Burocracia e informalidad aquejan a la industria alimentaria

La Copal ha venido sosteniendo las que dio en llamar "reformas de segunda generación" para alinear carga tributaria, costo logístico, costos laborales no salariales, reducción de la burocracia y acceso al crédito, especialmente para las pymes y las economías regionales.

Las empresas que componen la industria de alimentos y bebidas (IAB) deben hacer frente a una carga administrativa abrumadora y encarar exigencias de información al fisco que son inéditas en el mundo. Éstas se transforman en costos muy difíciles de afrontar, en especial para las pymes, que no cuentan con grandes estructuras administrativas para llevar adelante esos trámites, y para las economías regionales que, además, tienen graves problemas de conectividad y transporte desde donde están afincadas hacia los organismos correspondientes.

Por otra parte, la pesada burocracia no sólo implica costos empresariales ocultos que dañan la competitividad, sino que puede dar lugar a abusos y corruptelas por parte de organismos oficiales intervinientes, a nivel nacional, provincial o municipal.

Las exigencias son sumamente variadas y los tiempos para cumplimentarlas, realmente desmedidos. Si hablamos de inscribir un nuevo producto, el trámite puede tardar entre tres y nueve meses, según la jurisdicción.

Los documentos necesarios para el transporte de los alimentos son un capítulo aparte: transportar alimentos frescos (fiambres, etc.) de CABA al Gran Buenos Aires -un trayecto de no más de uno o dos kilómetros- requiere de 21 documentos. Esto, inevitablemente, genera una exclusión para quienes no pueden cumplir con tales requisitos administrativos; a los que se deben sumar otras tantas normas que esos documentos imponen.

Necesitamos crear mecanismos para asegurarnos de que todas las empresas operen en la formalidad, tal como trabajan las empresas adheridas a Copal, que ofrecen productos inocuos y saludables.

En especial, la informalidad fiscal y laboral merecen estar entre los principales temas de agenda como política de Estado, pues la problemática aludida genera una dramática situación social respecto de los productos que se fabrican y comercializan de manera informal, lo que perjudica a todos y produce también una injusta y falsa competitividad.

Sólo a modo de ejemplo, se estima que en la industria molinera la venta informal de 750.000 toneladas de harina, en el mercado interno, genera un perjuicio fiscal de al menos $ 572 millones anuales, considerando IVA, Ganancias, Débitos y Créditos Bancarios (impuestos nacionales) e Ingresos Brutos (provinciales).

Asimismo, el salario neto informal es un 35% menor al formal, afectando negativamente a los trabajadores en aquella condición, que no tendrán sus correspondientes aportes laborales y que verán disminuida su capacidad de consumo en su conjunto en unos $ 200 millones anuales. Esto significa, además, una competencia desleal para la industria, ya que la diferencia por los menores costos derivados de la informalidad se calcula en $ 400 millones al año.

En tales condiciones, nuestro sector necesita que a la par que se promuevan esas reformas efectivas, se generen instrumentos para la eliminación de la informalidad tanto en los aspectos fiscales y laborales como en las normas de higiene y sanidad y facilitación de los trámites y registros, con especial énfasis al respecto en el caso de las pymes y las economías regionales.

En definitiva, si queremos que la Argentina sea realmente el supermercado del mundo y que se cumplan las regulaciones y las obligaciones fiscales y laborales, es necesario que se atiendan estos aspectos para promover la formalidad, la competencia leal y el respeto a las normativas técnicas vigentes. Sólo así la industria será eficiente y competitiva porque se encontrará el marco razonable para que todos cumplan.

El autor es presidente de la Copal y vicepresidente de la UIA

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