Impuesto a la riqueza: la AFIP apunta a los patrimonios de más de $3000 millones

La fecha para presentar las declaraciones juradas y pagar el impuesto a las grandes riquezas, también llamado aporte solidario por el Gobierno, ya finalizó. La AFIP salió en la búsqueda de los contribuyentes que no pagaron -calculan que son alrededor de 3000-, mientras que quienes decidieron no abonar el tributo millonario esperan que la Justicia se pronuncie pronto a su favor. Entre la lentitud de los tribunales y los procedimientos que el fisco tiene que llevar adelante para reclamar la deuda, ambos tiene en contra al mismo elemento: el tiempo.

Por el lado de la AFIP, desde antes de que venza el plazo establecido para que los contribuyentes se adhieran a los planes de facilidades de pago el 28 de abril, la agencia recaudadora lanzó fiscalizaciones en los domicilios privados de los 50 contribuyentes incumplidores más acaudalados del país, es decir, aquellos que cuentan con patrimonios superiores a los $3.000 millones. Cabe recordar que se ven alcanzados por el impuesto quienes tengan bienes por más de $200 millones.

Para los tributaristas, esta acción fue una manera de “meter miedo” y “amedrentar” para que quienes dudaban entre pagar o no, lo hagan. Y, es más, en la práctica funcionó. Según dijo en declaraciones radiales la titular del organismo, Mercedes Marcó del Pont, en algunos casos “obtuvimos respuestas positivas porque han adherido”.

“Fue una sobreactuación, para meterle presión a los contribuyentes. Lo que es usual es que, ante la falta de presentación de una Declaración Jurada, presentan una nota informando su presentación y le da un plazo para que regularice su situación. Acá, directamente hicieron una inspección para verificar el pago del aporte. Actuaron muy fuerte para presionar, omitiendo un paso que habitualmente dan de forma previa”, indicó Cecilia Goldemberg, socia del estudio Andersen en Argentina

Pero, en tiempos de pandemia, el fisco utilizó la vía digital para notificar a los otros 1000 contribuyentes que fueron fiscalizados, y lo mismo que sucederá con los 2000 restantes. Ahora, quienes recibieron el aviso, solo les queda colaborar con la AFIP y recabar toda la información que les fue solicitada sobre su patrimonio en los próximos 10 días hábiles (prorrogables), antes de que se les inicie sumario por incumplimiento.

“El objetivo que tiene la AFIP ahora es detectar a aquellos que no pagaron o abonaron de menos. El fisco tiene las facultades para pedir información y hacer una determinación de oficio, para cuantificar la deuda que tiene que pagar. Luego, el contribuyente podrá alegar defensa, a través de un test de confiscatoriedad o retroactividad manifiesta, e ir al Tribunal Fiscal de la Nación”, apuntó César Litivin, socio de Lisicki Litvin & Asociados.

Mientras los contribuyentes se ven obligados a responder ante el fisco, en algunos casos siguen preparando su estrategia para judicializar el caso y, en otros, esperan que la Justicia se pronuncie pronto a su favor para que la agencia se vea obligada a detener los procedimientos establecidos para exigir el pago de la deuda.

“Ahora, la AFIP no puede exigir el pago de nada. Está apurada por exigirle a los contribuyentes que ingresen el tributo, pero para eso tiene que cuantificar la obligación. En tanto, los contribuyentes ruegan para que salga la medida cautelar y le ordene a la AFIP que no continúe con el procedimiento y puedan seguir discutiendo sin pagar. Esto es una carrera contra el tiempo, a ver si llega antes la cautelar o la AFIP logra hacer la determinación”, explicó Goldemberg.

De todas formas, en caso de obtener las medidas cautelares, todavía tendrán que transitar otras instancias por delante. Y, principalmente, quedará por resolver la cuestión de fondo, que lo deberá resolver la Corte Suprema de Justicia. Este hecho que podría demorar años. “El primer fallo va a generar doctrina y el resto de los juzgados se tendrán que someter. Es un proceso largo y el final todavía es incierto”, cerró Litvin.

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