el Adulto Mayor (PUAM).
Durante el plazo de suspensión de la ley se formaría un equipo para analizar y proponer una nueva fórmula de actualización. Hasta la aprobación de un nuevo sistema, se darían aumentos en forma discrecional y dependiendo de las posibilidades del fisco.
El mecanismo de movilidad es uno de los primeros temas que se ubicaron en el eje de las preocupaciones del nuevo gobierno. La fórmula consiste en sumar dos números: el 70% de la variación que tuvo en un trimestre el índice de precios minoristas y el 30% del aumento que en ese mismo período tuvieron los salarios formales, según la evolución de la Remuneración Promedio Imponible de los Trabajadores Estables (Ripte).
Para calcular cuál es el índice de aumento a otorgar en un mes determinado, se observa el comportamiento que tuvieron la inflación y los salarios dos trimestres atrás. Así, cuando la inflación tiende a subir, quienes cobran ingresos móviles pierden poder de compra. Esto ocurre porque el período del cual se mira el comportamiento de las variables tuvo menor aumento de precios que el período más cercano al que se recibe la suba del ingreso.
En sentido inverso, cuando la inflación tiende a bajar, se produce una recomposición del poder de compra. Pero, más allá de lo tardío de esa recuperación, eso trae un problema para las cuentas del sector público, porque el monto del gasto se eleva a un ritmo significativo (con muy altas probabilidades de que sea mucho más significativo que la recaudación).
¿Subas para quienes?
Con respecto a qué hará el gobierno de Alberto Fernández mientras no haya ley de movilidad vigente, una duda que surge es si las recomposiciones incluirán a todos los jubilados por igual o si los ingresos de algunos de ellos (los de niveles medios y altos) quedarán postergados, como ocurrió entre 2002 y 2006. Entonces, el gobierno de Eduardo Duhalde, primero, y el de Néstor Kirchner, después (con Fernández como jefe de Gabinete) aplicaron una política de diferenciación entre jubilados, que llevó a que muchos sufrieran fuertes pérdidas de poder adquisitivo. En el fallo que favoreció al jubilado Adolfo Badaro, la Corte Suprema declaró inconstitucional esa política y ordenó aprobar un régimen de movilidad único para todos.
Esa situación provocó un récord de demandas judiciales, alentadas también porque en esos años se calculaba en forma deficiente el haber inicial de quienes se jubilaban (no se actualizaba, pese a la inflación, el valor histórico de los salarios que integran el cálculo).
La posibilidad de volver a segmentar a los jubilados provoca una fuerte inquietud. El defensor de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires, Eugenio Semino, calificó en diálogo con LA NACION de "inconsistencia técnica" esa eventual política. "Las subas deberían definirse con porcentajes y para todos por igual", afirmó. Y agregó que si se achata la pirámide, crecerá la litigiosidad.
Una situación que provoque una nueva llegada masiva de los jubilados a los tribunales (algo que también podría darse por un cuestionamiento a la retroactividad de la medida que se pretende disponer) generaría, desde el punto de vista fiscal y en caso de una sentencia adversa al Gobierno, una postergación de gastos. La contraparte es que quienes recurrirían a la Justicia deberían esperar muchos años para recibir su recomposición. Por un lado, por los tiempos del trámite del litigio. Por el otro, porque el ritmo de pago de sentencias suele ser una variable de ajuste en un escenario de cuentas complicadas.
Por Silvia Stang
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