Impuestos a las exportaciones: argumentos versus realidad
1. Retenciones. Llamadas también derechos de exportación, son un impuesto a los bienes y servicios exportados que recauda la Aduana cuando se liquidan los ingresos por lo vendido al exterior. Existen otras formas de gravar las exportaciones. Una de ellas, utilizada históricamente en la Argentina, es el sistema de tipos de cambio múltiples, mediante el cual se les paga a los exportadores menos por sus divisas que lo que se les cobra a los importadores. Una forma análoga de gravar exportaciones selectivamente es la de gravar las ganancias diferenciales de monopolios de exportación; el petróleo es un típico ejemplo de esto.
2. Para qué. Si bien en la Argentina el primer y principal efecto del cobro de retenciones es que el Estado logre aumentar sus recursos, hay otros argumentos que intentan justificar estos impuestos. Uno de ellos apunta a la protección de la industria: al reducir el precio del producto, aumenta la protección de las empresas que lo usan como insumo. También está el argumento del impacto redistributivo, porque se indica que se transfieren recursos desde sectores exportadores hacia los consumidores, sobre todo cuando se considera que existen “ganancias extraordinarias” por la devaluación o por la suba de los precios internacionales. Por último, las retenciones son implementadas con la idea de ejercer controles ante la presión inflacionaria, dado que este impuesto reduce el precio doméstico del bien gravado, a la vez que le es menos rentable al productor exportarlo. Y se alude a la idea de control por cantidades: si no se exporta nada y todo se vuelca el mercado interno, entonces habrá más oferta y bajará el precio.
3. Problemas. Si todo fuera tan sencillo y pudiéramos observar beneficios netos de poner retenciones, tendría sentido que el impuesto aumente hasta llevarse todo el margen de ganancia del productor o bien, como opción, prohibirle exportar. El problema es quebrar los incentivos. Al bajar la rentabilidad del productor, se desincentiva la exportación, la producción y la inversión del bien gravado, en especial si las alícuotas son altas. Esto deriva en mayor nivel de precios (si la demanda se sostiene), menor entrada de divisas y caída en la generación de empleo.
4. El caso de la carne. En 2005, y con mayor fuerza en 2006, el precio de la carne mostraba niveles de crecimiento mayores a la inflación. Para parar con esa dinámica, el gobierno llevó a cabo una serie de intervenciones en todos los eslabones de la cadena: modificaciones del peso mínimo de faena, controles de precios, creación del Registro de Operaciones de Exportaciones (ROE), suba de retenciones y hasta la suspensión durante meses de exportaciones. En el corto plazo, las medidas generaron una sobreoferta en el mercado interno (porque lo que antes se exportaba, se volcó al mercado local) que resultó en un abaratamiento relativo de la carne en 2007 y parte de 2008. Pero el intervencionismo generó efectos negativos en las cantidades exportadas y producidas. Se perdieron más de 10 millones de cabezas de ganado hacia 2011 (año de menor stock), y de exportarse casi 600.000 toneladas anuales se pasó a 250.000. A fines del 2010, con una inflación menor al 30%, el precio del asado subía más de 120% interanual.
5. En el mundo. Según el Banco Mundial, nuestro país se ubica como el quinto que más impuestos recauda a través de las exportaciones. La lógica internacional del gravamen exportador se asocia a la explotación de recursos escasos, algo que no aplica en el caso actual de la Argentina.
Por Santiago Bulat
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