“Industria del juicio”. Este año está muy cerca de ser el peor de la historia

“Los juicios por riesgos del trabajo volvieron a dispararse”, comienza un comunicado oficial de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART). Según relevaron, la cantidad de casos iniciados entre enero y octubre ascendió a 105.960. “Era esperable”, analizó una fuente del sector que criticó la falta de conformación de cuerpos médicos forenses que cobren honorarios por su trabajo y no en proporción a la demanda del litigio. Aunque, por otro lado, el dato sorprendió, ya que las empresas habían registrado una baja en los siniestros sufridos por sus empleados.

De acuerdo con los números de la UART, lejos de moderarse, 2024 presenta cifras peores que las del año pasado. Al comparar interanualmente la cantidad de juicios entre enero y octubre, se observa un incremento del 7,6%. Y si se toma en cuenta el desempeñó del mes pasado, el contraste sería mayor: un aumento del 14,3%.

Las proyecciones tampoco muestran un panorama alentador. “Se estima que en los dos meses que faltan, ingresarán otros 22.000, cerrando 2024 con 128.000 nuevos juicios”, explicaron. Si se concretara ese escenario, este año quedaría muy cerca de superar la peor marca que, según el sector asegurador, se registró en 2017, cuando se iniciaron 130.679 casos.

El podio de provincias con el mayor grado de litigiosidad lo componen Buenos Aires, con 42.550 casos; la Ciudad de Buenos Aires, con 19.206; y Santa Fe, con 13.968.

“Hay que resolver la prevención porque el trabajo no puede ser un riesgo y para que el accidente no ocurra”, remarcó a LA NACION Gerardo Martínez, secretario general de la UOCRA, el gremio que reúne a los trabajadores de la construcción, días atrás.

Una comparación con otros países refleja una paradójica situación. Los datos de UART indican que la Argentina posee un grado de siniestralidad de 32,6 cada un millón de trabajadores. España tiene una cifra similar con 30,6, y Chile, 26,2. Pese a esta aparente paridad, la litigiosidad entre ellos presenta números que rompen cualquier grado de parentesco. Mientras que en España ostenta una tasa de 9,5 juicios cada 10.000 trabajadores y Chile una de 6,5, aquí el número sube a 114,2. Es decir, entre 11 y 16 veces más grande.

Pero además, en el sector hablan de una “paradoja” que se sustenta en la reducción de siniestros que observaron, ya sea por accidentes o por fallecimientos. Asimismo, observan una continua baja de la incapacidad permanente, que en 2017 se ubicaba en 7,4 puntos en promedio y actualmente está en 6,6 puntos. La incapacidad es la medida que se toma para determinar el tamaño de la cobertura que la aseguradora debe brindar.

¿Por qué ocurre esto? Desde UART interpretan que la falta de implementación de la ley 27348, aprobada en 2017, explica buena parte de esta situación. “Si se aplicara, los juicios laborales serían la excepción y casi todo se resolvería en instancia administrativa”, sostuvo un importante representante del sector.

La modificación más importante que plantea instrumentar esta normativa es la creación y participación de cuerpos médicos forenses que determinen el grado de incapacidad que sufre el trabajador luego del daño sufrido. Actualmente, intervienen peritos que, según sostuvo la Uart en su comunicado, cobran honorarios “atados al monto de la sentencia”. Las aseguradoras insisten en que deberían percibir ingresos fijos por la tarea realizada y no en proporción al tamaño de la resolución del juicio.

Según un informe de la Uart, los peritos judiciales suelen registrar un promedio de 12,5 puntos de incapacidad más que lo observado en la instancia administrativa. “Esto terminaría con sobrecostos, ya que se desarmaría un incentivo perverso: a mayor pericia, mayor honorario”, afirmaron en el comunicado.

¿De qué depende la implementación de esta ley? Las provincias deben adherir a ella y luego, las Cortes provinciales deberían ajustarse a ella con los cuerpos médicos forenses. El ministro de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, en una ponencia suya durante agosto reclamó la creación de juzgados “móviles y flexibles” y apuntó a generar “esquemas de incentivos” que promuevan la finalización del conflicto en instancias previas al juicio.

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