Inflación y crímenes dejan arco libre para la oposición

Hay dos realidades muy severas que están golpeando a la sociedad argentina en estas horas. La dramática crisis socioeconómica que deja la combinación del coronavirus con la historia reciente y no tan reciente de la Argentina y la explosión de crímenes violentos e inseguridad en los principales centros urbanos, sobre todo el Gran Buenos Aires. La presencia alarmante de más delincuentes en las calles no puede desligarse de la inexplicable determinación de sectores del Gobierno y de la Justicia abolicionista para promover este año la salida de miles de criminales de las cárceles con la excusa de las enfermedades.

Además de las dificultades cada vez más evidentes para administrar la pandemia con cuarentenas que ya ni siquiera parecen de utilidad sanitaria por su imposibilidad práctica de ser cumplidas después de cinco meses de confinamiento, el drama económico en todos los sectores y la crisis de inseguridad representan a la vez dos desafíos determinantes para el Gobierno en el corto y mediano plazo.

El proyecto político de la coalición oficialista, con Alberto Fernández, con los herederos de Cristina Kirchner o con Sergio Massa necesita ganar las elecciones el año próximo. Aún si se logra evitar una tragedia humanitaria con el coronavirus en materia de cantidad de muertos, una economía con inflación y devaluaciones permanentes, con aumento de pobreza y desempleo; y con la sociedad a merced del robo violento en sus casas, en las calles o en los comercios no es claramente el mejor panorama para juntar votos. Sobre todo en el conurbano, el territorio donde se concentra el mayor poder electoral del Gobierno y de Cristina Kirchner en particular. La caída en las encuestas, que comenzó a acelerarse con el caso Vicentin, fue muy profunda en los últimos 45 días para todo el elenco oficial.

En materia de bolsillo, las urgencias también son para lo inmediato y, mirando el año electoral, aun cuando para la economía 2021 luce tan lejos como viajar a Marte. Ni siquiera se sabe cómo y cuándo terminan las cuarentenas y la pandemia.

En lo inmediato, el Gobierno tiene que evitar que se acelere la inflación, pero a la vez debe seguir asistiendo a las empresas y a las familias por el crack económico del coronavirus. Eso significa seguir aumentando el déficit fiscal y la emisión monetaria, lo cual dificulta que se recupere la confianza, porque la gente y los mercados perciben que seguirá sin freno la máquina de imprimir billetes.

La cantidad de pesos en circulación y en los bancos está en niveles récord. Comenzó a acelerarse la inflación en junio y el peligro de un golpe inflacionario más severo en el futuro aumenta la desconfianza en la moneda: la brecha llega a 100% y empieza otra vez a complicar la bomba indexada de las Letras de Liquidez del Banco Central, el mecanismo que por ahora funciona junto al cepo, los precios máximos y las tarifas congeladas para mantener controlada la olla a presión.

El dato relevante para el mundo económico, más allá del relato muy tribunero del equipo económico y del Presidente, es si finalmente habrá un plan monetario y fiscal medianamente consistente, retomando el acuerdo con el FMI para recuperar reservas y financiamiento, una vez que se resuelva el canje de la deuda.

El acuerdo con los acreedores se espera para las próximas semanas. Pero no alcanza. Levantar el default es imprescindible para evitar que el tsunami de pesos que se emiten terminen en una o varias corridas al dólar de agosto en adelante.

Cerrar el canje es vital, pero apenas el punto de partida. No está claro hasta dónde el Gobierno supone que después puede seguir aumentando el gasto, los impuestos, los subsidios y la intervención estatal de la economía, mientras frena la inflación con cepos y controles de precios. Mucho menos que ese modelo ya fracasado permita una recuperación económica para enfrentar con mejores chances el año electoral.

Lo que sí aparece más a la vista es el enorme respaldo que viene logrando Martín Guzmán en la negociación externa, con doble conforme por parte del Presidente y de Cristina Kirchner en particular. Todo indica que sigue y crece en influencia. Sobre el futuro después del canje, el ministro ha dicho cosas sensatas si logra cumplirlas: prestar atención al déficit fiscal, emitir bonos voluntarios en pesos para absorber el shock de emisión por la pandemia, impulsar una reforma previsional y tratar de levantar el cepo si la confianza se recompone.

Hasta ahora, sin embargo, se caminó en sentido contrario. Es cierto que se ajustaron jubilaciones, pero el gasto voló igual por el aire. Sólo hubo más cepo, más Estado y más controles. Y se promete aumentar la dosis, con lluvia de subsidios para obra pública y para consumo que nadie sabe cómo se va a financiar. ¿Es posible equilibrar el déficit con más déficit, con más emisión y más Estado?

La cuestión de la inseguridad es alarmante. La responsabilidad del Gobierno en este drama es difícil de esquivar. Es cierto que la pandemia y las cuarentenas agravaron al límite la marginalidad. Pero es imposible olvidar que parte del Gobierno fue cómplice y hasta promotor de la liberación de 3000 a 5000 criminales con la excusa del coronavirus en las cárceles.

Reaparece la percepción en la sociedad de estar frente a un Gobierno que se coloca siempre más del lado de los delincuentes que del lado de las víctimas. En ese punto, la administración Fernández pierde claramente contra la comparación de la gestión Macri. De allí que lo cuiden tanto a Sergio Berni en la provincia.

La violencia está desatada en las barriadas más pobres del conurbano, aunque la desprotección alcanza a todos los sectores, en particular familias de clase media baja que temen ser abordadas en sus domicilios. Según datos de la Policía, como crecen los casos de ciudadanos que se defienden con armas, también los delincuentes ingresan a matar o morir y la violencia se agrava en los delitos. El desánimo en las fuerzas policiales es creciente: el sueldo promedio en mano de un agente de calle que patrulla en el conurbano alcanza no más de $ 35.000 al mes. Por las cuarentenas, no hay adicionales del fútbol ni de guardias en comercios.

El drama de la inseguridad es otra amenaza muy evidente para el futuro político del oficialismo, en este caso en particular para los sectores más de izquierda de la coalición que se identifican con Cristina. Allí aparecen los mayores cultores de un falso garantismo que hace décadas impera en el derecho penal de la Argentina, y que en la práctica ha derivado en un creciente abolicionismo. Hace tiempo que es difícil en el país mantener en la cárcel por mucho tiempo a los homicidas y violadores. Ni hablar de ladrones, corruptos o delincuentes comunes.

Esos mismos expertos en liberar detenidos, con el siempre inobjetable argumento de que se deben preservar las reglas del debido proceso, fueron ahora convocados como notables para recomendar las bases de la reforma judicial. En momentos en que estalla la inseguridad, casi un homenaje al quienes hace años vienen promoviendo un mundo sin penas ni cárceles. Arco libre para la oposición.

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