Historias repetidas sin que dejen ningún aprendizaje

12 de junio de 2021
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Todo está inventado en la Argentina con los controles o congelamientos de precios: siempre fracasaron y trajeron más problemas, salvo en las poquísimas veces que fueron el complemento de un plan antiinflacionario y no un sustituto, como vino ocurriendo en los últimos 15 meses.

El kirchnerismo, y en especial La Cámpora, tienen una larga experiencia con esta manía de atacar los efectos sin ocuparse de las causas de la inflación, que se agudiza en los años electorales para cazar votos a través de nuevas variantes o denominaciones que no cambian los resultados.

Hace exactamente ocho años, en junio de 2013, el autor de estas líneas publicó una columna titulada “Precios en campaña electoral”, como acaba de recordárselo por mail un lector de LA NACION. Allí se comentaba el lanzamiento del plan “Mirar para cuidar”, con una lista de 500 precios fijos hasta finales de octubre de ese año (fecha de elecciones legislativas) aplicable a sólo siete grandes cadenas de supermercados (socias de ASU). Si bien fue anunciado como un acuerdo con Guillermo Moreno, incluyó la consabida convocatoria a militantes políticos y a 50 intendentes del conurbano bonaerense para vigilar su cumplimiento, más la amenaza de aplicar multas. Cuatro meses antes, el 1° de febrero de 2013, el gobierno de Cristina Kirchner había dispuesto el congelamiento general de los precios en los supermercados. Pero luego lo redujo a esa versión minimalista de medio millar, tras dejar en el olvido otros planes fallidos como “milanesas para todos” y “asado para todos”. Aquella nota decía que se trataba de una extraña mezcla de sainete y marketing político de cara a las elecciones, especialmente en la provincia de Buenos Aires donde, pese al congelamiento de tarifas, el kirchnerismo terminaría derrotado por Sergio Massa, su actual aliado.

Cualquier parecido con la actualidad no debe sorprender. El intervencionismo K es parte de su ADN económico.

La nueva y modesta canasta “Súper cerca”, con algo menos de 70 alimentos envasados, bebidas y productos de higiene y tocador, también regirá hasta un mes y medio después de las postergadas elecciones de 2021. Su particularidad es que tendrá precios fijos y uniformes en todo el país, impresos en los envases o etiquetas, y será destinada exclusivamente a autoservicios chinos y comercios de cercanía, que representan el 70% del consumo masivo. Pero la contracara de este acuerdo –ahora con 24 empresas fabricantes– es que incluye más segundas marcas y precios más altos que los vigentes, ya que incorporan una proyección inflacionaria (de 2/3% mensual) hasta fin de año y el mayor costo de la distribución, mucho más atomizada respecto de las grandes cadenas de supermercados.

En estos últimos se mantienen los 660 productos con “Precios Cuidados” y ajustes cada tres meses. O sea que, en conjunto, ambos programas oficiales suman menos de 750 productos. Una partícula que difícilmente mueva el amperímetro del IPC, para el cual el Indec releva más de 320.000 precios por mes en épocas normales. “Fulbito para la tribuna”, grafican en voz baja los empresarios.

En realidad, se trata de una piadosa sepultura del régimen de Precios Máximos (PM) impuesto en marzo de 2020 para miles de productos de 130 categorías en sus diferentes variedades y extendido con sucesivas prórrogas. Al cabo de 15 meses quedó desvirtuado por las subas de costos que la Secretaría de Comercio Interior se empeñó en reconocer a cuentagotas para evitar su traslado a las góndolas, junto con la exigencia a los fabricantes de producir al máximo de su capacidad. Luego sumó la obligación de suministrar planillas con sus estructuras y variaciones de costos, casi imposibles de evaluar por funcionarios y empleados públicos con escasa o nula experiencia laboral en empresas privadas. Más aún con una inercia inflacionaria de 45/50% anual, que impulsa comportamientos defensivos en los precios de cada uno de los eslabones de las cadenas de producción, transporte, distribución y comercialización.

Controles fallidos

De tanto girar con distintos nombres, esta historia circular de controles fallidos no dejó aprendizaje alguno. Además de distorsionar los precios relativos, acentuó la espiral descendente del poder adquisitivo de jubilados, asalariados y trabajadores informales, cuyo ingreso real cayó 25% en los últimos tres años. Para colmo, el cierre de las exportaciones de carne provocó en mayo una suba adicional de 6% en los precios internos, con su reflejo en los sustitutos (pollo y pescado).

Sin embargo, al presentar el programa “Súper cerca” como un complemento de la lucha contra la inflación, el Gobierno corrobora que está súper lejos de un programa para estabilizar la macroeconomía, más allá de la táctica electoralista de anclar el dólar y las tarifas de energía a costa de crear la expectativa de ajustes mayores a futuro. O bien aumentar la abultada cuenta de subsidios estatales, que en los primeros cuatro meses de 2021 superaron el equivalente de 1700 millones de dólares, con un alza interanual de 128%.

Una muestra es la media sanción en Diputados del proyecto de ley impulsado por Máximo Kirchner y el Instituto Patria para prorrogar por 10 años (hasta finales de 2031) el fondo fiduciario para subsidiar los consumos residenciales de gas por redes y ampliar las tarifas reducidas por clima frío que se aplican en la región patagónica, el departamento mendocino de Malargüe y la Puna. De aprobarse en el Senado, se extenderán a más provincias y municipios, entre ellos de la provincia de Buenos Aires, con rebajas de 30 a 50% en las facturas de beneficiarios de planes sociales; pensiones no contributivas; jubilados y pensionados, trabajadores en relación de dependencia y de casas particulares (con retribuciones inferiores a cuatro salarios mínimos, vitales y móviles), además de asociaciones civiles y comedores comunitarios con o sin personería jurídica.

Así, el universo se ampliará de 980.000 a 4 millones de personas, que para el oficialismo significan potenciales votantes. El proyecto prevé subir de 4,46 a 5,5% el recargo por metro cúbico de gas con destino al fondo fiduciario, que todos los usuarios pagan en sus facturas. Pero la incógnita es su costo fiscal, ya que ese aumento no guarda relación con fuerte la ampliación del número de beneficiarios. Paralelamente, si bien las tarifas de gas fueron ajustadasen 6% el mes pasado tras más de dos años de congelamiento, para los grandes usuarios industriales el valor de distribución subirá hasta 95% con impacto sobre los costos.

No sería el único caso de mala praxis legislativa, con resultados a contramano de los objetivos enunciados. Acaba de ocurrir con la reforma del monotributo, donde el Gobierno debió dar marcha atrás con la ley sancionada hace apenas dos meses, cuya tardía reglamentación por parte de la AFIP hizo que los contribuyentes con los pagos al día que mantuvieron la misma categoría se encontraran con una deuda de cinco meses retroactiva al 1° de enero que ahora quedará sin efecto con otra ley, que además incluirá un régimen de facilidades de pago. También con la reforma de Ganancias para sociedades, que solo baja la alícuota (a 25%) para pymes con utilidades de hasta 5 millones de pesos anuales y la mantiene o eleva progresivamente para el resto (hasta 39,5% de alícuota efectiva), con lo cual penaliza la reinversión con fines productivos.

nestorscibona@gmail.com

Por Néstor O. Scibona

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