Ajuste: el Gobierno dejó de pagarles $98.700 millones a los jubilados este año

El efecto fiscal alcanzado por el Gobierno al mantener suspendida durante todo este año la fórmula de movilidad jubilatoria es una reducción del gasto público de más de $98.700 millones. Ese número, que refleja el ajuste aplicado al sistema previsional, es el resultado de comparar lo efectivamente pagado mes a mes a los jubilados y pensionados y lo que se hubiera abonado en caso de aplicarse la modalidad de actualizaciones que había sido dispuesta por la ley 27.426, aprobada a fines de 2017.

El hecho de haber dejado sin efecto esa fórmula tiene también sus consecuencias sobre el gasto público de los próximos años, porque los incrementos que se apliquen a partir de 2021, ya con una nueva modalidad de cálculo, serán sobre haberes más reducidos, en comparación con los que habría en caso de no haber mediado la suspensión de lo dispuesto durante la gestión de Cambiemos, a fines de 2017.

La contracara de ese efecto en las cuentas públicas es una menor cantidad de dinero que llega a los bolsillos de los pasivos.Por ejemplo, alguien que al iniciarse 2020 percibía $20.000 mensuales cobrará, en el período de 12 meses que va de marzo de este año a febrero de 2021, $19.865,6 menos que en caso de haberse aplicado la modalidad de cálculo legal. A esos números se llega considerando los aumentos de este año, incluyendo el 5% que se aplicará este mes y que, tal como informó LA NACION el sábado último, el Poder Ejecutivo pretendía tomar a cuenta de la suba que, en función de una nueva fórmula de movilidad, deberá otorgarse en marzo del año próximo. Finalmente, el bloque de senadores del Frente de Todos rechazó votar esa cláusula que había sido incluida en un artículo de una segunda versión del proyecto de ley del oficialismo.

El impacto que tuvo en las cuentas del fisco la suspensión de la fórmula legal y su reemplazo por subas discrecionales fue estimado por economistas del Ieral, de Fundación Mediterránea. El cálculo no incluye el pago de dos montos fijos que estuvieron al margen de los reajustes trimestrales y que fueron abonados a quienes cobraban solo una jubilación mínima o un poco más. Tampoco incluye el menor gasto del Estado por la actualización, por debajo del índice de la suspendida fórmula de movilidad, de otras prestaciones, como la Asignación Universal por Hijo y el salario familiar dentro del sistema formal de la seguridad social.

"La estrategia previsional en 2020 fue acompañar con los aumentos la inflación en el caso de quienes cobran el haber mínimo, y dejar que pierda contra los precios el resto de los jubilados", incluyendo en este último grupo tanto a quienes cobran apenas por arriba como a quienes cobran significativamente más que la prestación básica, según concluye el economista Marcelo Capello, presidente del Ieral.

En números concretos, el trabajo estima que durante este año el pago de jubilaciones y pensiones de la Anses significará algo menos de $2254 mil millones, contra poco más de $2352 mil millones que se hubieran abonado en el caso de haberse mantenido la fórmula legal. En este último supuesto, los haberes de los jubilados serían, al finalizar el año, un 42% superiores, en términos nominales, a los vigentes al inicio de 2020. Por los decretos que establecieron subas según decisiones discrecionales (sin seguir un parámetro determinado), los pasivos recibirán una suba acumulada de entre 24,3% y 35,3%, dependiendo del nivel de ingresos.

El mayor porcentaje de recomposición es el que corresponde al haber mínimo. En ese nivel básico está el 63,1% del total de las prestaciones. Si se consideran solo las jubilaciones y pensiones obtenidas con planes de moratoria, ese porcentaje trepa a 87,3 y si, en cambio, se observan solo los beneficios que no requirieron de esa ayuda estatal (porque se trata de personas que contaban con la totalidad de los aportes requeridos), es índice es de 36%.

Aunque desde el Gobierno se insiste en que los jubilados que cobran el haber mínimo o un poco más le ganarán este año a la inflación, lo cierto es que aún estamos transitando 2020 y no se conoce cuál será finalmente la variación del índice de precios. Entre enero y octubre la variable acumuló un 26,9% y, por lo tanto, para que la inflación de todo el año no supere el nivel de suba del haber mínimo, en este último bimestre la variación del índice de precios debería ubicarse por debajo del 7%. En octubre, el índice mostró una aceleración -fue de 3,8%- y los economistas que participan del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central estimaron en octubre que la inflación de todo 2020 será de 35,8%.

Las cuentas hechas por el Ieral tienen en cuenta también la cantidad de jubilaciones y pensiones vigentes. En este punto, si se miran los datos oficiales de la Secretaría de Seguridad Social, este año ocurre algo para nada habitual: la cantidad de prestaciones puestas al pago se redujo respecto del período previo. Así, mientras que en diciembre de 2019 había 6.870.749 beneficios del sistema integrado previsional, en septiembre de este 2020 el número era de 6.641.431.

Eso ocurrió porque se dieron muchas menos altas de beneficios, algo en gran medida asociado a la falta de atención en la Anses por la pandemia y la cuarentena. El promedio mensual de nuevas jubilaciones fue, entre enero y septiembre pasados, de 8787, mientras que en todo 2019 los casos por mes fueron 18.469. Y mientras que este año se habilitaron 5426 pensiones contributivas por mes, en 2019 ese promedio fue de 8324, siempre según la información oficial.

Más allá de si las jubilaciones mínimas alcanzarán o no a la inflación de este año, la realidad es que por la dinámica que tenía la fórmula suspendida todas las prestaciones deberían haber sido compensadas por la inflación de un período en el que el índice fue más elevado. El cálculo de la ley implicaba mirar los datos de precios y salarios con seis meses de rezago, y eso había hecho que en 2018 se perdiera un 13% de poder adquisitivo.

¿Cómo se refleja ese ajuste fiscal en los bolsillos? Un jubilado que al comenzar 2020 cobraba $20.000 mensuales (una suma cercana el ingreso previsional promedio de ese momento) percibirá, a partir de este mes, $26.304,3, lo cual implica un aumento en todo este año de 31,5%. Si en lugar de haber dado subas de manera discrecional y por decreto, el Gobierno hubiera mantenido la fórmula de la ley 27.426, el cobro de diciembre y de los dos meses siguientes sería de $28.406,8, es decir, de $2102,5 más.

Por la manera en que se fueron dando las recomposiciones durante este año, el resultado es que, al final del período de 12 meses que se extiende hasta febrero de 2021, se habrán percibido $19.865,6 menos, en comparación con el supuesto de vigencia de la modalidad suspendida (es un 5,9% menos). El cálculo incluye el impacto sobre el aguinaldo y contempla el lapso de marzo a febrero, porque la modalidad por decreto comenzó a implementarse en el tercer mes de este año y porque el próximo incremento previsto será en el tercer mes de 2021.

Otro ejemplo: para un haber mensual que en febrero era de $50.000, el impacto acumulado por la suspensión de la fórmula es de 9,8%, con $81.904,2 menos para el jubilado en un período de 12 meses. Desde este último mes de 2020 el ingreso será de $63.065,7, mientras que con la actualización por ley la cifra hubiera sido de $71.016,9, es decir, superior en un 12,6%. La diferencia en pesos solo en el ingreso mensual que regirá entre este mes y febrero de 2021 es de $7951,2. En este caso, la suba nominal efectiva acumulada para el período de todo un año es de 26,1% (contra el 42% de la fórmula), un nivel que claramente se ubica por debajo de la inflación, con lo que se produce un deterioro del poder adquisitivo.

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