IFE 4. Por qué hay dudas sobre la continuidad del ingreso de emergencia

Ya transcurridos varios días de octubre, el Gobierno aún no formalizó un anuncio respecto de si le dará continuidad o no al pago del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) para las 8,9 millones de personas que hasta ahora recibieron el subsidio o, al menos, para una parte de ellas. Y desde la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) descartaron que el pago de esa prestación se inicie al mismo tiempo en que comience a cobrarse la Asignación Universal por Hijo (AUH) correspondiente a este mes. El calendario de pagos de esa prestación se extenderá entre pasado mañana, jueves 8, y el jueves 22.

En las rondas anteriores (se hizo uno cada dos meses), la primera tanda de beneficiarios estuvo integrada por las 2,4 millones de familias en las que se cobra la AUH. Dada esa dinámica anterior, en los últimos días hubo versiones que indicaban que en este mes de octubre, junto con esa ayuda estatal por hijo volverían a percibirse los $10.000 del IFE, tal como había pasado en abril, junio y agosto. Sin embargo, oficialmente nunca se confirmó que haya continuidad de ese subsidio, al que hasta ahora se destinaron cerca de $270.000 millones.

La situación de fuerte desequilibrio fiscal y la creciente emisión monetaria para hacer frente a los gastos es uno de los elementos que harían desestimar un nuevo pago. El déficit fiscal para este año está estimado en un nivel de entre 8% y 10% del PBI. Teniendo en cuenta esa situación y que ya había comenzado a recuperarse la actividad por las flexibilizaciones de la cuarentena, antes de la ronda del IFE 3 se había analizado la posibilidad de pagarlo solo a una parte de quienes lo habían percibido en la primera y en la segunda versión. El plan preveía la discriminación según zonas del país, por las dificultades que se le veían a la chance de hacer una depuración más apropiada del universo de beneficiarios. El esquema del subsidio fue rígido, en cuanto a que se abrió solo una vez la inscripción (entre marzo y abril).

Pero ese plan de empezar a recortar el número de subsidiados quedó entonces desestimado. Y el ingreso se pagó por tercera vez entre el 10 de agosto y el 21 de septiembre. Concretamente, entre el 10 y el 24 de agosto cobraron las familias con prestación por hijo, y del 25 de ese mes al 21 de septiembre, el resto de las personas. El ingreso había sido anunciado a fines de marzo, días después de iniciarse el período de aislamiento social obligatorio dispuesto por decreto, para intentar frenar los contagios de Covid-19. La cuarentena prohibió la realización de muchas actividades económicas y eso afectó, principalmente y sobre todo en el segundo trimestre del año, a los trabajadores de la economía informal.

En el segundo trimestre del año, el más duro de la cuarentena, y según datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Indec, la tasa de empleo (el porcentaje de la población que tiene alguna ocupación laboral) fue de solo 33,2%, contra un 42,6% de igual período del año anterior. Tras la variación de ese índice se esconden 2,5 millones de empleos perdidos, si se consideran los 31 centros urbanos en los que se hace la encuesta. Pero la cifra se eleva a casi 4 millones cuando los índices se extrapolan a todo el país. Una cantidad similar de personas dejó de buscar trabajo en ese lapso y eso es lo que explicó que no subiera más la tasa de desocupación (se ubicó en 13,1%).

Para los meses que siguieron al período en el que se hizo la EPH, se estima que puede haberse dado una recuperación más rápida de la cantidad de personas en el mercado laboral (buscando un puesto), que de la actividad económica y de la demanda de empleo. El resultado sería entonces una mayor tasa de desocupación, que es el porcentaje de personas que se declaran activas (es decir, trabajan o buscan trabajo) que no consiguen una ocupación.

Para cobrar el IFE se permitió la inscripción de desocupados, trabajadores de la economía informal, monotributistas de las categorías A y B y personas que se desempeñan en el servicio doméstico. Un informe oficial permitió deducir que entre los beneficiarios hay una gran cantidad de personas laboralmente inactivas, sobre todo en provincias del norte, que desde hace años tienen muy bajos niveles de actividad económica y de empleo. En cinco provincias (Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Corrientes y Salta), más del 40% de la población adulta cobró el ingreso familiar de emergencia.

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