Invertirán US$900 millones para agilizar las obras viales licitadas con el esquema PPP
A través de un préstamo sindicado liderado por el BID Invest, el fideicomiso creado por el Gobierno recibirá los fondos necesarios para reactivar el plan
Cuando parecía que la obra pública sería la gran perjudicada este año, dado el ajuste que el Tesoro tiene que hacer en el gasto, la ayuda de un banco multilateral permitirá canalizar a partir de junio casi US$900 millones en infraestructura. El BID Invest, el brazo privado del Banco Interamericano de Desarrollo, liderará un préstamo con bancos internacionales para agilizar las seis obras viales licitadas con el sistema de participación público-privada (PPP).
El 30 de este mes, el BID tiene fecha para tratar el "préstamo puente para el programa PPP red de autopistas y rutas seguras", según dice su página de internet. El líder del proyecto es el argentino Gian Franco Carassale, que trabaja en el organismo desde hace más de 15 años.
El banco multilateral aportaría US$200 millones, mientras que el resto se juntaría entre bancos internacionales -como JP Morgan, Goldman Sachs, HSBC, Deutsche Bank, Citibank y UBS- y organismos multilaterales -como la Corporación Financiera Internacional (IFC, el brazo del Banco Mundial para el sector privado), el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y el Banco de Desarrollo de China (CDB)-.
Ayer, el Ministerio de Transporte convocó a representantes de los cinco consorcios encargados de ejecutar las obras para comunicarles que el fideicomiso contaría con los fondos a mediados del próximo mes. Para ello habrá que hacer algunas modificaciones a los contratos, ya que originalmente el primer año de obras se iba a financiar en pesos con la banca local. Para los siguientes tres años de construcción, los consorcios podrán salir a vender los títulos de pago por inversión (TPI), que el Tesoro entrega contra avance de obra.
"En unas semanas se terminará de constituir el fideicomiso", confirmó ayer el ministro Guillermo Dietrich a LA NACION, en su breve visita a Córdoba, donde viajó para recorrer las obras del aeropuerto Ambrosio Taravella y participar de un almuerzo en la Bolsa de Comercio local.
La idea de crear un fondo que sirva como vehículo de intermediación para destrabar los créditos de corto plazo surgió en agosto pasado, cuando el financiamiento a las empresas se vio comprometido tras el escándalo de corrupción de la causa de los cuadernos. "Fue la tormenta perfecta -dijo Dietrich-. Los cuadernos y los problemas cambiarios generaron incertidumbre. Sin embargo, la superamos, el BID mantuvo el apoyo con sus marcos de integridad y hay mucho interés de los bancos".
El organismo multilateral fue quien validó el marco de integridad con el cual se regirán los bancos que prestarán financiamiento a las empresas contratistas, un requisito necesario para cubrirse del "riesgo reputacional" por posibles casos de corrupción.
"No creían que nos íbamos a animar a crear un marco de integridad tan exigente. El empresario está obligado a transferir sus acciones en 30 días si tiene un evento de sentencia en firme, de procesamiento en firme o de arrepentimiento. La idea es separar la empresa del empresario, para que pueda seguir operando mientras se sanea la composición de sus accionistas", explicaron en el Gobierno.
Este fue el puntapié para que el BID Invest quiera entrar a invertir con un crédito sindicado. El banco tiene un portafolio de US$11.200 millones en activos bajo administración y 330 clientes en 23 países.
Para el Gobierno, la reactivación de las obras de PPP llegó en el mejor momento, ya que se volcarán alrededor de $35.000 millones en obra pública justo cuando lo destinado a ese fin tuvo un caída real del 50% con respecto a 2018, por la necesidad de bajar el gasto público y cumplir con la meta de equilibrio fiscal. El crédito, que se repartirá en partes proporcionales entre los seis corredores viales a tasas de mercado en dólares, le dará movilidad a un sector vital para la imagen del Gobierno en un año electoral.
Los contratos de PPP se terminaron de firmar el 1º de agosto, justo el mismo día en que se desató la causa de los cuadernos. Esta primera etapa de proyectos comprendió la licitación de seis corredores viales -A, B, C, E, F y Sur- que abarcan más de 3300 kilómetros de rutas nacionales de Buenos Aires, Córdoba, La Pampa, Mendoza y Santa Fe.
El plan para estos corredores implica obras de construcción de nuevas autopistas (813 km), rutas seguras (1494 km) y obras especiales (252 km), así como 17 variantes en distintas localidades.
La inversión total estimada para la primera etapa es superior a los US$8000 millones, según indicaron en el Ministerio de Transporte. En total, US$6000 millones se invertirán durante los primeros cuatro años y más de US$2000 millones durante los siguientes.
El proceso licitatorio de esta etapa contó con 32 ofertas que realizaron 10 consorcios, compuestos por 19 empresas nacionales y siete internacionales. Ganaron cinco consorcios, ya que el conformado por las empresas Helport (una compañía del grupo Eurnekian), Panedile, Eleprint y la española Copasa se hará cargo de los corredores viales E y F. Luego está el consorcio que componen China Construction America (CCA) y la norteamericana Green, que administrará 546 kilómetros de la ruta nacional 5, entre Luján y Santa Rosa.
El Corredor Vial Sur quedó a cargo del consorcio Ausur, conformado por Rovella, JCR y la empresa portuguesa Mota-Engil, y se extenderá a lo largo de 247 km de las autopistas Riccheri, Jorge Newbery, Ezeiza-Cañuelas y las rutas nacionales 3 y 205.
El corredor que une Las Flores con Coronel Dorrego, además de otro ramal que va de Olavarría a Mar del Plata, fue adjudicado a Paolini Hermanos, Vial Agro y la italiana INC.
El fiduciario
El fideicomiso será administrado por el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), que preside Francisco Cabrera. El exministro de Producción se llevó a la entidad el equipo de la exsecretaría de Proyectos de PPP, que lideraba José Luis Morea y que actualmente es el gerente del BICE.
El banco, enfocado antes en otorgar créditos a las pymes, se volcará de lleno a financiar y movilizar obras de infraestructura. Si bien su capital es de apenas $7000 millones, buscará atraer créditos de organismos multilaterales para canalizarlos en proyectos de energías renovables, economías regionales y otras obras viales necesarias, por ejemplo, en Vaca Muerta .
A fin de febrero se lanzó una nueva licitación con el sistema de PPP para la construcción de una red de alta tensión entre las estaciones transformadoras de Río Diamante (Mendoza) y Charlone (Buenos Aires). Fue la vuelta a este esquema luego de que se pusiera en pausa a fin del año pasado, cuando el riesgo país argentino subió en poco tiempo casi 150 puntos básicos.
"Lo que cambia con respecto a la licitación de autopistas es que el financiamiento a demostrar deberá estar asociado al riesgo corporativo y no al riesgo del proyecto. Riesgo corporativo significa que la deuda privada a emitirse para financiar las obras tiene como respaldo los activos de la compañía que participa en la licitación y no los flujos de fondos generados por el proyecto", explicó Morea en su momento.
"La compañía evaluará internamente si tiene o no capacidad para conseguir nuevo endeudamiento corporativo, dada su situación patrimonial, su solvencia, las proyecciones de ingresos futuros, su exposición judicial, entre otras cosas", agregó. Licitar todas las obras utilizando el riesgo privado es imposible, ya que las empresas argentinas no tiene la holgura en sus balances como para atender tantos proyectos. Es por eso que es necesario volver luego al esquema de riesgo de proyecto, si se quiere licitar obras de mayor envergadura.
Para este año se esperan nuevas licitaciones bajo el sistema PPP, como el tren que una la ciudad de Neuquén con Añelo, el pueblo más próximo a Vaca Muerta.
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