Inflación y costos, un excel para todos y para todo

Fue el 27 de diciembre de 2019. Martín Guzmán entró a la sala de periodistas del Palacio de Hacienda para saludar antes de Fin de Año. Dos situaciones sorprendieron. “¿Tiene alcohol esto?”, preguntó cuando le acercaron una copa de sidra. El economista brindó con agua, signo de mala suerte. La otra fue su definición de inflación, que comenzaba a incorporar la multicausalidad, pero principalmente para cuestionar la política monetaria impulsada por el equipo económico de Mauricio Macri en el poder. “Se suponía que si la expansión monetaria era cero la inflación iba a ser cero, y eso no ocurrió”, criticó.

Desde entonces, la idea oficial de que la inflación tiene múltiples causas se resignificó. Ya no es sólo una crítica a “los ortodoxos”, sino un significante vacío en el que conviven todos los matices del oficialismo (el déficit fiscal, la política monetaria, la inercia, los precios internacionales, la puja distributiva, la concentración y extranjerización, y varias otras razones más). Una bolsa que sirve para diferenciar posturas según las audiencias; para congregar caminos diferentes en una misma ruta y para no dejar espacio a las interpretaciones de la oposición. Así, el Gobierno ocupa todo el campo de sentido sobre este debate. No es un fenómeno que no haya sucedido ya, por ejemplo, en el Gobierno. Muchas veces se ha leído de esta manera el entuerto entre Sabrina Fréderic y Sergio Berni en materia de seguridad.

Guzmán, hoy con un pie en el avión hacia Estados Unidos, tomó el diagnóstico más “racional”. Vale recordar los aplausos empresarios o el apoyo explícito de la Asociación Empresaria Argentina (AEA) al ministro. La inflación es un problema de desequilibrios macroeconómicos. Los mismos generan un marco al que los agentes privados -las empresas y los sindicatos- se terminan adaptando. La responsabilidad de la inflación es del Estado, dice, en una visión que enfurece al ultrakirchnerismo. Paula Español, exfuncionaria de Axel Kicillof en el Ministerio de Economia y artífice del flamante Sistema Informativo para la Implementación de Políticas de Reactivación Económica (Sipre), con el que se controlarán precios, ventas y stock de 1000 empresas privadas, tiene otra visión. Por caso, su registro servirá para generar alertas tempranas sobre “conductas especulativas ligadas a incrementos injustificados de precios”. Las causas de la inflación hay que buscarlas en las empresas.

En su discurso ante el Congreso, Alberto Fernández hizo el sincretismo que caracteriza al Frente de Todos y a su objetivo en el poder: la unidad, pero no de los argentinos, sino del peronismo.

En ese camino, la justificación multicausal de la inflación dictada por el oficialismo termina dejando a la oposición fuera del debate. Sus referentes económicos se encienden de manera reactiva cuando el kirchnerismo golpea con un argumento que le queda cómodo: la deuda y el FMI.

Pero, como sucedió en el campo judicial, la economía se kirchneriza lentamente. El matiz Guzmán -que jerarquiza la macroeconomía para explicar la inflación- se desvanece con la denuncia criminal del Presidente al macrismo y al FMI, y ante la necesidad del ministro de convencer a empresas y sindicatos de descreer de las consultoras privadas, pese a que todavía no se sabe quién dictará la política tarifaria. ¿Será el ENRE o el Enargas -que dependen de Cristina Kirchner- o el ministro? Los subsidios tienen una partida asignada en el presupuesto. La credibilidad del presupuesto -y de Guzmán- depende de esa batalla.

Mientras, avanza el dirigismo estatal sobre el sector privado. El Gobierno define variables clave en las empresas, entre ellas, precios (Precios Máximos), abastecimiento y stocks (por decreto y a través de la ampliada Ley de Abastecimiento), importaciones y acceso a insumos para producir (SIMI observadas y licencias no automáticas) y la compra de dólares para pagar deudas. Es el sueño de Kicillof; manejar el joystick de la economía holísticamente; el sueño del “Excel para todos y para todo”. Así, tras definir la composición de las góndolas se mete en cuestiones de competencia y en las cadenas de valor.

Curiosamente, el cada vez más acotado campo de acción privado choca con la intención oficial de que el costo de la pandemia y del rebote del PBI se traslade a las empresas. Según cálculos de los tributaristas, pocas firmas escaparán de la suba del impuesto a las ganancias a las sociedades. Sin cajas estatales a las que ir a buscar recursos para gastar en políticas públicas, las empresas serán la base de recaudación.

El panóptico de Paula Español vigilará la pintura global de los sectores. Debería prever, como anunciaron comerciantes e industriales, que la quita de subsidios energéticos a las grandes empresas y las subas de impuestos terminarán impactando en los precios. Las empresas no tienen capacidad de absorber esos costos tras una recesión histórica y en medio de una carga fiscal récord. La única excepción a la hora de recomponer márgenes de rentabilidad es quizás YPF. Sólo para los socios del Estado, con directivos santacruceños, rigen las reglas del mercado en una argentina camino a las elecciones.

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