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Incorporar tecnología y crear, a la vez, más empleo
La incorporación de tecnología a través de maquinarias mejora la productividad y eficiencia y coloca a las empresas en mejores condiciones para competir. Si bien son indiscutibles las ventajas, es importante considerar que esa suma genera una pérdida de puestos de trabajo. Nos preguntamos si esto debe ser tratado como el dilema de conservar el empleo o mejorar la competitividad, o si por el contrario existen posibilidades de avanzar en ambos sentidos.
El Estado tomó medidas. Está vigente la ley 27.264 que estimula las inversiones de las pymes en obras de infraestructura o compra de bienes de capital. Quienes califiquen para el beneficio pueden solicitar un crédito fiscal computable a cuenta de Ganancias, equivalente al 10% de las inversiones que lleven a cabo en un período de 2 años y medio. Además, pueden obtener un bono de crédito fiscal intransferible para ser usado en el pago de otros impuestos.
Este mecanismo incentiva la inversión en maquinarias y equipamiento. La intención es muy loable. Sin embargo, no toma en cuenta el impacto negativo sobre el empleo, y en especial excluye -quizá sin quererlo- a las empresas de servicios de cualquier ventaja fiscal. Las empresas de servicios o consultores son las que generan la mayor parte de los empleos genuinos, pues desarrollan actividades en las que la tecnología no ha sustituido al ser humano (al menos por ahora). Estas compañías soportan una carga tributaria, pero al mismo tiempo sostienen empleos gravados por el sistema previsional con un 50% de costo. Adicionalmente asumen riesgos derivados de la aplicación de una legislación laboral antigua, que en lugar de incentivar la contratación genera el efecto inverso.
En relación con el costo laboral hay dos regímenes de fomento. Uno es el decreto 814/01, que permite computar parte de las contribuciones patronales a cuenta del IVA. Pero el régimen excluye a las empresas radicadas en la Capital y el conurbano. Y en las zonas más pobladas como la provincia de Córdoba, el beneficio es de apenas el 1,5% de la masa salarial. El otro incentivo es la reducción de contribuciones patronales para nuevos empleados (ley 26.940). Una medida interesante, pues baja hasta en un 50% ese costo. Pero tiene condicionamientos: excluye a las sociedades anónimas y a las empresas con más de 80 empleados, el beneficio se aplica sólo durante los primeros 24 meses de contratación.
Deberíamos abandonar los viejos dilemas, y mirar al futuro pensando en grande, creyendo que el país puede incorporar tecnología para mejorar su productividad y, a la vez, generar empleo. Necesitamos un Estado proactivo que contribuya para que las empresas puedan recorrer este camino.
El autor es contador y socio del estudio La Vista Casal
Por Miguel La Vista
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