Impuestos, dólar y gasto: dónde puede ajustar el Gobierno para cumplir la meta fiscal y recibir los dólares del FMI

La evolución de la economía argentina dejó al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) con una hoja de ruta vacía: el país incumplió las tres metas previstas en el acuerdo (fiscal, monetaria y de acumulación de reservas) al cabo del primer semestre, postergó plazos y pagó vencimientos con yuanes prestados por China. En este escenario, ambas partes sostienen negociaciones que buscan mantener a flote un acuerdo y evitar futuros incumplimientos. Los anuncios de ayer, en Washington y en Buenos Aires, muestran que al menos se ha avanzado hacia ese objetivo.

En ese marco, desde el Gobierno ratifican el compromiso de reducción del rojo fiscal para intentar llegar a un déficit primario (antes del pago de intereses de la deuda) del 2% del PBI a fines de este año (inicialmente el acuerdo fijaba una meta del 1,9%), una cifra que parece desafiante dados los números fiscales del primer semestre y la evolución del gasto y de los ingresos en la segunda mitad del año electoral.

Solo entre enero y junio, el resultado fiscal arrojó un déficit primario de $1,88 billones, casi $700.000 millones por encima del objetivo que el acuerdo de facilidades extendidas con el Fondo establecía para el período. En otras palabras, el rojo de las cuentas públicas fue un 59% superior al que el país se había comprometido ante el organismo que conduce la búlgara Kristalina Georgieva, en un año en el que además del ajuste en algunos rubros como las jubilaciones, otras prestaciones sociales y los subsidios energéticos, también influyó negativamente la sequía, que derrumbó las exportaciones agrícolas y la consecuente recaudación por retenciones.

Ese escenario, con un desvío acumulado en la primera mitad del año, que habitualmente es menos desafiante para el fisco que el segundo semestre, abre interrogantes sobre la viabilidad de alcanzar aquel objetivo, de un rojo del 2% del PBI, cuando solo entre enero y junio el déficit llegó al 1,1%, según estimaciones de la consultora LCG.

“Está muy complicado el cumplimiento de la meta fiscal”, sentencia María Castiglioni, economista jefa de C&T Asesores Económicos, quien advierte sobre el factor político en los próximos meses. “La cercanía de las elecciones presiona al gasto por la recomposición de ingresos a jubilados y los planes sociales ante la pérdida de poder adquisitivo por inflación. Además, si congelan tarifas en estos meses, el ahorro fiscal se puede frenar”, advierte la analista sobre dos componentes clave del gasto.

En la primera mitad del año, el gasto en prestaciones sociales se redujo un 29% en términos reales (restando la inflación al resultado). También se contrajo un 8% el pago de jubilaciones (un rubro que representa el 54% del gasto primario del Estado), en virtud de la fórmula de actualización vigente que ajusta rezagada frente a la inflación.

La contracara de este ajuste fue una pérdida del poder adquisitivo en los haberes previsionales, que genera presiones en el interior de la coalición oficialista y abre demandas por futuros bonos o recomposiciones.

El otro ajuste en el gasto hasta ahora se dio en el segmento de los subsidios económicos: si bien en junio el monto creció un 147% en términos nominales (15% en términos reales), en el semestre acumula una caída real del 13%. En esa contracción se combinan, además de la demorada segmentación de las tarifas, la baja en los precios internacionales de la energía y el factor climático, que trajo este año temperaturas más altas que las de 2022. Según estimaciones del Instituto Argentino de la Energía General Mosconi, los subsidios energéticos acumulan en el primer semestre del año una contracción real del 20,1%, al igual que los subsidios al servicio de agua y cloacas de AySA (17,4%) y, en menor medida, los destinados al transporte (4,4%).

“Además del factor climático y de los precios internacionales, está el efecto de la segmentación, pero es bastante limitado sobre el fisco. Y si bien este semestre de 2023 está por debajo del mismo período de 2022, ese año había sido muy malo, con el gasto en subsidios volando debido a los muy altos precios de la energía. Y, si se compara contra 2021, el nivel de subsidios actual, aun con la segmentación en marcha, está por encima”, resume el economista Gabriel Caamaño, titular de Consultora Ledesma.

Por el lado de los ingresos, la apuesta del Gobierno parece ser incrementar la recaudación mediante la ampliación o la creación de nuevos impuestos. Es que por efecto de la sequía cayó la recaudación por retenciones y otros rubros por un total equivalente al 0,7% del PBI, de acuerdo con estimaciones de LCG, que calcula un déficit para 2023 no menor al 2,5%. En lo que va del año, los ingresos tributarios acumulan una caída real del 7%, algo que exige una mayor contracción por el lado del gasto.

“Es complicado pensar en una mejora por el lado de los ingresos, especialmente con la actividad en baja, la caída de la cosecha y el derrumbe en la liquidación de exportaciones”, advierte Castiglioni al analizar las medidas que baraja el Gobierno. La apuesta de Massa y su equipo, en conversaciones con el FMI, es aplicar una “devaluación sin devaluar” sobre las importaciones, al aplicarle el recargo del impuesto PAIS a las compras externas de bienes suntuarios, y el regreso de un tipo de cambio diferencial para exportaciones agrícolas que fomente las ventas al exterior en una ventana de tiempo y que genere mayor recaudación por retenciones (fuentes oficiales la estiman en alrededor de US$2000 millones al 31 de julio), además de un anticipo de Ganancias para empresas (algo que ya se aplicó en 2022), tal como se publicó en el Boletín Oficial el viernes.

“Dada la estacionalidad del déficit fiscal y del gasto, y por cómo viene en el año, es poco probable que se llegue a la meta del 2%. El espacio para recortar gastos es en los subsidios, donde la segmentación estuvo por debajo del resultado esperado, que ya de por sí era escaso, y por el lado de los programas y planes sociales; pero en ninguno de los dos rubros veo que vayan a avanzar en un contexto de elecciones. Hoy al déficit lo veo más cercano al 3% del PBI –o incluso más– que de llegar al 2%”, concluye Caamaño.

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