Inician una demanda judicial contra una empresa argentina que fue vendida por US$120 millones el año pasado

La compañía argentina SeSocio fue adquirida el año pasado por US$120 millones por la empresa internacional Blockchain.com, que tiene su sede en Miami y en Londres. Sin embargo, la plataforma de finanzas personales que fundaron Guido Quaranta y Gastón Krasny enfrenta días complicados a raíz de demandas judiciales por presunta violación a la ley de Defensa al Consumidor, que iniciarán esta semana 11 personas. En la red social Telegram, además, hay un grupo de más de 400 miembros que dicen haber sido damnificados por la compañía.

Los 11 demandantes están representados por los abogados de la ONG Usuarios y Consumidores Unidos (UCU), que dirige Adrián Bengolea, aunque no se tratan de demandas colectivas, sino que cada damnificado presentará la suya propia. Además, hay otras 22 personas que están terminando los papeles para sumarse como demandantes.

Desde diciembre pasado, los abogados de UCU convocaron a varias audiencias de mediación en las que estaban notificados Quaranta, Krasny y las sociedades SeSocio (que ahora se llama Inversiones persona a persona), Aloca (otra compañía a nombre de los fundadores), BLC Trust (quien manejaba los fideicomisos), Estesoca y Ar Bridges, pero los demandados nunca acercaron una propuesta de conciliación. Al cerrarse esta instancia, quedó habilitada la instancia judicial, como explicó la abogada Mariela Arranz, de UCU, que representa a cada demandante.

En paralelo, UCU inició una denuncia ante la Dirección Nacional de Defensa al Consumidor (DNDC) porque se habrían detectado “graves irregularidades” en la operación del sitio sesocio.com. Según se lee en la denuncia, la página web “no permite saber a ciencia cierta quién es el proveedor que se encuentra ofreciendo los servicios publicitados en el sitio”.

SeSocio nació en 2018 como una plataforma que permitía a los usuarios invertir de forma 100% online y sin monto mínimo en distintos proyectos que eran publicados en la web. Incluían desde la compra de un departamento en Estados Unidos, que iba a dar ingresos por el alquiler del inmueble, hasta la fabricación de veleros en Miami. El rol de SeSocio era ser intermediario entre aquellos “emprendedores” que querían comenzar el proyecto con los inversores que aportaban el financiamiento. La empresa se quedaba con una comisión de ese crowdfunding (recaudación de fondos).

En 2020, varios de los proyectos que estaban publicados en la plataforma comenzaron a caerse por el impacto de la pandemia a nivel mundial. Sin embargo, la empresa indicó que no era responsable de esas pérdidas, ya que solo era una intermediaria digital que daba el soporte para unir los emprendimientos con los inversores.

En paralelo, la empresa emitió también su propio token llamado Invecoin, que es una criptomoneda que surge de la tecnología blockchain Investoland, creada por SeSocio. Los usuarios que querían invertir en un proyecto lo hacían a través de la compra de la moneda Invecoin.

Según la denuncia presentada, la empresa “comercializa Invecoin conjuntamente con otras conocidas criptomonedas, sin advertir con claridad que esta no opera libremente a través de las plataformas de trading, sino tan solo mediante la modalidad P2P [entre dos personas]”.

También señala otras “irregularidades”, como que “oculta la enorme diferencia entre el valor de compra y el de venta del activo, expresando ambos valores de forma diferente para dificultar la comparación entre uno y otro” o que “hostiga a clientes de trading para proponer operaciones sobre Invecoin a un precio absurdamente alto e irreal definido arbitrariamente por SeSocio S.A. PFC.”.

En diálogo con LA NACION, Quaranta, que ya está desvinculado de la empresa, explicó que Invecoin es “una fichita” que crearon que se reparte entre los inversores que deciden ser parte de un fideicomiso para financiar un proyecto. “Nosotros inventamos estos fondos de liquidez, que son un conjunto de token que están bloqueados en un contrato inteligente. Los dueños del pool son los proveedores de liquidez, que se llevan comisiones por aportar el dinero. Cada proyecto tiene su pool de liquidez. Además, existe el exchange clásico, donde la gente vende sus tokens a otro usuario sin pasar por un pool de liquidez”, señala.

“Nosotros inventamos una red de inversión descentralizada, en la cual operan 250.000 usuarios. Hay mucha gente que se llenó de plata y me quieren regalar un vino todas las semanas, y hay mucha gente que perdió, como en toda plataforma de inversiones. Cada uno tiene que entender en lo que se está metiendo. La plataforma provee la tecnología y nada más. Sabemos que hay clientes que se quejan, pero intentamos que entiendan cuál es nuestro rol, que es facilitar el acceso a financiamiento a distintas cosas”, agregó exCEO.

También indicó que la empresa “desarrolló una tecnología muy buena para que se pueda acceder a inversiones que de otra forma sería muy difícil de lograr”. Y dijo: “No tenemos ni idea si el bitcoin subirá o no de precio, o si habrá desfasaje entre dos mercados; esto ocurre siempre con monedas de poca liquidez”.

Por último, indicó que ya hubo una denuncia penal contra SeSocios que fue desestimada por la fiscal y la jueza a cargo. “En la denuncia también se planteaba que hay dos precios de la moneda, pero eso ocurre porque son dos mercados diferentes en los que siempre son usuarios contra usuarios. La empresa no compra ni vende nada, es una plataforma que hace que los usuarios interactúen entre ellos. En todo caso, deberían pelearse con otros usuarios que venden o compran más barato o caro. La fiscal misma desestimó la denuncia, porque dice que no hay ningún fraude ni estafa, y la jueza ratificó lo definido por la fiscal. Estos casos muestran que hay que sentarse y leer cuando uno se mete en inversiones de finanzas descentralizadas; hay que entender lo que se está haciendo, porque si no, no les va a ir bien”, aseguró.

Si bien UCU no inició la denuncia penal, explicaron que “aun cuando consideran que los hechos denunciados no son delito, la misma jueza deja abierta la posibilidad a que sean contrarios a derecho y es eso lo que se debatirá en el reclamo”. Y añadieron: “Para que quede claro, en sede penal se discute si un hecho es delito o no y se condena en consecuencia al autor a cumplir una pena. En sede civil debatiremos si la operación propuesta por Sesocio a los inversores está ajustada a derecho o no, con el único objetivo de que se obligue a la empresa y a sus directivos a reparar el perjuicio económico que han ocasionado”.

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