Hugo Magonza: “Lo que pasó con las cuotas de las prepagas fue un proceso de una olla a presión”

“Estoy convencido de que no hubo abuso ni cartelización, y los aumentos fueron destinado a los prestadores y a pagar servicios; lo que sucedió es, lamentablemente, un proceso de una olla a presión, algo que también se produjo con otras áreas de la economía. Durante más de 12 años los precios estuvieron controlados y los costos liberados, y esos costos se habían disparado”, dice Hugo Magonza en diálogo con LA NACION, pocos días después de haber asumido la presidencia de la Unión Argentina de Salud (UAS), en medio de un clima conflictivo con el Gobierno de Javier Milei por las subas de los precios de los planes de salud de las prepagas que, entre enero y abril llegaron, en promedio, hasta 165%.

Los incrementos aplicados desde el inicio de 2024 fueron la reacción al decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70, que en su capítulo referido a temas de salud eliminó toda intervención del Estado como regulador de los precios del sector.

Cuatro meses después de esa medida, el ministro de Economía, Luis Caputo, se puso al frente de las declaraciones contra el nivel de subas, mientras que la Secretaría de Industria y Comercio le dio curso a una denuncia ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia por supuesta cartelización y ordenó a un grupo de empresas recalcular sus cuotas, para que las cobradas en los primeros días de mayo no reflejaran un aumento mayor, en comparación con las de diciembre, que la inflación de un determinado período. A la par, la Superintendencia de Servicios de Salud presentó una denuncia ante la Justicia también por presunta cartelización, en una causa que ahora incluye a 41 entidades y en la que se pide no solo que se disponga el recálculo de las cuotas, sino también la devolución de montos que, según el criterio de subas según el índice de precios al consumidor del Indec –un criterio no adecuado, según el nuevo titular de la UAS– se cobraron de más.

Para mañana, lunes 27 de mayo, las entidades de medicina prepaga y la Superintendencia están citadas a una audiencia por el juez Juan Rafael Stinco, a cargo del Juzgado Civil y Comercial N°3, que lleva la causa.

“Entiendo que el juez hizo algo muy valioso, que es convocar y abrir una instancia que permite ir y explicar los argumentos”, dice Magonza, presidente también de la Asociación Civil de Entidades Médicas Integradas (Acami) y director del Cemic, que se asumió al frente de la UAS tras la salida de la presidencia de Claudio Belocopitt, dueño de Swiss Medical. En la UAS están no solo las prepagas, sino también varias instituciones que nuclean a prestadores privados, y podría sumarse próximamente la Confederación Médica de la República Argentina (Comra).

Magonza afirma que la situación por las cuotas del sector es una señal de la necesidad de reformas de fondo en el sector que desde hace muchos años se vienen proponiendo, pero que nunca se llevaron a cabo. Y dice que para la política la salud nunca fue hasta ahora una cuestión de Estado, de igual manera que el tema no aparece en las encuestas de opinión pública como uno de los que generan mayor preocupación.

Desde hace tiempo, el directivo va actualizando una planilla con números, que usa para comparar qué pasó con los precios de los planes de salud y con los valores de otras variables de la economía desde la entrada en vigencia de la ley de prepagas, en 2012. Entre ese año y 2023, revelan esas cifras, las cuotas de las prepagas subieron un 7945%, mientras que el IPC avanzó un 14.258%, el precio promedio de los medicamentos, un 19.599%, y el salario de una enfermera según el convenio colectivo, un 9994%. Llevados hasta marzo de este año y con las subas que se habían producido, las cuotas acumularon un 16.128%; la inflación según el Indec, un 21.656% y el salario de una enfermera, un 14.521%.

Y si se observa el período de 2020 a 2023, mientras que las cuotas –siempre bajo un esquema de regulación– subieron un 667%, el IPC avanzó un 1145% y el salario un 875%.

La desregulación de precios dispuesta por el Gobierno, dice Magonza, se dio a la par de la quita de subsidios para el pago de salarios, el componente de mayor peso dentro del gasto total de las clínicas. “Por efecto del aumento por las paritarias y la desaparición de un subsidio, el pago por salarios aumentó desde febrero y en dos meses el 100%; se suma que las tarifas de electricidad subieron un 500% y las clínicas y hospitales son energía-dependientes”, agrega.

Ya vencida la última paritaria y sin avances en las negociaciones, en los últimos días se hicieron notar los reclamos de trabajadores de los centros de salud, con manifestaciones en las puertas de las clínicas y con paros de dos, tres y cuatro horas el miércoles, jueves y viernes de la semana que terminó. “Alguien paga esto que está pasando y es la gente que trabaja en sistema de salud, los médicos, las enfermeras, porque no se está firmando la paritaria; el problema es que tienen que estar los recursos, porque no tiene sentido firmar algo que después no se va a poder cumplir”, dice el nuevo presidente de la UAS, en referencia a que los fondos que reciben las entidades prestadoras dependen de los aumentos de los aranceles pagados por las prepagas, que ya comunicaron reducciones en las mejoras que estaban previstas, a partir del freno al incremento de cuotas impuesto por el Gobierno.

Las interrupciones de servicios en las clínicas convocadas por el sindicato se suman a otros efectos que pesan sobre los pacientes y que, en rigor, están presentes ya desde hace tiempo, como las demoras para conseguir turnos, las salidas de médicos de las cartillas y el cobro o intentos de cobros de copagos o bonos contribución.

El hecho de que las cuotas se movieron durante por lo menos 12 años de igual manera, debido a que estaban reguladas por el Estado, es la razón, según Magonza, por la cual todas las entidades tuvieron aumentos en torno al 40% en enero. ¿Y por qué 40%? “Había que hacerles frente rápidamente a compromisos; en diciembre [cuando se comunicó la suba del primer mes de este año] no estaba claro cómo terminaría la historia –afirma–; teníamos Presidente nuevo y las variables económicas se disparaban. En enero nos iban a caer encima un montón de los costos que se habían incrementado en diciembre, porque a diferencia de los bienes, en los servicios [la posibilidad de aplicar subas] viene por detrás; los medicamentos subieron 400%, 900%, dependiendo cuáles, y algunos su usan como agua en un hospital. En el acomodamiento de precios, los bienes entran primero, y si no hay control les ponen el precio que quieren, eso pasó y por eso ahora [los precios de algunos productos] algunos bajan. Los servicios entran de atrás, con lo cual se pensó en ir calculando cuál iba a ser la inflación para agregarle algo más y tratar de recuperar algo de lo que se perdió en los últimos años”.

El criterio, agrega, “era ir progresivamente por encima de la inflación para ir recuperando entre 4 y 5 puntos de todo lo perdido contra el costo de los medicamentos y contra el costo de la salud en general; iba a ser un proceso lento”.

Según Magonza, la inflación general no representa el costo de la salud, que en todo el mundo aumenta más que los precios en general, por factores como el avance de las tecnologías y la mayor expectativa de vida. Y, más allá de eso, señala que “la inflación del futuro nunca va a reflejar las inflaciones del pasado”.

“El sistema de salud tiene una dinámica por la cual los costos van a van a seguir subiendo; lo dice la OMS: en el mundo y en 15 años, en promedio, los costos de salud subieron 42% por encima de lo que subió el costo de vida. Es una realidad inevitable que la sociedad tienen que asumir. Y no digo que lo tiene que pagar con una mayor cuota”, señala.

¿Cuál sería entonces una solución de fondo, que no se base en la suba continua y elevada de los costos para el afilado? “Tenemos que cambiar el sistema”, dice el directivo. Y apunta en primer lugar al Programa Médico Obligatorio (PMO), la canasta de prestaciones exigidas a obras sociales y prepagas, que nació décadas atrás y al que se le fueron agregando “más de 70 leyes que sumaron coberturas sin previsión del financiamiento”.

“No hay posibilidad de tener una canasta [de coberturas] ilimitada y, a la vez, recursos limitados. Eso va mal; lo primero que hay que hacer, y lo está tratando de hacer el Gobierno, es armar una canasta definida, con prestaciones a cubrir y con protocolos médicos, con buenas prácticas”. En su visión, hoy el PMO es un piso que no tiene límites y, para ser financiable, debería ser un techo.

El segundo componente del esquema de salud propuesto, que abarcaría a todo el sistema y no solo a las prepagas, es la creación de una agencia nacional de evaluación de tecnologías sanitarias, como tienen muchos países. “Una agencia va dos pasos más allá de lo que hace el Anmat, porque evalúa la costo-eficiencia de un medicamento o un tratamiento y, algo aún mucho más complejo, evalúa el costo-beneficio social, lo cual implica poner la mirada en toda la sociedad: si se va a gastar 1 millón de dólares un tratamiento, lo sopeso contra otra cosa y ahí estará el coste de oportunidad de dar otro servicio, porque en algún momento el límite al gasto tiene que estar dado y ahí debe haber una política de Estado. En el país gastamos casi 10% de PBI y es un montón; hay mucho por hacer ahí”.

Y un tercer elemento para el funcionamiento del sistema sería, agrega Magonza, la integración de un fondo nacional de recursos para enfermedades con tratamientos de alto costo, “como hay en Uruguay”. Ese fondo abarcaría a todas las personas, estén en el sistema de prepagas, en el de la seguridad social (obras sociales) o en el público. Reemplazaría al Fondo Solidario de Redistribución (FSR) que hoy funciona en el subsistema de la seguridad social y que está en el eje de otro conflicto con la medicina prepaga, porque el DNU 70 establece que debe hacerse un aporte con destino a ese fondo que hasta ahora no se realiza (la aplicación de esa medida, que implicaría un encarecimiento de los planes de salud, quedó en suspenso tras la irrupción del conflicto por las cuotas). Hoy el FSR también está en el centro de otro debate, porque entre el 70% y el 80% se destina a coberturas por discapacidad (no necesariamente del sistema sanitario, por lo cual hay quienes dicen que parte de los fondos deberían surgir de otra fuente y no de los aportes para la salud), y porque lo que se paga por las prestaciones en general es muy bajo en relación con los gastos reales del sistema.

“Si están esas tres patas, un PMO ordenado, una agencia de evaluación y un fondo para los tratamientos de alto costo, y se le da a la gente la libertad de optar por diferentes planes para que puedan complementar entre el sistema público, el de la seguridad social y el privado, el costo de la salud no solo cae, sino que se hace más predecible”, concluye Magonza.

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