Inflación, tarifas y blindaje de dólares: qué dice la letra chica del acuerdo técnico con el FMI
El Gobierno presentó los memorándum, como anexos, en el proyecto que se debatirá en el Congreso; qué dicen sobre las reservas, las tarifas y la economía que viene en la Argentina
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La Argentina recibirá un desembolso de casi US$10.000 millones para reforzar las alicaídas reservas del Banco Central una vez que el board del Fondo Monetario Internacional (FMI) apruebe el nuevo acuerdo, según la letra chica del programa económico que se negoció durante los últimos dos años.
El Gobierno presentó este mediodía en el Congreso el proyecto de ley para aprobar el nuevo programa con el Fondo por US$45.000 millones, que incluye el “Memorando técnico” con los detalles del plan económico forjado entre Buenos Aires y Washington. El plan busca “preservar la recuperación de la economía” y “reforzar la estabilidad y continuar abordando los desafíos para sostener el crecimiento en el largo plazo” .
“Nuestro escenario base está sujeto a importantes incertidumbres, lo que implica que es posible que las políticas tengan que recalibrarse según corresponda”, se escudó el Gobierno. La guerra en Ucrania es uno de los riesgos que menciona el Memorando: el documento dice que las tensiones geopolíticas “han aumentado significativamente la incertidumbre”, sobre todo para los subsidios a la energía, claves en el sendero de reducción del déficit fiscal.
El Memorando proyecta un crecimiento del producto bruto interno (PBI) de entre 3,5% y 4,5% en este año; de 2,5%-3,5% para 2023, 2,5%-3% para 2024. El Gobierno y el Fondo estimaron que la inflación bajará a un rango de entre el 38%-48% para 2022, una franja muy por encima del 33% que Martín Guzmán calculó para el proyecto de presupuesto 2022 –que será reformulado–, y más optimista que el 55% que prevé el mercado, según el relevamiento de expectativas del Banco Central. El alza del costo de vida se desacelerará el año que viene a un 34%-42%.
El plan prevé llegar al equilibrio fiscal en 2025.
Con el giro inicial que hará el Fondo, el Gobierno aspira a conseguir una mejora en las reservas netas de US$5800 millones este año –una meta optimista, para algunos economistas–, seguido de un aumento de US$4000 millones en 2023 y US$5200 millones en 2024. Uno de los datos salientes es el refuerzo de unos US$9800 millones que tendrán las reservas si se aprueba finalmente el acuerdo por parte del directorio del FMI. Antes de conocerse el detalle, el propio ministro lo había adelantado en una entrevista radial.
“Si el Congreso aprueba el programa y el directorio del FMI también lo aprueba, se esperaría que ese día o al día siguiente ingresen en la Argentina 7000 millones en Derechos Especiales de Giro (DEG), que al tipo de cambio entre el DEG y el dólar corresponden a US$9800 millones”, dijo Guzmán a El Destape Radio esta mañana.
“La Argentina tiene que hacer pagos de amortización de capital al Fondo de la deuda que tomó el gobierno anterior en marzo y en abril. Una vez hecho estos pagos, luego del primer desembolso, lo que queda neto es alrededor de US$6200 millones. Si todo esto va en el camino que consideramos sano, dentro de los caminos posibles, la Argentina va a tener un incremento de las reservas entre hoy y abril de un poco más de US$6000 millones”, afirmó el jefe del Palacio de Hacienda.
El Memorando dice que la inflación es “alta y persistente” y, en línea con la visión oficial, aduce que es un problema “multicausal”, un guiño a las políticas que impulsa el gobierno argentino.
“Para reducir la inflación de forma duradera se precisará un programa integral de políticas económicas. Un pilar importante será contar con un sendero fiscal y de financiamiento que sea sostenible y que ayude efectivamente a reducir sin demora el financiamiento del presupuesto por parte del Banco Central. Será fundamental complementar esto con una política monetaria prudente y proactiva para respaldar la demanda de activos en pesos y con políticas voluntarias de precios e ingresos para hacer frente a los desafíos derivados de la fuerte inercia de la inflación y del desanclaje de las expectativas de la dinámica inflacionaria”, dice el texto.
Qué pasa con el dólar
Sobre el tipo de cambio, el memorándum dice: “Calibraremos nuestra gestión del tipo de cambio para garantizar la competitividad a mediano plazo del tipo de cambio real efectivo e incentivaremos la acumulación de reservas. Con este fin, y para ayudar a alcanzar las metas de acumulación de reservas en el marco del programa, la tasa de ajuste del tipo de cambio oficial mantendrá el tipo de cambio real efectivo en 2022, en general, invariable con respecto a los niveles de 2021 a fin de preservar la competitividad”.
El Memorando del acuerdo de la Argentina y el FMI establece que el Gobierno debe presentar una “hoja de ruta” para salir del cepo en diciembre de este año, que incluya “condiciones” y “objetivos”.
Por otro lado, como ya anunciara el ministro, se acordó una estructura de tasas de interés reales positivas de modo de fortalecer la demanda de activos en pesos.
“El BCRA procurará mantener una tasa de política monetaria efectiva positiva en términos reales, conservando coherencia con una trayectoria sostenible para los títulos del BCRA”, dice el memo, y agrega: “Al determinar la tasa de interés real se tendrán en cuenta indicadores coincidentes y prospectivos de la inflación que se actualizarán mensualmente, en comunicación con el personal técnico del FMI, teniendo en cuenta también otros factores, como la evolución de las reservas. Esto ayudará a garantizar que, en adelante, las tasas de interés de los depósitos bancarios a plazo sigan siendo positivas en términos reales, a fin de apoyar la demanda de depósitos en pesos y el desarrollo de un mercado interno de títulos públicos”.
Como políticas “promotoras del crecimiento”, el documento enumera: la expansión y la diversificación del sector de bienes transables, la inversión y la productividad, el desarrollo económico local y regional, el empleo formal y la inclusión laboral, mejoras de la eficiencia y la sostenibilidad del sector energético, las políticas de adaptación y mitigación climática y el desarrollo más amplio de los mercados de capital.
Como ya se especificara, el nuevo programa con el FMI de Facilidades Extendidas (EFF, por sus siglas en inglés) por US$45.000 millones tiene una duración de dos años y medio en cuanto a los compromisos asumidos. Tendrá diez revisiones y serán trimestrales con desembolsos sujetos al resultado de esas evaluaciones. El pago de los mismos será entre 2026 y 2034, con cuatro años y medio de gracia.
El gasto, el déficit y las tarifas
Sobre el gasto, el ministro y el FMI acordaron en el documento técnico el compromiso de “mantener un crecimiento real positivo del gasto y a mejorar la eficiencia y la progresividad del gasto, en particular en lo que se refiere a asistencia social, ciencia y tecnología e inversión púbica”. En tanto, sobre el gap para financiar el déficit se indicó que “el sendero fiscal previsto se financiará principalmente mediante una firme expansión de la deuda pública denominada en pesos y el apoyo de la comunidad internacional, lo que facilitará la eliminación total del financiamiento monetario del déficit para finales de 2024″.
El plan apunta a un financiamiento neto del sector privado en pesos al Tesoro de alrededor de 2% del PBI por año durante 2022-24. “El resto sale de organismos internacionales”, añade.
“Se prevé que el financiamiento neto proveniente de bancos multilaterales de desarrollo y acreedores oficiales bilaterales sea de 0,4% del PBI por año durante 2022-24, una porción del cual ayudará a financiar tanto proyectos de infraestructura como programas para reforzar la protección social y la eficiencia energética”, indicó el memorándum
El Ministerio de Economía explicó que quienes más contribuirán a la reducción de los subsidios energéticos serán “aquellos sectores con mayor capacidad de pago”; todo en pos de lograr niveles de tarifas “razonables”. Las revisiones tarifarias abarcarán tanto a usuarios residenciales como no residenciales.
“Se ha diseñado un nuevo esquema de segmentación de los subsidios a los consumidores residenciales de manera que podamos focalizar las revisiones de los precios mayoristas de la energía en aquellos usuarios que, en base a criterios objetivos, posean mayor capacidad de pago. Siguiendo todos los mecanismos institucionales, antes de que finalice abril, convocaremos a una audiencia pública con la propuesta de eliminar los subsidios a la electricidad y el gas, a partir del primero de junio del corriente año, al 10% de los consumidores residenciales con mayor capacidad de pago”, dice el memorándum.
“El ahorro fiscal previsto con el plan de segmentación podría alcanzar el 0,06% del PBI en 2022, y ahorros adicionales resultarían en 2023 como consecuencia de la expansión del plan de segmentación”.
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