Inversiones que rinden si se logra que más jóvenes estudien y trabajen
Entidades financieras, empresas y ONG desarrollaron, con el gobierno porteño, una prueba piloto de un bono cuyos retornos están atados a que se cumplan objetivos en el plano social; cómo es la estrategia y qué aprendizajes hubo
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LA NACIONSilvia Stang
Atar el recupero y los resultados de una inversión de capital al cumplimiento de objetivos previamente definidos, enfocados en mejorar la calidad de vida de algún grupo de la población o en dar respuesta a una necesidad colectiva detectada, es lo que esencialmente define en distintas partes del mundo a los llamados bonos de impacto social, una modalidad de interacción entre el mundo financiero, las políticas públicas y las acciones de privados, que surgió en Inglaterra hace poco más de una década.
¿Un caso concreto? Poner como meta que una cierta cantidad de jóvenes habitantes de zonas vulnerables termine el ciclo secundario, se inserte laboralmente y se mantenga un determinado tiempo en el empleo. Esos objetivos se fijó el Vínculo de Impacto Social (VIS) “Proyectá tu futuro”, la primera experiencia de este tipo que se hizo en la Argentina, más concretamente en la ciudad de Buenos Aires, y cuya evaluación final se presentó recientemente. Se trató, en rigor, de una prueba piloto.
De acuerdo con los resultados medidos a septiembre último, de los 1000 participantes del programa, 894 terminaron la capacitación que se les ofreció; 325 se insertaron laboralmente y, de este último grupo, siete de cada diez (226 jóvenes) mantuvieron el empleo durante 4 meses, en tanto que 115 seguían en la misma ocupación 12 meses después del ingreso. El informe de evaluación indica que se alcanzaron las métricas estimadas inicialmente y que los resultados superaron a los de otros programas que se habían relevado antes de diseñar el bono de impacto, por el cual se fueron liberando pagos a los inversores.
La emisión del bono, hecha por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se previó, a valores del momento inicial, por un monto tope de $48,4 millones, pero se fijó un mecanismo de actualización para cada momento de pago, en función de un índice que combina la evolución del salario del sector privado registrado según el Indec y el alza de los precios mayoristas, según explica María Laura Tinelli, directora de Acrux Partners, una consultora de inversiones de impacto que gestionó la operación a través de un fideicomiso.
Según el modelo aplicado, los inversores ponen el capital, que es usado por los proveedores de servicios, encargados de instrumentar los planes para la terminalidad educativa y la inserción laboral. En el primer grupo están, en este caso, los bancos Ciudad y Galicia, IRSA Propiedades Comerciales y Puerto Asís Investments; además, hubo un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID Lab). Y las instituciones ejecutoras son la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) y las fundaciones Forge, Pescar Argentina y Reciduca.
El VIS fue lanzado en 2018 como un piloto, orientado a generar conocimientos y aprendizajes para hacer programas más amplios, algo que se prevé para los próximos meses, según Tinelli. El gobierno de la Ciudad, como único pagador en esta primera experiencia, va haciendo reembolsos del capital invertido y aplica un retorno financiero, todo vinculado a los resultados obtenidos. En las pautas se estipula un retorno mayor cuando las metas se materializan para la población considerada de “vulnerabilidad extrema”.
¿Cuál es el perfil de los participantes? Los criterios de selección (que serían ampliados para una próxima edición del VIS, en respuesta a los aprendizajes surgidos) fueron los siguientes: tener entre 17 y 24 años y vivir en las comunas 4, 7, 8, 9 y 10 de la ciudad (barrios del sur), habitar en una villa o asentamiento, tener secundario completo o poder completarlo dentro del primer año del programa, o bien recibir el subsidio de Ciudadanía Porteña o la AUH (en el último caso no fue requisito ser habitante de villa o asentamiento, pero sí hubo otras condiciones).
Al segundo trimestre de este año la ciudad de Buenos Aires tenía una tasa de desocupación, según la Dirección General de Estadística y Censos porteña, de 9,4% de la población activa. Pero en la zona sur ese índice fue de 14,2%. La variación que muestra en el mediano plazo ese indicador sugiere que en esos barrios hubo un mayor efecto de la recesión agravada por la pandemia y la cuarentena: en el segundo trimestre de 2018 la tasa de desocupación general de la ciudad era igual a la de ese período de este año, mientras que la de la zona sur era en aquel entonces tres puntos porcentuales más baja que la del actual 2021: de 11,2%.
La problemática laboral, por otra parte, es especialmente complicada entre los jóvenes. Según el dato del Indec para el total de los centros urbanos en los que se hace la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), la desocupación del segundo trimestre de 2021 fue de 9,6%. Pero trepó a 22,4% entre las mujeres de entre 14 y 29 años, y a 16,1% entre la población masculina de esas edades.
El contexto en el que se desarrolló el programa del VIS fue bastante adverso. El informe destaca que “hubo suspensión de búsquedas laborales por parte de algunas empresas, cancelación de ingresos de jóvenes que ya tenían el examen preocupacional hecho y hasta fecha de ingreso, y cancelación de apertura de locales”, dada la crisis del Covid-19. Aun así, se señala que los resultados fueron casi equivalentes a los estimados en las proyecciones hechas bajo la hipótesis de “escenario negativo” durante el diseño del plan.
En concreto, los proveedores hacen tareas como las de acompañamiento para la terminalidad del ciclo secundario, preparación para el desarrollo de habilidades socio-emocionales, formación técnica en oficios, orientación para las búsquedas laborales y tutorías. Y, además, deben ocuparse de interactuar y convocar a empresas que sean posibles empleadoras.
Para hacer la experiencia a futuro con un número mucho mayor de participantes, Tinelli plantea varios aprendizajes. Uno es que el plan debe ser lo más sencillo y pragmático posible; otro es que se debe involucrar a funcionarios de altos cargos de los gobiernos intervinientes, y no solo a los responsables de un área, para garantizar la continuidad.
Una consigna clave, dice, es lograr convencer de que –más allá de los efectos sociales–, desde el punto de vista fiscal los Estados terminarían asignando fondos más eficientemente y, en el mediano y largo plazo, dejarían de ser necesarios en muchos casos los planes de transferencia de dinero. La visión sobre el plan es que no solo debería lograr mejorasen las trayectorias laborales de los jóvenes participantes, sino también en las oportunidades de los hijos que ellos tengan ahora o en el futuro. No se trata solo de una generación, así como tampoco se trata solo del desempleo: la muy alta informalidad y la intermitencia de las ocupaciones son problemas que persisten desde hace décadas y que afectan principalmente a los hogares pobres.
Por Silvia Stang
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