Impuesto a la riqueza: la AFIP salió a la caza de 1250 contribuyentes

A pesar de que todavía falta una semana para que venza el plazo para presentar las declaraciones juradas y que los contribuyentes alcanzados por el impuesto a la riqueza paguen el gravamen correspondiente, la AFIP ya salió a fiscalizar el patrimonio de 1250 personas porque sospecha de la puesta en marcha de “ardides evasivos”.

Un mes atrás, la administración federal había advertido que 2500 contribuyentes enfrentarían denuncias por evasión agravada. “Pero la cifra bajó a 1250, ya que la mitad de las personas con patrimonios potencialmente alcanzados por el aporte solidario presentó su declaración jurada. Sobre el resto, la AFIP inició la semana pasada las fiscalizaciones”, le adelantaron fuentes al tanto de los procedimientos a LA NACION.

Teniendo en cuenta que el Gobierno estima que unas 13.000 personas son alcanzadas por este impuesto por poseer un patrimonio de más de $200 millones, casi uno de cada 10 contribuyentes busca eludir el pago del tributo.

Según la Ley 27.605, el “aporte solidario” prevé un cobro por única vez, con alícuotas que varían entre el 2% y 3,5% para los bienes que radican en el país, y del 3% al 5,25% para los bienes que se encuentran fuera de la Argentina. Es decir, que el monto mínimo a pagar es de $4 millones.

En la página oficial de la AFIP, el organismo que encabeza Mercedes Marcó del Pont indica que el “decreto reglamentario instruyó a esta administración a instrumentar regímenes de información a los fines de recabar los datos que estime pertinentes para la oportuna detección de las operaciones que puedan configurar un ardid evasión o estén destinadas a la elusión del pago de aporte”.

Para tal objetivo, el ente recaudador estableció un Régimen Informativo para detectar “supuestos de variaciones patrimoniales” ocurridos durante los 180 días inmediatos anteriores a la entrada en vigencia de la Ley, maniobra que “hicieran presumir operaciones que configuren un ardid evasivo o destinado a eludir el pago del Aporte Solidario y Extraordinario”.

Pero, para los tributaristas, la AFIP está “atada de pies y manos” ya que no puede usar información de Bienes Personales para realizar confiscaciones de base presunta porque “no tendría ningún sentido”, ya que “no puede decir que es un impuesto porque se contradice”. “Ahora para fiscalizar o usar información cruzada les va a resultar mucho más complejo”, indicó Iván Sasovsky, titular de Sasovsky & Asociados.

Para evitar el pago del impuesto a la riqueza, la opción que encontraron algunos de los contribuyentes alcanzados por la normativa fue acudir a la Justicia bajo el argumento de confiscatoriedad. Hasta el momento la AFIP remarcó que seis personas presentaron amparos contra el llamado “Aporte Solidario Extraordinario”, de las cuales una de ellas “obtuvo una decisión favorable”, pero un empresario cordobés no corrió la misma suerte.

Ayer se conoció que la jueza federal Cecilia Gilardi Madariaga de Negre dictó un amparo a favor de Alejandro Scannapieco, ejecutivo del unicornio argentino Globant, y le ordenó a la AFIP que - por el momento - no le cobre al empresario el tributo.

Pero, a pesar de que el fallo generó optimismo entre los contribuyentes que “tenían mucho miedo de que la Justicia no sea independiente”, hoy un juez federal de Bell Ville (Córdoba) rechazó la cautelar presentada por el empresario rural José Luis Prado Lardizábal por la misma carga.

En la resolución, el juez Sergio Pinto destacó que la legislación vigente impide que los jueces decreten toda medida cautelar que “afecte, obstaculice, comprometa, distraiga de su destino o de cualquier forma perturbe los recursos propios del Estado”.

“En general, la medida cautelar se presenta después del vencimiento, cuando te viene a investigar la AFIP para determinar el impuesto. Ahí sí que existe un peligro de demora mucho más claro, razón por la cual los abogados recomiendan presentarla luego de que haya vencido el plazo. Es la estrategia procesal que se verá después del 30 de marzo por parte de los contribuyentes”, indicó César Litvin, socio del estudio Lisicki Litvin & Asociados.

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