Indignados en 3D

Los cientos de miles de argentinos que se movilizaron con sus cacerolas en las marchas del 18-A están perfilando una categoría propia de indignados. No padecen el pavoroso desempleo de los países azotados por la crisis europea; pero sí la falta de representación para canalizar su indignación ante el progresivo deterioro que se verifica en por lo menos tres dimensiones: institucional, política y socioeconómica.

Más allá de que cada uno de estos indignados en 3D haya podido marchar con sus propias preocupaciones y consignas, otra particularidad es que su malestar viene siendo acumulativo. No sólo incluye la bronca que ya existía por la inseguridad; la inflación; los dibujos estadísticos del Indec; las propuestas de eternización presidencial; la ausencia de liderazgos en la oposición o resonantes casos de corrupción que se diluyen tan pronto como aparecen. También ahora se agregó el drama de los inundados porteños y bonaerenses, más la peligrosa evidencia de que la consigna de "ir por todo" resulta mucho más que un simple eslogan para los derechos, obligaciones y libertades individuales.

La reforma judicial a marcha forzada y su tratamiento sin debate por la mayoría oficialista en el Congreso -que así podrá despachar simultáneamente seis leyes en menos de un mes- es el ejemplo más actual de este riesgo. Un Poder Ejecutivo que ya controla al Poder Legislativo y avanza sobre el Poder Judicial significa un enorme retroceso institucional para una democracia republicana. El mensaje es que las minorías legislativas no cuentan, como tampoco la opinión de las ONG que representan a jueces y abogados, con la solitaria excepción del CELS. También contradice el criterio aplicado por el Gobierno en otra reciente reforma exprés -del mercado de capitales- cuando introdujo la facultad de designar veedores oficiales con poder de veto en sociedades para proteger los derechos de minorías accionarias. La razón aquí es que en muchas de éstas participa el Estado, directamente o a través de la Anses.

Otra contradicción es que los cambios votados por el Senado para el Consejo de la Magistratura no sólo ponen en riesgo la independencia y estabilidad de los jueces consagrada en la Constitución, sino que van a contramano de la reforma que el propio kirchnerismo impulsó en 2005. Y que entonces insumió casi cuatro meses de debates y audiencias públicas, con la participación de todos los sectores involucrados. A su vez, la limitación de medidas cautelares contra el Estado amenaza con desamparar a las personas -físicas o jurídicas- ante arbitrariedades del Poder Ejecutivo, que se convertirá en juez y parte debido a la discrecional posibilidad legal de suspender recursos mediante una simple apelación.

Probablemente esta controvertida reforma no habría surgido si el gobierno de Cristina Kirchner hubiera logrado su propósito de convertir al frustrado 7-D en el punto de partida para desguazar al Grupo Clarín, aunque ya nadie se ocupe de recordar que el propio Néstor Kirchner lo había privilegiado como aliado hasta el estallido del conflicto con el campo en 2008. Ahora la consigna es aprovechar los seis meses que restan hasta las elecciones legislativas para anticipar legislación y disciplinar a los jueces, más allá de que varios cambios sean inconstitucionales. Después se verá.

Militantes o amigos

Entre tanto, la perspectiva de una "justicia militante" o "amiga" es tan grotesca como el "periodismo militante", ejercido a través de medios oficiales y empresas "amigas" subvencionadas generosamente por el Gobierno. Nunca se ocuparán de lo que sea políticamente inconveniente para el kirchnerismo. Y menos de casos de corrupción, que sólo ven en jurisdicciones ajenas. En otras palabras, Norberto Oyarbide es a la Justicia lo que 6,7,8 al periodismo independiente.

Sin pluralidad informativa, la opinión pública no se habría enterado de que el gasto en publicidad oficial -más el destinado al Fútbol para Todos- supera en 50% al presupuesto anual de obras para prevenir inundaciones en todo el país, muchas de las cuales fueron cajoneadas. El drama es que esta desidia oficial costó 60 vidas este mismo mes.

Tampoco hubiera sido posible que Jorge Lanata destapara el presunto lavado de dinero por parte del empresario kirchnerista Lázaro Báez. La prensa "aliada" no se ocupó del mensaje, sino de los mensajeros, así como del inverosímil arrepentimiento de quienes se presentaron en la TV como arrepentidos.

El "escándalo Báez", más que el de Fariña, tiene otras implicancias económicas. No sólo porque el empresario santacruceño resultó desde 2004 adjudicatario del 90% de las obras públicas nacionales licitadas en su provincia. O por haber adquirido siete estancias que suman 182.000 hectáreas aledañas al río Santa Cruz. Como parte de esas tierras serán anegadas por las futuras represas hidroeléctricas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic, recibirá indemnizaciones. Y aunque en su momento dijo que prevé donarlas para construir escuelas, hay otros dos datos relevantes. Uno es que integra uno de los cinco consorcios que se presentó a la licitación de estas obras, a un costo de 5000 millones de dólares y cuya financiación debe ser aportada en por lo menos 51% por los adjudicatarios. Otro, que para cumplir esta exigencia lleva como socio a Synohydro, una de las dos compañías chinas (hay otras dos brasileñas) para las cuales el ministro Julio De Vido gestionó créditos de bancos públicos que tendrán avales del Estado. En el Presupuesto nacional para 2013 -también aprobado por el Congreso a libro cerrado- se incluyen 7600 millones de pesos por este concepto, que significa un aumento potencial de la deuda pública.

En éstos y muchos otros casos, la escasa transparencia en el uso de fondos de todos también justifica la indignación de quienes deben afrontar las consecuencias del explosivo aumento del gasto público (que en diez años saltó del 23 al 45% del PBI), ya sea a través de mayor presión tributaria o mayor inflación, que deterioran el poder adquisitivo. Y afectan a ricos y pobres, aunque estos últimos carecen de herramientas para defenderse. Aunque el gobierno de CFK niegue estos efectos, se hacen sentir con más fuerza cuando la economía crece hoy a casi una cuarta parte que cuando lo hacía a "tasas chinas". Máxime cuando los controles cambiarios, las trabas de importaciones y el cambio permanente de reglas contrajeron la inversión privada y congelaron la creación de empleos.

Un mensaje implícito en las cacerolas de los indignados es que, a pesar del relato, el monólogo, el uso discrecional de fondos y las teorías conspirativas, el gobierno de CFK no puede acumular más poder sin riesgos en esas tres dimensiones para el futuro de la Argentina. Otro es que la oposición, más que unirse en alianzas forzadas, debe acordar puntos de coincidencias para limitarlo y controlarlo en las próximas elecciones legislativas, además de promover la elección democrática de candidatos a través de internas partidarias abiertas. El año 2015 todavía está demasiado lejos para ensayar candidaturas presidenciales con precarios liderazgos.

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