José Ángel Allende, el sindicalista que debe devolver lo que robó

La escena, que es de la semana pasada, impresiona por lo infrecuente. “¿Usted reconoce ser el autor de esos hechos que se le imputaron?”, pregunta el juez. “Sí, señor juez”, contesta el sindicalista en la pantalla gigante. Si todo sale como su defensa lo prevé, José Ángel Allende, secretario general de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) Entre Ríos y ex diputado provincial del PJ, millonario, acusado de haberse quedado con casi 1,2 millones de dólares del Estado en el transcurso de los últimos 22 años, deberá devolver lo que robó. Se resolverá mañana por la tarde en Paraná, donde el juez Elvio Garzón dará a conocer si acepta el acuerdo de juicio abreviado.

Allende quedará inhabilitado de por vida para ejercer cargos públicos. Es lo que quienes propician este procedimiento consideran más valioso: son demasiadas las veces que los corruptos no sólo quedan impunes, dicen, sino que además se reciclan en nuevas funciones. El acuerdo a que llegó con la fiscalía incluye como contraparte un beneficio para él: no ir preso, porque la pena establecida es de dos años y ocho meses, y la posibilidad, que decidirá otro juez, el de instrucción, de que queden sobreseídos sus hijos Julio, Victoria y Carolina; Adriana Satler, su mujer, y Diana Traverso, su ex, todos ellos involucrados en la investigación porque pudieron haber oficiado de testaferros y a quienes, con excepción de Traverso, ubicó en distintas reparticiones del Estado.

El de Allende es un caso testigo de corrupción típica argentina. El juez debe resolverlo sopesando la postura de quienes se oponen al acuerdo porque piden una pena mayor. Entre ellos, dos víctimas de esta causa múltiple, que además de enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles con la función pública incluye amenazas: la actual ministra de Salud de Entre Ríos, Sonia Velázquez, a quien el líder sindical hostigó y agredió mientras le pedía remover a la directora del hospital de Diamante, y el periodista Martín Carboni, al que criticó en una radio local comparando la situación con el suicidio de Alfredo Yabrán y el asesinato de José Luis Cabezas.

Allende ha sido desde los 90 uno de los dirigentes más relevantes del poder provincial. Su patrimonio, estimado en 4,5 millones de dólares, creció al amparo de una relación siempre estrecha con los diferentes gobernadores: tiene barcos, casas en Entre Ríos, una colección de autos antiguos y hasta una isla en el Paraná y un departamento en la torre Le Parc, en Puerto Madero. El acuerdo con la fiscalía, ratificado a LA NACION por los abogados del imputado, prevé que devuelva dos casas (una en el Parque Urquiza, con vista al Paraná, valuada en US$720.922, y otra de 378.289 dólares) más 3 millones de pesos en efectivo.

Si prospera, el procedimiento interpelará de algún modo a todo el poder provincial. Entre ellos al gobernador, Gustavo Bordet, que designó hace cinco años a Satler, la mujer de Allende, en un cargo ad honorem en el ministerio de Salud: la nombró coordinadora de la Unidad Ejecutora de Conservación, una dependencia que se encarga del mantenimiento de los hospitales. Y también a Sergio Urribarri, actual embajador en Israel, que condujo los destinos de la provincia hasta 2015 y tiene tres causas dispuestas ya para el juicio, entre ellas, una que lo investiga por el supuesto desvío de fondos en la campaña mediante la cual pretendía ser candidato a presidente y llamó “Sueño Entrerriano”.

En su libro El Nido, el periodista Daniel Enz, uno de los que sacó a la luz el caso desde la revista Análisis en 2012, dice que Urribarri fue uno de los que se oponía a que el sindicalista se declarara culpable. Lo expone con una anécdota previa a otro intento de acuerdo con la fiscalía, a fines del año pasado, que finalmente el juez desechó. Cuenta Enz que el entonces gobernador llegó a objetar la decisión en una conversación privada con Allende: “¿Vos sos loco, Ruso? ¿Sos consciente del precedente que nos generás si acordás eso?” El acusado le contestó que lo hacía para excluir de la causa a su familia.

Es una pretensión que en rigor depende del juez de instrucción. Porque Allende los involucró directamente. Lo admite él en el acuerdo. Entre 2008 y 2011, por ejemplo, desde la Cámara de Diputados, le suministró 128 subsidios a la fundación Esperanza, que presidía su mujer, Satler, y en la que figuraban su hija Victoria como tesorera y él mismo como secretario del Consejo de Administración. Una maniobra que sumó casi 1,5 millones de pesos de entonces y que podría resumirse en una vieja broma que el economista Juan Carlos De Pablo suele hacer sobre aquellos lobbies de intención dudosa: “Hay que aprobar el subsidio a mí”.

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