Inversiones: cómo son los nuevos bonos que ayudan a financiar actividades con impacto social y ambiental
Dos asociaciones civiles emitieron Obligaciones Negociables por un total de $228 millones y están previstas nuevas operaciones, con montos crecientes; en pocos días se sumará una entidad de microfinanzas con un activo de género; qué destinos se les dan a los recursos
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LA NACIONSilvia Stang
Transformar residuos plásticos en mates, perchas o muebles de jardín, y convertir restos de telgopor en útiles escolares, son acciones cotidianas de Creando Conciencia, detrás de las cuales hay muchos pasos y muchas personas haciendo diferentes tareas. Esta cooperativa, con sede en Benavídez, partido bonaerense de Tigre, que tuvo sus comienzos en 2005 con la misión de recolectar bienes reciclables y comercializarlos, recibió días atrás varios millones de pesos por un préstamo. Son fondos destinados a la compra de un predio para el acopio y el procesamiento de materiales que podrían haber sido basura, pero son insumos.
En Garín, partido de Escobar, un espacio amplio cumple otro rol: es el nuevo galpón donde la asociación civil Techo fabrica los módulos para las viviendas que se levantan, junto a las comunidades y gracias a voluntarios, en barrios populares de diferentes lugares del país. Antes de contar con los recursos para poder tener su Fábrica Social propia, Techo alquilaba instalaciones a precio de mercado. El hecho de ya no tener ese costo de locación, afirman en la organización social, les permite pagar la inversión que significó la construcción del lugar y lograr un ahorro de hasta 15% en la producción de viviendas de emergencia.
El punto en común de los dos casos es que el dinero para encarar la compra (en un caso) y la construcción (en el otro) de las instalaciones provino del mercado de capitales. Es un origen hasta no hace mucho tiempo prácticamente impensado para fondos que se destinan a emprendimientos de organizaciones de la sociedad civil o de empresas de impacto social y ambiental.
Las dos acciones fueron financiadas mediante emisiones de Obligaciones Negociables (ON), que son instrumentos de deuda lanzados por actores del ámbito privado. Y varias instituciones, como la Comisión Nacional de Valores (CNV) fueron parte del proceso para llegar a la concreción de las operaciones.
Creando Conciencia recibió los fondos de parte de Sumatoria para una Nueva Economía, una asociación civil dedicada a las microfinanzas y a dar préstamos para iniciativas de impacto, que concretó ya tres emisiones de ON. La primera fue en diciembre de 2021 y por $30 millones; la segunda, hecha en mayo de 2022, fue por $60 millones (con un bono sustentable, de efectos sociales y ambientales), y la tercera, emitida en diciembre último, fue por $120 millones, mientras que lo ofertado por los inversores superó en casi 11 veces esa cifra. En pocas semanas, Sumatoria saldrá al mercado en busca de $240 millones más.
Techo, por su parte, lanzó sus propias ON en octubre de 2021 por $18 millones, con las que se convirtió en la primera entidad sin fines de lucro en hacer uso de esta modalidad.
En pocos días más, la empresa social Pro Mujer, dedicada a dar servicios financieros, de salud y de formación seguirá los mismos pasos. La meta será lograr $200 millones con una ON de género a un plazo de 12 meses, para destinarlos a la cartera de servicios financieros, que incluye a 1700 mujeres de hogares de bajos recursos, de entre 18 y 75 años, propietarias de micro y pequeñas empresas de la economía semi formal.
Antes de la primera emisión –la de Techo– estaba en marcha, desde la CNV, un régimen simplificado para ON de pequeñas y medianas empresas, del que participan como avalistas Sociedades de Garantía Recíproca, bancos y fondos provinciales, instituciones a las que se está sumando ahora el Fondo de Garantías Argentino (FoGar). “Como los inversores institucionales deben tener un determinado porcentaje de sus fondos en pymes, se genera cada mes una demanda importante de esas ON”, cuenta a LA NACION Mónica Erpen, directora de la CNV, con respecto a uno de los factores que daba señales, tiempo atrás, de que podía haber recursos que se dirigieran a destinos no tradicionales para el mercado de capitales.
Otro elemento que entró en la evaluación de esas posibilidades, dice Erpen, es que se empezó a percibir, en las mesas de trabajo sobre inclusión financiera, la tendencia creciente a la emisión de bonos verdes, sociales y sustentables (estos últimos son verdes y sociales a la vez), sobre todo a partir de los efectos que dejó la pandemia de Covid-19. “En la Argentina, se había estrenado en 2019 el panel de Bonos SVS (sociales, verdes y sustentables) de ByMA (Bolsa y Mercados Argentinos) en el cual, en un primer momento, había generalmente grandes actores”, afirma la funcionaria.
Emisión pionera
En 2020 se empezó a trabajar desde la CNV con Techo, que necesitaba fondos para su fábrica propia. “Fuimos la primera organización sin fines de lucro en emitir una ON a través de un bono social en el país”, cuenta Eric Jaloff Nieto, coordinador general de Techo-Argentina. Y describe: “Fue por $18 millones, a tasa Badlar más 0%, a 48 meses, con amortización trimestral y un período de gracia de 6 meses; hubo ofertas por $40 millones, más del doble del monto de la emisión”.
Del proceso participaron tres bancos estructuradores y colocadores (Hipotecario, Santander y Galicia), junto con la firma financiera Allaria Ledesma; también intervinieron, como asesores, Pegasus y el estudio jurídico Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen; como avalistas, Argenpymes, Acindar Pymes y Crecer SRG; como reguladores, ByMA y la CNV y, como calificadora de riesgo y certificadora del impacto del destino de los fondos, la Universidad Nacional de Tres de Febrero. Más allá de la ayuda que dio el financiamiento, hubo “otros actores que participaron en la construcción de la fábrica”, inaugurada en noviembre de 2022, cuenta Jaloff Nieto. Hubo empresas que donaron asesoramiento y materiales, y el Municipio de Escobar cedió en comodato el terreno.
Para aquella primera ON de una asociación civil hubo que adaptar normativas y habilitar la actuación de las instituciones avalistas, cuenta Erpen. Además, la CNV firmó un convenio con Naciones Unidas para trabajar en distintos aspectos de la incorporación de las organizaciones al mercado de capitales, y las instituciones intervinientes en la cadena de valor de la emisión, dice la funcionaria, hicieron sus trabajos sin cargarle costos al proceso.
Los destinos del dinero
Las emisiones de la asociación civil Sumatoria, por su parte, permitieron llevar fondos “a organizaciones que trabajan por la inclusión de personas y que no tenían acceso a financiamiento, y a emprendimientos de triple impacto”, según describe Matías Kelly, cofundador y director de la ONG. Además de Creando Conciencia, fueron destinatarios de los $120 millones logrados en diciembre último la organización Educación Alimentaria Transformadora; la Fundación León (que trabaja en entornos de pobreza en el noroeste argentino); la empresa de microfinanzas OMLA; el emprendimiento Optimizar Forestal; Pro Mujer; Grupo RFG (iniciativa con impacto ambiental); Santa María del Recuerdo (empresa de actividades primarias centrada en la regeneración de suelos); la Fundación Nuevos Surcos (trabaja con pequeños emprendedores del norte), y Zafrán (empresa B del rubro alimenticio).
Las ofertas frente a la emisión de Sumatoria de diciembre de 2022 superaron los $1417 millones, 11 veces más que lo emitido, y la ON se lanzó a un plazo de 24 meses, a tasa Badlar más 0%. Los bancos Comafi, Galicia y Santander fueron colocadores y avalistas, y el estudio SMS Buenos Aires participó haciendo una revisión del carácter sustentable de las acciones. Para definir el destino de los fondos, explica Kelly, se consideran el impacto social y ambiental del emprendimiento, la falta o las dificultades para el acceso a otras fuentes de recursos y los factores vinculados con el riesgo, como la voluntad y la capacidad de pago.
El instrumento que ofrecerá en breve Pro Mujer “será la primera ON de género en el país emitida bajo el régimen simplificado para obligaciones con impacto social”, afirma María Laura Tinelli, asesora para el Desarrollo de Negocios Estratégicos de esa organización. Los $200 millones buscados en el mercado de capitales irán, describe, a préstamos a mujeres que hacen actividades productivas, comerciales, agropecuarias y de prestación de servicios. “Será, claramente, un hito para la inclusión financiera de las emprendedoras”, apunta Tinelli.
De la operación participan los bancos Galicia, Hipotecario, Comafi y Supervielle, además de Allaria Ledesma, los estudios Mitrani, Caballero & Ruiz Moreno y Beccar Varela, y la Universidad Nacional de Tres de Febrero que, al igual que en los otros casos, certifica el rasgo social, ambiental o social y ambiental de los objetivos.
“Esta apuesta al mercado por parte de una empresa social es una iniciativa pionera, que nos permite constituirnos en referencia para la Argentina y el continente –señala Carmen Correa, CEO de Pro Mujer–. Ser respaldados por entidades financieras e instituciones tan relevantes nos da un impulso muy grande para seguir trabajando en la transformación de las vidas de las mujeres”.
Potencial
Aun cuando los rendimientos para los inversores –que son, por lo general, institucionales– se ubican por debajo de los elevados niveles actuales de inflación, por diferentes motivos (conciencia y conducta responsable, reputación, necesidad de cumplir con cupos de inversión, por ejemplo) estas ON “están despertando mucho interés por parte de distintos actores del mercado”, destaca Matías Isasa, director de la CNV, al evaluar la sobreoferta que hubo en las últimas emisiones.
Un ahorrista particular, agrega, podría buscar ir a estos activos a través de suscripciones en los FCI ASG (fondos comunes de inversión con instrumentos de impacto ambiental, social y de gobernanza).
Con respecto a lo que ocurre en la post emisión, en el panel público de ByMA de bonos SVS se van sumando informes (tanto en el caso de pymes como en el de otras organizaciones) que describen los avances de los proyectos financiados.
Hacia adelante, Erpen cuenta que hay dos entidades de microcréditos más que están buscando concretar emisiones. “Estar en el mercado de capitales colabora con la transparencia, porque hay una calificadora que le pone el sello de calidad al destino de los fondos”, señala la funcionaria. Y agrega que, para habilitar la llegada al sistema de Pro Mujer, se hicieron adaptaciones al proceso, que servirán para otros actores sociales que se vayan sumando.
Al pensar el futuro de un segmento del mercado que está dando sus primeros pasos, Erpen evalúa que, más interesante que estimar qué volumen de activos se podría alcanzar, resulta pensar cuál sería la cantidad de personas beneficiadas por el acceso a fondos con los cuales, de otra forma, no llegarían a contar.
Por Silvia Stang
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