Innovación, desregulación y patentes: lo que Argentina puede aprender de Uruguay
El país vecino viene desarrollando un plan estratégico y ambicioso con foco en la innovación; por qué es importante seguir sus pasos
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Martín Bensadon
El gobierno de Uruguay ha dado este año un paso fundamental para impulsar su ciencia local: aprobó el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (o PCT, por sus siglas en inglés), un tratado internacional imprescindible para desburocratizar el patentamiento de invenciones.
Hay que resaltar que el gobierno uruguayo viene desarrollando en el último tiempo un plan estratégico muy ambicioso con foco en la innovación. En el marco de este plan, se hicieron diversos estudios de consultoría y de ellos surgió que la aprobación del PCT era un primer paso esencial para un ecosistema de innovación saludable.
Básicamente, lo que hace el PCT es facilitar el patentamiento de inventos en el exterior, por lo que resulta una herramienta esencial para incentivar la innovación y, más importante aún, para poder monetizarla. Justamente por estas ventajas, el tratado ya fue aprobado por casi todos los países del mundo, con la excepción de Argentina y un puñado de países díscolos como Venezuela, Bolivia, Pakistán y Afganistán. Uruguay ahora se suma al tratado y deja a Argentina cada vez más expuesto.
Puede leerse en la página web del Ministerio de Industria Uruguayo: “Esta adhesión, votada por unanimidad en todo el Parlamento, da respuesta a la necesidad de inventores e innovadores uruguayos, que ahora podrán patentar a través de trámites patentados y costos reducidos para ser reconocidos en hasta 157 países”.
Las características de la sanción del PCT en Uruguay son de importancia para la Argentina porque muestran una hoja de ruta posible para lograr la aprobación del tratado en nuestro país.
En el congreso uruguayo, el tratado fue avalado por las dos principales fuerzas políticas, tanto de izquierda como de derecha. De hecho, el propio Frente Amplio ya lo había impulsado en años anteriores. Inicialmente, se intentó aprobar una versión “completa” del PCT, lo cual había generado algunos reparos por parte de la industria farmacéutica local. Se aceptó entonces proponer una versión más limitada del tratado, que permite hacer una reserva en la aplicación del Capítulo II del acuerdo sobre el “examen preliminar internacional”. De acuerdo con la industria farmacéutica local, ese sería el “aspecto más perjudicial para la industria nacional”. Al mismo tiempo, un informe económico adicional, preparado por consultores académicos, también había descartado que el tratado pudiera tener efectos negativos sobre la economía local.
Con esta modificación, el tratado fue aprobado en el parlamento por unanimidad, y Uruguay ya no es más uno de los parias del mundo de las patentes en este aspecto. Los que seguimos estando afuera del mapa somos nosotros.
El tratado PCT es el estándar mundial para la presentación de solicitudes de patente. Uno de los principios del derecho de patentes es que, para tener protección, hay que presentar una solicitud en cada país. Es decir, el derecho es territorial. Si un inventor realiza un invento en la Argentina pero no lo patenta, por ejemplo, en los Estados Unidos no va a tener protección en ese país. Por esta razón, patentar un invento a nivel mundial es costoso.
El PCT ofrece una solución muy sencilla, que es postergar el momento de presentación de las solicitudes en cada país por 30 meses, una vez presentada la primera solicitud en un país miembro. Si durante ese tiempo el inventor puede convencer a los inversores del valor de su invento, va a obtener financiamiento para poder presentar una solicitud de patente en cada país que sea de su interés. En la actualidad el plazo para los argentinos es de solamente 12 meses, de acuerdo con un convenio firmado en 1883 (Convenio de París, aprobado en nuestro país en el año 1966).
Los inventores argentinos también necesitan ser liberados de regulaciones que complican su accionar y encarecen la presentación de patentes en otros países. Esto resulta aplicable tanto para los inventores individuales como para las compañías argentinas que presentan solicitudes de patentes en el exterior. También para los organismos de investigación del estado, como el Conicet, que se ven obligados a realizar artilugios alambicados cada vez que quieren presentar una solicitud de patente en el extranjero, por ejemplo, buscando inventores que tengan doble nacionalidad. También favorece el patentamiento en el exterior de inventos realizados por universidades argentinas. Todos los países más industrializados y tecnológicos desarrollan inventos patentables, económicamente redituables, en las universidades. El PCT es un facilitador para que eso ocurra también en nuestro país.
Los inventores no serían los únicos beneficiados. Una de las razones para invertir en un país es que sus derechos de propiedad intelectual, como las patentes, tengan niveles de protección acordes con los estándares mundiales. No podemos seguir siendo distintos en todo y después quejarnos de que las inversiones no llegan a la Argentina. Hay pautas internacionales que claramente nos conviene seguir si queremos recibir inversiones. Además, muchos tratados y organismos multilaterales, como la OCDE, exigen como condición que el país sea miembro del PCT.
Beneficio y desregulación para los inventores argentinos. Apoyo a la ciencia local e incentivo a la inversión en nuestro país. Estándar mundial prácticamente unánime con poquísimas excepciones sobre el método de presentar solicitudes de patentes en países diversos. Siguiendo el ejemplo de nuestro país hermano, ya llegó la hora de que el PCT sea aprobado en la Argentina.
Martín Bensadon es socio en Marval O’Farrell Mairal
Por Martín Bensadon
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