Javier Okseniuk: “Con una economía desanclada, puede pasar cualquier cosa, es un corchito en el mar”
El economista, que forma parte del equipo del senador Martín Lousteau, dijo que se ven medidas aisladas y sin apoyo de toda la coalición gobernante; sostuvo que la situación cambiaria no logra acomodarse con el “sinceramiento en cuotas” que se hace y advirtió sobre el nivel de reservas
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Estudió Economía en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y realizó una maestría en la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT); fue gerente de Planificación en el Banco Provincia y director en el Banco Nación; trabajó como consultor económico en KPMG y como director de LCG; es director ejecutivo de la Fundación Argentina Porvenir
El economista Javier Okseniuk es parte del equipo del senador Martín Lousteau y desde ese lugar trabaja en el diseño de un programa económico para 2023. Es director de la Fundación Argentina Porvenir.
–¿Cómo analiza la última serie de anuncios que hizo Sergio Massa: el plan Ahora 30, el bono para personas vulnerables, la suba del mínimo de Ganancias y el programa Precios Justos?
–Es la segunda generación de políticas de Massa. La primera fue atender la urgencia de las reservas con medidas un poco aisladas. El primer paquete incluyó dar el dólar soja, adelantar reservas que iban a venir en el futuro, algo de suba de tasas, el compromiso fiscal dentro del acuerdo con el Fondo Monetario. Ahora aparecen estas nuevas medidas, que son para atender dilemas políticos. Además de tener en cuenta ciertas urgencias sociales, no van con la intención de estabilizar una economía, que básicamente fue el intento del primer set de políticas decididas hace un tiempo.
–¿Qué pasó con esas medidas?
–Fue un paquete de medidas que tuvo su grado de éxito, porque la brecha cambiaria, que estaba en 160%, pasó al 100%. Iban en la dirección correcta, pero, claramente, terminaron siendo insuficientes. No hace falta ser adivino. La brecha cambiaria, si bien se redujo y atendió una situación de crisis, sigue estando por arriba del 100%. La inflación no baja de 6% [mensual], el riesgo país está en 2800 puntos básicos. La sensación que da es que son medidas insuficientes para el objetivo perseguido, que básicamente es la estabilización de la economía. ¿Por qué sucede eso? No solo porque estas últimas medidas, que son expansivas, no van en la dirección de encausar las expectativas inflacionarias o de restablecer la dinámica de crecimiento de la economía, sino que las primeras también fueron tibias o consideradas parches. Fueron adelantos de cosas que iban a ocurrir en el futuro. Incluso las que iban en la dirección correcta, como subir las tasas de interés o cierta idea de prudencia fiscal, quedaron a mitad de camino: las tasas siguen siendo negativas, el tipo de cambio real se sigue apreciando en términos reales y el paquete de medidas fiscales, que incluía como punto más fuerte la segmentación tarifaria, está en un período de indefinición. En este marco, se desdibuja el objetivo de un paquete de medidas de ese tipo.
–¿Qué se puede esperar hacia adelante si esas medidas quedaron a mitad de camino?
–Lo que se ve, justamente, son medidas relativamente aisladas, que no están muy bien comunicadas y que realmente no tienen el soporte político interno de la coalición gobernante, que hace que las medidas no tengan la capacidad de anclaje que deberían tener. ¿Qué puede pasar? Cuando hay una economía desanclada puede pasar cualquier cosa, es un corchito en el mar que, si la cosa más o menos sopla en la dirección adecuada, se tranquilizan; y si sopla en otra dirección, puede haber alguna dinámica menos favorable. Por el momento, no estamos viendo realmente una decisión de política económica suficiente como para iniciar un proceso de crecimiento y de desinflación sustentable.
–¿Cómo ve el nivel de reservas? ¿Alcanza hasta llegar a la cosecha gruesa sin tener que hacer una devaluación brusca?
–El Gobierno le tiene miedo a cierto sinceramiento cambiario, esencialmente porque conjetura que eso puede afectar todavía más la dinámica inflacionaria. Estoy de acuerdo con esa conjetura, porque realmente, cuando uno tiene que sincerar un tipo cambio, el primer impacto es hacer un incremento de precios. Y cuando eso no está atado a un programa integral, en el que la visión de un gobierno y el deseo es mostrar que está a favor de una estabilidad macroeconómica, eso termina repercutiendo en precios. Pero también es cierto que ese miedo genera que se haga un sinceramiento en cuotas (sumando distintos dólares) que no logró desactivar las expectativas de depreciación. Por lo tanto, sigue habiendo incertidumbre respecto de cuáles son los costos de reposición, sobre si habrá insumos, si habrá financiamiento o capital humano. De alguna manera es un sinceramiento en cuotas que tampoco está logrando el objetivo de acomodar de a poco la situación cambiaria. No quiero tampoco aventurar mucho una dinámica inmediata, pero cuando una medida que se toma no es efectiva, en algún momento hay que tomar otro tipo de medidas. Esperaremos a ver qué sucede, pero por el momento no vemos un desenlace demasiado virtuoso.
–¿Cuántas son las reservas netas del Banco Central?
–Por la entrada que significó el dólar soja, pasaron de menos de US$2000 millones a US$6000 millones. Tuvo su efecto, pero siguen siendo niveles muy bajos como para administrar realmente un proceso de estabilidad. Cuando uno no tiene la capacidad de coordinación de expectativas, hay que sustentarse en cierto disciplinamiento de la economía, ya sea a través de recesiones o a través de un stock fuerte de reservas internacionales. Hoy no está ni la capacidad de coordinación ni el stock de reservas como para administrar bien un proceso de estabilidad. Entonces da la sensación de que en algún momento van a tener que tomar otro tipo de medidas.
–La inflación es la principal preocupación de la sociedad, pero, ¿es realmente la principal prioridad hoy del Gobierno?
–Sí, pero hago unos comentarios. Que sea lo más importante no significa que uno tenga que ponerse muy ansioso en una determinada velocidad desinflacionaria. A veces esa ansiedad hace que uno tome decisiones de política económica inadecuadas. Yo puedo considerar que realmente la inflación es un problema y uno de los más severos de la economía, pero si me vuelvo loco realmente en tratar de desinflar lo más posible el próximo año, a lo mejor tengo que acudir a un atraso cambiario o a distintas medidas que terminan siendo no sostenibles en el tiempo, y que finalmente le echan más leña al fuego a esa dinámica. Hoy, la Argentina tiene el dilema de necesitar dos cosas imperiosas: un programa de estabilización nominal y un programa de estabilización real, porque ya van más de 10 años de virtual estancamiento. Los desequilibrios macroeconómicos que realmente están afectando el crecimiento son una prioridad, pero diría que hay que ponderarla en conjunto con otras cuestiones y, sobre todo, con una evaluación del riesgo de las distintas medidas que se van a tomar. Que sea prioritario no significa que uno tenga que sacrificar todos los demás objetivos en pos de esa prioridad. En la medida en que uno tenga un programa más o menos creíble y sensato, es posible que se logre crecer y bajar la inflación al mismo tiempo, después de una puesta de condiciones iniciales en un lugar más o menos razonables, como precios relativos, tipo de cambio y cuestiones fiscales. Para eso se requiere esquemas de credibilidad. Los economistas nos peleamos bastante respecto de qué es lo que da esa credibilidad.
–¿Qué discuten?
–Hay algunos que ponen el énfasis en dolarizar la economía; otros, en cambiar leyes del Banco Central de manera de dotarlo de una total independencia; otros ponen el énfasis en eliminar de entrada el cepo cambiario como una cuestión nociva; otros ponen el acento en algunas cuestiones fiscales, en alguna reforma previsional. Nuestra concepción es que los procesos de estabilización son mucho más difusos. Tiene que estar todo y es nada. No es que la inflación sigue una ecuación de señoreaje o sigue una sola variable, sino que es un conjunto de cosas que muestren que realmente hay un cambio de régimen, de gestión de la de la política económica. En ese sentido, nosotros ponderamos dos cuestiones importantes. Una es que lo principal es no atarse a una sola variable como ordenadora de expectativas, sino que se trata de un conjunto de variables mucho más difusas, porque la potencia está en el todo. Más allá de la consolidación fiscal –una cuestión en la que nosotros creemos que tiene que haber un proceso relativamente fuerte en los próximos años–, creemos que más importante es la modificación de cómo funciona el Estado. Por eso tenemos una agenda de privilegios muy amplia, que queremos poner en la discusión.
–¿Cómo cuáles?
–Desde las empresas públicas a los regímenes promocionales, que son eternos. Hoy hay transferencias y estructuras incondicionadas que están a disposición del statu quo y de un Estado ineficiente. Son cosas que restan competitividad y, para compensar, hay que acudir al tipo de cambio, pero, al mismo tiempo, eso implica menores salarios reales; entonces, se exacerban las pujas distributivas que ya naturalmente están en nuestro país. A los fines de un programa de estabilización, nuestro punto de partida es un paquete de reforma del Estado lo suficientemente amplio para diversificar los focos de tensión que ese programa genera, y, al mismo tiempo, cuanto más amplio sea ese paquete de reformas, lejos de ser más difícil de lograr consideramos que puede ser más fácil de ser acordado, porque hay una percepción de que el esfuerzo es colectivo.
–¿Por ejemplo?
–Los trenes. Tienen un déficit total de US$1250 millones, el doble que Aerolíneas Argentinas. Ahí están los subsidios a la tarifa metropolitana, pero muchos de los subsidios vienen porque no hay un proyecto más o menos rentable de líneas que realmente se justifiquen. Hoy, con 30.000 personas empleadas, la productividad laboral en trenes de carga en la Argentina es 20 veces menor que en otros países de América Latina. Es decir, la dotación de personas para la misma función, para la misma cantidad de pasajeros por kilómetro, es 20 o incluso en algunos casos 30 veces mayor que en otros países. En salud, la Argentina gasta 11% del PBI, entre salud pública, obras sociales y prepagas. España y Canadá gastan el 10% del PBI. Esos países están liderando los niveles de satisfacción de salud y nosotros estamos de mitad de tabla para abajo, con un gasto mayor.
–¿Cuándo se volvió tan ineficiente el Estado?
–No hay un cuándo. El retrato de esta ineficiencia del Estado, como el de Dorian Gray, se fue desmejorando paulatinamente. Siempre hay intereses facciosos, que no necesariamente son del más alto nivel, a veces son pequeñas quintitas que se fueron perpetuando, y después hubo desidia política para enfrentar eso. Se ha naturalizado ese comportamiento, porque a lo mejor se percibía que ahí no había una gran cosa. Cada una de estas cuestiones de un ente público, una empresa pública o un ministerio, en sí mismo, en soledad, no afecta demasiado. El tema es que el conjunto de estas cosas está haciendo una mala administración pública. Fue una desmejora paulatina; seguramente hubo episodios donde la velocidad tomó más energía, pero más que estar con el dedo señalando quién fue el culpable, yo diría que fue un proceso que se ha naturalizado y que ya lleva varias décadas.
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