“Intervenciones injustificadas”: el Gobierno se prepara para derogar un decreto del kirchnerismo que derivó en numerosos conflictos judiciales

Firme en el camino de las desregulaciones, en el Gobierno están trabajando para derogar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 690/2020, en el cual se declaró como servicios públicos esenciales a internet, la telefonía y la televisión por cable. La normativa le permitió a la administración de Alberto Fernández congelar precios y fijar los aumentos tarifarios, una práctica que se mantuvo hasta el fin de su mandato y que generó una ola de medidas cautelares en la Justicia por parte de las compañías.

El decreto fue promulgado en agosto de 2020, en plena pandemia de covid-19, cuando la educación y el trabajo sucedía de forma remota. En ese entonces, se reconoció como servicio público esencial a los servicios de la Tecnología de la Información y las Comunicaciones (TIC) y se le dio al Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) la facultad de regular los precios. Sin embargo, aunque la cuarentena terminó y las aulas y oficinas volvieron a llenarse de gente, la medida siguió vigente.

“El decreto, promulgado por el anterior gobierno, representa un ejemplo más de intervenciones injustificadas que distorsionan las reglas de juego, con un impacto negativo sobre las empresas, que desde entonces tenían que acudir a la Justicia para poder actualizar sus precios. Esta restricción ha tenido efectos devastadores en el sector, socavando la certeza jurídica para los inversores y obstaculizando el desarrollo de nuevos y mejores servicios para las personas y empresas”, le dijeron a LA NACION fuentes oficiales.

La derogación del Decreto 690/2020 está en camino administrativo y se publicaría en las próximas semanas. De todos modos, desde el Gobierno destacaron que no se espera que haya un aumento en el valor de estos servicios, ya que en los últimos años las empresas acudieron a la Justicia con medidas cautelar para poder actualizar sus valores en un contexto donde la inflación alcanzó cifras que no se observaban hacía 30 años. Uno de los fallos más recientes fue a fines de noviembre último, cuando Telecom consiguió que se anule el DNU para sus operaciones.

Es más, en los últimos meses, fue uno de los segmentos que más aumentó. En febrero, el rubro Comunicaciones registró una suba del 24,7% mensual, de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que releva el Indec. En enero, la variación para esta categoría fue del 25,1%; en diciembre, del 15,6%; en noviembre las tarifas se incrementaron un 15,2% promedio; y en octubre, 12,6%. Aún así, en todo 2023 aumentaron un 191,6%, frente a una inflación de 211,4%.

“La derogación de este decreto es imprescindible para revertir los efectos negativos en el mercado de las comunicaciones y conectividad. Estas malas decisiones han llevado a una disminución de las inversiones necesarias para generar progreso, crecimiento y empleo, y generaron un aumento del intervencionismo estatal desproporcionado en el sector. Es urgente liberar el mercado y promover el desarrollo de servicios de calidad, garantizando la igualdad de trato para todos los usuarios”, remarcaron fuentes oficiales.

Cierre de las delegaciones provinciales del Enacom

Ayer, el Enacom dispuso el cierre de todas sus delegaciones provinciales a partir del próximo lunes 1° de abril. Esta medida podría dejar sin trabajo a unas 300 personas, mientras que desde el Gobierno justifican que buscan “asegurar una administración más eficiente y transparente de los recursos del Estado en beneficio de todos los ciudadanos”.

Según explicaron oficialmente, tras un “exhaustivo análisis” de la actividad desarrollada en las delegaciones provinciales, se observó una “disminución significativa” de sus funciones desde que se implementó el Trámite a Distancia (TAD). Por la simplificación y automatización de los procesos, consideraron que hay “una desproporción” entre las tareas realizadas y la estructura de estas delegaciones.

“Por lo tanto, en aras de optimizar el uso de los recursos públicos, se ha determinado el cierre operativo de las delegaciones provinciales. Para garantizar una transición ordenada, hemos establecido un período de sesenta días durante el cual se reasignarán las tareas de control ejecutadas por estas delegaciones. Asimismo, se dispondrá de una dotación mínima de agentes para llevar a cabo el cierre y elaborar un inventario patrimonial actualizado de los bienes asignados a cada delegación provincial”, señalaron.

Esta decisión afectaría a 30 delegaciones, aunque agregaron que seguirán funcionando los centros de control. La noticia llega luego de que el Gobierno dispusiera la intervención del Enacom el 29 de enero, con el objetivo de “evaluar su estado de situación, establecer un ordenamiento operativo, modernizarlo y profesionalizarlo al servicio de los argentinos”.

De acuerdo con el Ejecutivo, los delegados provinciales eran “usados políticamente” y muchos de ellos “no iban a trabajar porque no tenían una sede asignada”. Mientras tanto, se sigue llevando adelante una auditoría de la gestión al frente de Claudio Ambrosini, dirigente del massismo y extitular del organismo durante la gestión de Alberto Fernández.

“A partir de diciembre de 2020 se han verificado importantes decisiones adoptadas por el Enacom, que implicarían abiertos incumplimientos de las disposiciones legales vigentes. Que dichas decisiones han motivado numerosos conflictos judiciales, así como el dictado de medidas contrarias a los actos administrativos emitidos, que deben ser adecuadamente estudiadas y, en su caso, revisadas”, citó los considerandos del decreto 89/2024, publicado dos meses atrás, cuando se intervino el organismo.

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