"Intrusivo" y "preocupante". Crítica al decreto que congela las tarifas
LA NACION
"Con mucha preocupación". Así ve Maryleana Méndez, secretaria general de la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones, a la reciente decisión del presidente Alberto Fernández de emitir un decreto que congela los precios de la telefonía móvil, Internet y televisión por cable y los declara servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia.
En la segunda edición del evento la Revolución de la economía digital, transmitido por LN+, streaming vía YouTube y FacebookLive, la ejecutiva dialogó desde Costa Rica con el secretario general de LA NACION, José Del Rio, sobre la relación entre el Estado y las denominadas telcos.
Según explicó, la industria de las telecomunicaciones, que es la base de la digitalización, es "muy intensiva en capital y requiere mucha seguridad jurídica y normas claras para funcionar". Las inversiones para dar los servicios hoy se realizaron "hace años y un cambio tan drástico y de tanto alcance preocupa muchísimo a la industria porque significa que estamos jugando con reglas diferentes, que implica un aumento de costo del financiamiento y pone en riesgo las inversiones presentes y futuras", sostuvo Méndez.
Además, consideró que la fijación de tarifas del servicio es de las regulaciones "más intrusivas" que existen y aseguró que "es muy poco común" y que no lo ha visto en otros mercados.
"Por supuesto que el entorno de la pandemia ha hecho que los países tiendan a proteger al usuario en términos de garantizarles los servicios, pero muchas veces hay también una compensación [para las empresas] asociada a no pagar ciertas tasas o prorratear impuestos", dijo. Según consideró, "el congelamiento de tarifas, y más en un entorno macroeconómico como el de la Argentina, tiene un altísimo impacto".
Méndez consideró que existen otras herramientas distintas a las anunciadas por el Gobierno para asistir a los usuarios y para que el servicio les sea garantizado a los sectores más vulnerables, como el fondo de servicio universal, que se solventa con la contribución del 1% de su facturación bruta de las empresas, que son US$60 millones al año.
"Estas medidas se tienen que acotar a las poblaciones vulnerables y eso permite que el resto del mercado siga funcionando y ayude a la sostenibilidad de las industrias. Es un elemento solidario dentro del funcionamiento general y son instrumentos instalados hace mucho tiempo", concluyó.
La especialista consideró que la seguridad jurídica es la "piedra angular" para el desarrollo de las inversiones en infraestructura tecnológica, porque los negocios se planifican con mucha antelación. "Esa planificación, despliegue e inversión pasa por las reglas que están establecidas, que deben mantenerse a lo largo del tiempo. Sin esto, es como que a la mitad del partido cambien las reglas; la posibilidad de que los jugadores se ajusten es compleja y pone sobre la mesa los resultados finales", apuntó.
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