Informalidad laboral: desafíos y oportunidades para el trabajo decente en la pospandemia

En la Argentina, cuatro de cada diez personas que trabajan lo hacen en la informalidad. Se trata de unas cinco millones y medio de personas que no cuentan con un trabajo decente. Es decir, reciben un ingreso por debajo del salario mínimo, no acceden a una obra social ni realizan aportes jubilatorios, y carecen de derechos laborales fundamentales, como vacaciones pagas, licencias por enfermedad, entre otros.

La caída del índice de desocupación, de acuerdo con las últimas cifras informadas por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), es un dato positivo en el actual contexto de pospandemia e incertidumbre económica.

Sin embargo, en buena medida, aquello se debió al aumento de los puestos de trabajo no registrados. De hecho, las ocupaciones informales traccionaron esa recuperación, representando más del 64% de la creación neta de empleo desde 2019.

Este problema no es exclusivo de la Argentina. En América Latina y el Caribe, tres de cada cuatro unidades productivas son informales. En toda la región, algunos sectores productivos (como la construcción, el trabajo doméstico, hoteles, gastronómicos, el empleo rural y el comercio) y algunos segmentos particulares de la población (las mujeres, las personas jóvenes y migrantes) se ven más afectados por la informalidad.

En este contexto, es fundamental que los gobiernos, el sector sindical y el sector empleador impulsen políticas públicas que promuevan la formalización laboral y el trabajo decente, en el marco de un diálogo social tripartito, tal como lo establece la Recomendación 204 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

La formalización contribuye a reducir la pobreza y a fomentar la igualdad y la justicia social. Quienes poseen empleos formales suelen recibir el doble de ingresos que quienes se encuentran en la informalidad, además de contar con la protección de sus derechos laborales. A su vez, el trabajo registrado no solo mejora las condiciones de sus empleados y empleadas: también beneficia a las unidades productivas, al incrementar su competitividad, sostenibilidad y mejorar el acceso al mercado.

Del mismo modo, los Estados nacionales, provinciales y municipales, dado que ven ampliados sus márgenes de acción al generar un incremento de los ingresos públicos, sumamente importante en el actual contexto de crisis fiscal. En suma, la formalización y el trabajo decente redundan en mayores beneficios para la sociedad en su conjunto.

Asimismo, las y los jóvenes enfrentan desafíos estructurales para incorporarse a la economía formal. Necesitamos sumar esfuerzos para lograr una mayor y mejor inserción de la juventud en el mercado de trabajo, con atención a las brechas de género. Precisamente, junto con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), recientemente publicamos el primer número de un nuevo boletín con foco en esta temática: jóvenes e informalidad.

Este aspecto también se destaca en el IV Programa de Trabajo Decente por País (2022-2025) que la OIT firmó con los mandantes tripartitos en mayo de este año. Así, la Organización continúa apoyando los esfuerzos del país.

En este marco, el próximo 29 de noviembre desde las 9.30, la OIT realizará el VII Seminario sobre Economía Informal en el Centro Cultural Kirchner (CCK), con la participación de referentes del Gobierno, del sector empleador y sindical, además de representantes de la academia y de organismos internacionales. La jornada (ver más datos en https://ilo.org/seminario-informalidad) será una oportunidad única para aportar evidencia y generar diálogo sobre las oportunidades y desafíos de la postpandemia de cara a la transición hacia la economía formal.

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