"Injustificado e inoportuno". Los empresarios rechazan el proyecto de Fernanda Vallejos
"Injustificado". "Inoportuno". "Fuera de agenda". Esos son algunos de los calificativos que distintos empresarios utilizaron para referirse a la propuesta de la diputada Fernanda Vallejos (Frente de Todos), quien dijo que el Estado debería obtener una participación en las compañías que están recibiendo asistencia para pagar salarios por la cuarentena dispuesta por el Covid-19.
Pero, más allá de estas consideraciones, los hombres de negocios sostuvieron en diálogo con LA NACION que no es lo mismo recibir un beneficio como el del programa de Asistencia de Emergencia para el Trabajo y la Producción (ATP) a que una empresa sea rescatada a través de un aporte de capital.
"Si bien es un tuit y no un proyecto de ley, creo que hay que entender que no es lo mismo asistencia que salvataje. Que un Estado se haga cargo de una aerolínea que se funde y la convierta en una empresa de bandera es un rescate y ahí tiene cierta lógica que tenga alguna consideración accionaria. Pero una medida de asistencia no daría lugar a esto", explicó el director de Celulosa Argentina y dirigente de la Unión Industrial Argentina (UIA), José Urtubey, y agregó que sería lo mismo que obligar a alguien que recibió el Ingreso Familiar de Emergencia "a realizar trabajo forzoso".
En la misma dirección se expresó el presidente de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal) y vicepresidente de la UIA, Daniel Funes de Rioja. "Lo primero que hay que distinguir es que una cosa son los modelos como el ATP, que sirven para países que no tienen seguro de desempleo para pagar sueldos por la pandemia del coronavrius, y otra la capitalización o rescate de empresas. Aquí no se trata de rescate", aseguró.
No obstante, el empresario dijo que si se fuera hacia una figura de rescate, como la que se da en países de Europa, la operación debería ser "voluntaria". "No es algo compulsivo, sorpresivo ni constituye una invasión sino que se trata de un modelo asociativo. Suiza salvó a su sistema financiero en 2008 y luego les vendió nuevamente las acciones a los bancos y lo notable es que, con la venta, ganó dinero. Ahora, Alemania hizo un aporte de capital a Lufthansa, pero para fortalecer a la empresa, no para estatizarla. Si ese es el alcance de un eventual proyecto, el sector privado podría estar interesado en discutirlo. Ahora, si usamos la pandemia para estatizar empresas, entonces no creo que tenga racionabilidad ni viabilidad", consideró.
Otro factor que diferencia a una asistencia de un salvataje es el que señaló Ignacio Noel, presidente de Sociedad Comercial del Plata. El empresario advirtió que las transferencias por el ATP son depositadas directamente a la cuenta de los trabajadores y no constituyen un aporte de capital a las empresas.
"Básicamente es un aporte del Estado que va directamente desde la Anses a la cuenta de la persona. No es dinero que ingrese al patrimonio de las empresas. La realidad es que el Gobierno, con buen criterio, dispuso la cuarentena, como se ve con lo que está pasando en Brasil, pero eso ha impedido que actividades no esenciales puedan producir mientras que siguen teniendo que enfrentar el pago de sueldos. Es razonable que el Estado dé una asistencia parcial que les permita cumplir con los empleados. Pero de ahí a tener parte del capital no hay justificativo", esgrimió, y dijo que, si este planteo se lleva al absurdo, entonces el día de mañana el Estado se vería obligado a aportar capital en todas las empresas que hubieran recibido ayuda y, si no hay dinero para pagar algún impuesto, habría que contactarlo para que dé su parte.
Por otro lado, dijo que si hay distinciones entre empresas grandes, medianas y pequeñas para solo tener participación en cuatro grandes entonces "dejaría de ser ley" porque la ley es igual para todos.
En el mismo sentido opinó Urtubey: "Si empezamos a conjeturar si pymes sí o no hay que recordar el artículo 16 de la Constitución Nacional por el cual todos los habitantes somos iguales ante la ley". Más allá de esto, el dirigente empresario dijo que el país se dirige a una crisis más grave que la de 2001, por lo que "el Estado tiene que cumplir bien su rol de Estado y el privado el rol de privado".
Javier Madanes Quintanilla, presidente de la Aluar y Fate, se mostró menos crítico con el debate que suscitó la diputada. "No lo tomo como algo agraviante. Me parece que todo esto hay que evaluarlo en un contexto en que la pandemia le pega durísimo a toda actividad privada y en que llevamos muchos años de un modelo de no crecimiento. Esto se debe a la propia ineficiencia del sector privado y, en parte, a las reglas de juego que el Estado ha impuesto y están erradas", analizó.
"Hay una gran tendencia a resolver problemas cargando más mochilas sobre productos de la actividad privada que, cuando uno trata de llevarlos al mercado internacional, te saca la competencia. Si la comunión de intereses del sector privado y público se da y, uno de los puntos es la participación del Estado en ciertas compañías, no es un tema para ser condenado ab initio. Hay que tener la franqueza y la apertura mental para discutirlo. No como un tema de revancha o punitivo sino como la posibilidad para ambos lados de usar recursos ociosos o agregar recursos y esto mejoraría el timing de salida de los problemas", agregó.
Por su parte, Martín Cabrales, vicepresidente de Cabrales, consideró que los pensamientos de Vallejos no son parte de la agenda que tiene el Gobierno con las empresas. "Es una legisladora que tiene derecho a presentar un proyecto, que puede ser debatido, pero no tiene entidad ni refleja el pensamiento del oficialismo. Es algo que no tiene antecedentes, ni ningún tipo de justificación, ni sustento. Me parece inoportuno y no le encuentro asidero. No está dentro de la agenda de discusión de los temas importantes por los que nos estamos comunicando con el Gobierno", cerró.
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